¡Que vienen a por los nuestros!

¡Con lentitud, pero de forma inexorable, va avanzando la tramitación parlamentaria de la Ley Financiera, que, entre otros cambios, limita la permanencia en sus cargos de los presidentes y consejeros de las cajas de ahorros. Como recordarán, en junio pasado el PP introdujo en el Congreso la limitación de edad a los 70 años. Esa decisión levantó una polvareda extraordinaria. Muchos aquí vieron en esa decisión un intento del PP para hacerse con el poder de las cajas. Aún más, se vio como una norma ad hóminem, dirigida específicamente a sacar a Josep Vilarasau de la presidencia de La Caixa, aunque afecte también a otros presidentes y a un buen número de consejeros de las cajas catalanas, así como del resto de España. Emergió entonces un grito casi unánime: ¡que vienen a por los nuestros! Los tambores de guerra llamaron a cerrar filas en su defensa. Digo casi unánime, porque la voz de CiU fue más bien inaudible, pronunciada con la boca pequeña. La semana pasada, en el trámite en el Senado, parece que Artur Mas y Rodrigo Rato han alcanzado un acuerdo: la limitación de 70 años será en principio de obligado cumplimiento, salvo que las autonomías regulen lo contrario.

A la espera de cómo se desarrollen los hechos, tiene interés plantear algunas preguntas. ¿Vienen realmente a por los nuestros? ¿Quién es el agresor? ¿Qué busca? No puedo juzgar con conocimiento de causa las verdaderas u ocultas intenciones de los promotores de esta limitación. Las intenciones pertenecen al arcano de los sujetos. Pero he escuchado y leído las más variopintas opiniones. La más extendida viene a decir que se trata de un intento del PP de alterar la geografía del poder financiero y preparar el camino a Josep Piqué a la presidencia de La Caixa. A este paso a Piqué también se le acabará atribuyendo la intención de sustituir al cardenal Carles (desconozco si aún está vigente en la Iglesia romana la posibilidad de que un laico pueda ser cardenal). Me parece desproporcionado. En todo caso, hay algún otro tapado.

Lo que sí es cierto es que una limitación de ese tipo significará una alteración del poder en las cajas. Pero no está nada claro quién será el beneficiario político. El cambio en los consejos será siempre después de las elecciones autonómicas del año próximo. Y no parece que los resultados para CiU estén garantizados. Por otra parte es conocida la capacidad de maniobra de Josep Vilarasau. Que se lo recuerden si no al presidente Jordi Pujol cuando quiso situar a uno de los suyos al frente de la presidencia de La Caixa y se encontró con el sillón ocupado por Juan Antonio Samaranch; o cuando, de forma sorpresiva, Vilarasau abandonó la dirección general para ocupar la presidencia. Tiempo al tiempo.

Al margen de cuáles sean las intenciones ocultas, hay una cuestión objetiva de interés: ¿tiene sentido limitar la edad? ¿Es una interferencia inadmisible en la libertad de las personas? Estoy tentado de formular una ley general que diga algo así como: en la vida, o te autorregulas o te regulan. De la misma forma que hay una ley física que dice que a toda acción se opone una fuerza igual y de sentido contrario llamada reacción, esta ley social nos predice que cuanto más fuerte sea la tendencia de la gente a permanecer en los cargos, más fuertes serán las fuerzas que intentarán limitar esa permanencia. Independientemente del color político del Gobierno de turno. Por otro lado, si la ley pone límites a la edad de los notarios, trabajadores, profesores, jueces o militares, ¿por qué no iba a ser igualmente legítimo limitar la edad de los que ocupan cargos en instituciones mutualistas con una clara finalidad social? Por otra parte, la limitación es una tendencia que se abre paso también en las empresas privadas bien gestionadas. Ahí está el ejemplo de Salvador Gabarró, que abandonó por propia voluntad la dirección de Roca Radiadores a los 65 años, la misma edad a la que tiene que abandonar cualquier otro directivo su cargo.

En mi opinión, la renovación de los cargos favorece el buen funcionamiento de las instituciones. Evita que los que están en los cargos se enquisten en ellos y creen redes de favores para permanecer en ellos. Además, incentiva a las personas que aspiran a ocupar esos cargos a que dediquen su tiempo, energías y capacidades a contribuir a la mejora de esas instituciones y no a organizar contubernios para derribar al que está en el cargo. Soy, como se ve, partidario de la limitación en la permanencia en los cargos. Pero eso no significa necesariamente poner límites a la edad. Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de EE UU, tiene 76 años y lo hace estupendamente. Pero está sometido a una limitación de tiempo. Por lo tanto, se puede optar por limitar la edad o limitar el tiempo en el cargo. Ésta es una opción que deberían haber tomado las propias instituciones. Se hubiese evitado la intervención externa desde el poder político. A mi juicio, la tendencia a limitar la permanencia es imparable. Ni el propio Papa se libra de ella.

En todo caso, me interesa señalar una cuestión importante. El debate sobre la edad de los consejeros está haciendo pasar desapercibidos otros cambios que la Ley Financiera introduce en el funcionamiento de las cajas. Las acciones participativas, una especie de acciones sin voto, que las cajas podrán emitir para financiar su expansión, introducirán una dinámica que afectará a su singularidad mutualista y a su identidad territorial actual. El dilema será crecer y ceder control, o mantener la singularidad actual y contener el crecimiento. Las cajas serán en los próximos años un objeto de deseo para muchos. Tanto por parte de los que ahora detentan su control (incluidos los sindicatos), como por aquellos a los que les gustaría que las cajas pasaran a engrosar las nuevas fronteras del capitalismo popular. De esto hablaré otro día.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.