Barcelona acaba con el sacrificio de animales abandonados e impulsa su adopción

La perrera municipal de Barcelona no volverá a sacrificar más animales. El 1 de enero entró en vigor una iniciativa que prohíbe esta práctica para así fomentar la adopción de perros y gatos y disminuir el número de animales abandonados en la calle. La medida, pionera en una ciudad de Europa de gran tamaño, implicará "potenciar una mayor relación entre el Ayuntamiento y las entidades protectoras", según explico ayer la concejal Imma Mayol.

La perrera municipal, hasta ahora gestionada por el consistorio, pasará provisionalmente a manos de la Fundación Altarriba a la espera de que se adjudique por concurso a una protectora. El año pasado el centro municipal de acogida de animales, situado en la carretera de Collserola, acogió a 1.491 perros y 1.052 gatos. El 36% de los perros se sacrificó, frente al 47% de 2001, mientras que en el caso de los gatos se mató al 27%, un 28% menos que en 2001.

Con la aplicación de esta directiva, aprobada por el Ayuntamiento el pasado mes de abril, la eutanasia de animales se reservará a los que "sufran enfermedades irreversibles que impliquen sufrimiento" o que "pongan en riesgo la salud de las personas", según reza la normativa. La nueva medida costará a las arcas municipales 250.200 euros.

La Fundación Altarriba espera que con la gestión provisional de la perrera municipal pueda aumentar el número de adopciones de animales, que actualmente se sitúa en el 38%. Esta entidad, que también gestiona la perrera de Mataró, ha conseguido un nivel de adopciones del 85%, según explicó un portavoz de la entidad. Paralelamente a la aplicación de esta medida, el Ayuntamiento de Barcelona continuará con su programa de esterilización de las colonias de gatos que vagan por la ciudad.

Sanciones mayores

El Ayuntamiento también prevé unificar en una ordenanza todas las directrices sobre tenencia de animales y que incluiría la legislación autonómica. Según Jordi Portabella, presidente del Consejo de Protección de Animales, la nueva medida quiere "incrementar las sanciones económicas por la irresponsabilidad de los dueños al no censar a los animales, negarse a identificarles con un chip o no recoger las defecaciones en la vía pública". Si la normativa actual prevé sanciones de entre 60 y 150 euros para estos supuestos de carácter leve, las nuevas multas oscilarían entre los 350 y los 1.500 euros. El abandono está penado con 15.025 euros.

La nueva ordenanza también quiere regular la venta de animales y prohibir su exhibición en los escaparates para evitar la compra compulsiva. Pararelamente el Ayuntamiento dotará a la Guardia Urbana de más lectores de chips. En Barcelona existen 14.000 animales de compañía censados, pese a que el Ayuntamiento calcula que en la ciudad hay unos 150.000.