Etiopía, un país de campesinos sin tierra

El reconocimiento por parte del Gobierno del primer ministro etíope, Meles Zenawi, de que Etiopía sola no va a ser capaz de salvar a su población y la llamada de auxilio de la mano de la ONU a la comunidad internacional antes de que sea demasiado tarde, constituyen un hito en la historia del país. Los anteriores gobiernos dieron la espalda a los millones de hambrientos y trataron de que pasaran inadvertidos ante el resto del mundo. Las agencias humanitarias aseguran que la actitud del actual Gobierno será decisiva para evitar la muerte de millones de etíopes, pero la oposición acusa al Gobierno de corrupción en la distribución de ayuda humanitaria.

"Es imposible para Etiopía resolver este problema sola, no podemos hacer frente a la sequía con nuestros medios", reconocía Zenawi hace unos días a la cadena británica BBC. "Espero que consigamos la ayuda que necesitamos. Esto es como una pesadilla recurrente", añadió. Sus antecesores, el emperador Haile Selassie y el coronel Mengistu, ocultaron a los ojos del mundo las hambrunas que sufrió Etiopía durante sus gobiernos. Cuando avisaron ya era demasiado tarde y los desnutridos morían a cientos. Su indiferencia ante el sufrimiento de su pueblo les costó caro. Ambos fueron derrocados por sublevaciones alimentadas por la indignación popular. Fuentes de Naciones Unidas aseguran que jamás un Gobierno etíope ha respondido con tanta rapidez a una crisis alimentaria ni ha estado tan dispuesto a colaborar. En junio de este año los técnicos oficiales ya se habían distribuido por todo el país para evaluar el alcance de la tragedia.

La Comisión de Prevención y Preparación para el Desastre (CPPD) es el organismo del Gobierno encargado de almacenar y distribuir la ayuda que llega de fuera, en coordinación con las organizaciones donantes. El CPPD es también el blanco de las acusaciones de la oposición política, que lo considera un organismo ineficiente y corrupto. "Parte de la ayuda se pierde en la burocracia. Otra parte se queda en manos de los funcionarios", asegura Vallene Petros, máximo líder de la oposición y presidente de la coalición de grupos opositores, que cuenta con 9 escaños en un Parlamento de 547 miembros.

Fuentes de la ONU aseguran, sin embargo, que no se han registrado casos de corrupción y que después de tantos años dependiendo de la ayuda internacional, el país de las hambrunas se ha convertido en uno de los países que mejor trabaja con las agencias internacionales. En la clasificación de países corruptos que establece anualmente la organización no gubernamental Transparency International, Etiopía se encuentra en la mitad de la tabla, junto a China, y aparece como uno de los cinco países menos corruptos de África.

El Gobierno de Zenawi, en sus comienzos de corte marxista-leninista, se ha ido transformando en un Ejecutivo que hoy proclama el liberalismo económico y los derechos y libertades democráticas. Para ello ha puesto en marcha un paquete de reformas políticas y economicas que caminan a ritmo lento.

El Estado ostenta la propiedad de todas las tierras del país, de la radio y la televisión, de la energía y las telecomunicaciones. La oposición política defiende la privatización de la tierra, la concentración parcelaria y la agroindustralización para acabar con las hambrunas. Argumentan que al no poseer la tierra, los agricultores pueden ser expulsados en cualquier momento -cosa que raramente sucede-, y que por eso no invierten en la mejora de sus fincas. La propiedad pública de la tierra es igualmente criticada por los inversores extranjeros, que ven reducidas sus posibilidades de establecerse en el país mediante la compra de grandes extensiones para dedicarlas a los productos de exportación.

En el campo del respeto a las reglas del juego de la democracia, el Gobierno de Zenawi ha recibido acusaciones de fraude electoral en las primeras elecciones etíopes (2000) y de violaciones de derechos humanos. "Es demasiado peligroso ser opositor", asegura Petros. "Durante las pasadas elecciones, 20 activistas de mi partido murieron, otros están en la cárcel. Hacer oposición en Etiopía es la guerra", denuncia el líder opositor. La organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch tambien ha denunciado la represión de los disidentes en Etiopía.

Las divisiones étnicas en el país son también una importante fuente de conflicto y que causan enfrentamientos periódicos entre el Ejército y grupos regionales. La Constitución etíope, aprobada hace seis años, favorece la descentralización de los nueve Estados del país y contempla el derecho a la autodeterminación. El Gobierno del EPRDF (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope) es una coalición de partidos en el que están representadas las principales etnias, entre ellas la amara, la oromo, y los pueblos del sur. Pero quien ejerce el control en el Ejecutivo son los tigray, que habitan en el norte del país, etnia a la que pertenece el primer ministro.

Para compensar, el presidente etíope, Girna Woldegiorgis, es un oromo. Las diferentes identidades regionales han dado lugar a partidos políticos con aspiraciones independentistas, entre los que destaca el Frente de Liberación Oromo (FLO), prohibido y considerado por el Gobierno grupo terrorista, y el Frente de Liberación Nacional del Ogaden (FLNO). Ambos grupos mantienen enfrentamientos esporádicos con las fuerzas de seguridad. A los tigray se les acusa de nepotismo y de utilizar la ayuda alimentaria con fines electorales, favoreciendo siempre a los suyos, según fuentes de las agencias humanitarias, que prefieren no revelar su identidad.

Cada etnia está a su vez dividida en clanes y subclanes, que también mantienen enfrentamientos y rivalidades. Pero, a pesar de que el historial del Gobierno de Zenawi puede que no sea intachable, unos y otros lo consideran un lujo comparado con el imperio del Ras Tafari Makonnen, más tarde convertido en Haile Selassie, y el socialismo a la etíope del coronel Mengistu.