La Generalitat permitirá deducir de la renta las cuotas de 700.000 mutualistas
Existen 719.000 socios agrupados en 108 entidades
Ser socio de una mutualidad permitirá a partir del año que viene una deducción fiscal en los impuestos que se pagan a la Administración catalana. El Gobierno de Jordi Pujol quiere que los socios de las mutualidades puedan deducir en el tramo autonómico del IRPF parte de las cuotas que pagan a sus mutualidades. La medida afectaría a unos 700.000 mutualistas y es una de las que el Ejecutivo catalán baraja para estrenar su capacidad fiscal en este impuesto. Las fuentes del Gobierno catalán consultadas aseguran que las deducciones a los mutualistas serán una de las más importantes que se introducirán el año que viene.
Esta medida estará incluida en el presupuesto de la Generalitat para el año próximo, que el Ejecutivo catalán tiene previsto estudiar y eventualmente aprobar en su reunión del próximo martes.
La Generalitat tiene capacidad para decidir sobre el 33% de la tarifa del IRPF. La intención del conseller en cap, Artur Mas, y del consejero de Economia, Francesc Homs, es introducir diversas deducciones fiscales en este tramo del impuesto sobre el que tiene capacidad total para fijar los tipos impositivos e introducir las deducciones que estime conveniente. La Generalitat tiene competencias sobre las mutuas de previsión social y sobre las mutuas de seguros, siempre que no operen también fuera de Cataluña.
En sentido contrario, el Gobierno catalán también baraja algunas subidas fiscales, entre ellas un recargo sobre la gasolina, algo que ya ha hecho la Comunidad de Madrid y que supondría pagar un céntimo más por litro. Este recargo proporcionaría a las arcas de la Generalitat unos 48 millones de euros el año que viene.
El Gobierno catalán se ha dado cuenta, tras la crisis desatada en L'Aliança, la primera mutua de previsión catalana, de que el sector necesita una supervisión del día a día. Las funciones de supervisión del sector las realiza ahora la Dirección General de Política Financiera, que dirige Sadurní Anfosso, un profesional de prestigio fichado hace dos meses del sector privado por el consejero de Economía, Francesc Homs. Ahora se pretende descargar las tareas de la Dirección de Política Financiera, que tiene que lidiar con muchos más asuntos: las cajas de ahorro, la tutela de la Bolsa y las emisiones de deuda de la Generalitat, entre otros.
El objetivo es supervisar más de cerca a las mutuas y para ello está en estudio crear una dirección general específica dedicada al sector. Estas entidades, que no tienen ánimo de lucro, han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Según datos de la Generalitat, existen en Cataluña 719.000 mutualistas agrupados en 108 entidades. Los ingresos de estas entidades ascendieron a 394 millones de euros el año 2000.
En medios del sector se apunta que las deducciones fiscales que sopesa el Gobierno catalán para los mutualistas supondrían un impulso para L'Aliança, una entidad que tiene más de 180.000 socios y está intervenida por la Generalitat tras detectarse un agujero de 45 millones de euros. Este agujero, que ha aparecido tras una reciente auditoría de las cuentas, corresponde a las pérdidas acumuladas por la entidad en los últimos años, que han reducido sus fondos propios y amenazan con dejar la entidad descapitalizada.
Nueva ley
La Generalitat trata de sacar adelante L'Aliança, aunque para ello ha descartado hasta la fecha una subida de las cuotas a los socios. A partir de enero, dejará la intervención de la mutua y será la entidad la que decida cómo salir adelante.
El Gobierno catalán sólo tiene competencias sobre mutuas de previsión social. Estas mutualidades son entidades aseguradoras que se dedican a cubrir riesgos, ya sea por muerte, viudedad, orfandad, invalidez o enfermedad. Sin embargo, fuentes de la Administración catalana destacan que las deducciones fiscales en estudio afectarán a los socios de todas las mutualidades. Según estas fuentes, no está previsto aumentar el número de inspectores que realizan sus tareas de supervisión en las entidades. En medios conocedores del sector se señala que las labores de inspección las realiza ahora un reducido grupo de siete inspectores.
Por otra parte, el Departamento de Economía y Finanzas ha elaborado un proyecto de ley de mutualidades para modernizar estas entidades. Aunque el mutismo de la administración y el sector es casi total, sí han explicado que el objetivo es modernizar el funcionamiento de estas entidades. El proyecto de ley será enviado dentro de unos días al Consejo Económico y Social catalán para que informe sobre su contenido.
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