Un juez para la Comisión de Reproducción Asistida

Las alusiones a mi persona y a terceros hechas en diferentes diarios nacionales, los días 15 y 16 pasados, me obligan a intervenir públicamente para reflexionar sobre la noticia. EL PAÍS del día 15 relaciona un posible nombramiento para cargo público con las creencias religiosas y con vínculos asociativos, sin cuestionar méritos profesionales y citando fuentes anónimas.

Vocales del Consejo General del Poder Judicial, en otras noticias del día siguiente en varios medios, explican que fui vetado por creencias religiosas, o por un perfil ideológico ligado a la pertenencia a determinadas asociaciones.

Según cuentan, el único de los peticionarios que presentaba curriculum en Bioética no ha sido nombrado como vocal de la Comisión de Reproducción Asistida, por sus creencias o por pertenecer a una asociación cuyas ideas no gustan por una u otra razón, orillar el mérito y capacidad en función de creencias religiosas o el asociacionismo, para un cargo profesional, constituye un claro ataque a valores democráticos y constitucionales: la libertad de religión, la libertad ideológica, el derecho a la libertad de asociación y el pluralismo político.

En un Estado de Derecho, la religión, la ideología o el ejercicio lícito del derecho de asociación no pueden ser nunca un perjuicio para acceder a un cargo público profesional. Cuando una persona se asocia con otras legítimamente no debería preocuparle que eso le pueda perjudicar para acceder a cargos públicos. Ahora, los asociados a AEBI o a las asociaciones familiares que se citan ya no estarán seguros de tener los mismos derechos que los demás ciudadanos. Tienen razones para preocuparse. También los católicos.

El juez está sometido al imperio de la Ley, a todas las leyes, y en ese puesto asesor también, porque actúa como juez, no como particular. Al exigirle una determinada forma de pensar se le está diciendo que debe someterse a una ideología, con independencia de su conocimiento jurídico del tema.

Sostener que una posición ante el derecho a la vida no es objetiva sólo porque es distinta a la propia, y valorar esa postura en relación con el nombramiento, es pensamiento único, totalitarismo ideológico y esconde además miedo a la libertad, miedo al diálogo, inmovilismo y rechazo al progreso. Las personas que defienden posturas que entienden convenientes para la justicia, la libertad, el derecho a la vida, la dignidad personal o la familia, bienes y valores constitucionales, quedan excluidas del diálogo y de la aportación de sus ideas a la sociedad. Es un ataque al pluralismo político, al asociacionismo, a la vertebración social.

Lo que los medios dicen que ha pasado y cuentan vocales del Consejo del Poder Judicial es más lamentable aún porque ocurre en un órgano que debería dar ejemplo al respecto, y además, en un tema tan delicado y complejo. Dicen que se ha discriminado por religión, o que se ha designado por ideas. Me duele profundamente. Lo que se ha publicado constituye un atropello antidemocrático a la libertad de asociación, a la libertad de pensamiento, a la libertad de acceso a los cargos públicos. Personalmente, sólo sé estudiar y trabajar en lo mío, juzgar y hacer cumplir lo juzgado, mejor o peor, sometido exclusivamente al imperio de la ley. No sé polemizar. Siento esta intervención de un juez en los medios, pero la creo obligada, entre otras cosas, porque se ha nombrado a terceros, en una noticia a mi juicio desorbitada e interesada. Quizá porque en el fondo del tema están en juego muchos valores y mucho dinero.