Suspenso en protección familiar

Es significativo que la familia sea la institución más valorada por los ciudadanos en la actualidad, con unos porcentajes muy elevados: el 78% en la UE, el 74% en España y el 82% en EE UU. Esto demuestra que no hay ningún atisbo en el mundo occidental de que la familia, como unidad y punto de referencia, esté desapareciendo. No entro a valorar que las formas de familia estén cambiando, como resultado de varios factores, de los que el más importante es la entrada de la mujer en el mercado de trabajo. Lo que sí está claro es que las nuevas formas de familia están haciendo cada vez más necesario el incremento de los servicios del Estado de Bienestar y la implementación de políticas públicas que reconozcan el Derecho de Ciudadanía a la provisión de servicios de ayuda a la familia, tales como escuelas de infancia de 0 a 3 años, servicios domiciliarios a personas dependientes, viviendas asistidas y residencias para tales personas.

El escasísimo esfuerzo económico para la ayuda a la familia nos situa a la cola de Europa

En los últimos meses son varias las medidas desarrolladas desde los Gobiernos central y vasco, encaminadas supuestamente a facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral. Mientras el Gobierno central se ha decantado por reducciones fiscales por hijo, complementadas con otra reducción por hijos menores de 3 años y otra deducción, adicional y específica, a las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años. Las Diputaciones forales no contemplan esta última medida. El Gobierno vasco da ayudas directas a partir del segundo hijo, además de otras distintas para incentivar las reducciones de jornada y excedencias. La polémica está servida, en una especie de carrera por el "y yo más", con acusaciones mutuas de discriminación y ayudas escasas.

La famosa medida de los 100 euros mensuales, que no deja de ser un anticipo de una deducción, deja fuera, por ejemplo, a todas las mujeres que trabajan en la economía sumergida y a las que trabajan a tiempo parcial, con jornada inferior al 50% de la ordinaria y las que no tienen empleo, es decir a quienes más lo necesitan. En cuanto a las deducciones por hijos y por menores de 3 años del impuesto estatal, que no exigen que la madre trabaje, desde su concepción han sido claramente regresivas, al suponer un mayor ahorro cuanto mayor es la renta familiar.

Las desgravaciones vascas no son regresivas, ya que se ahorra la misma cuantía cualquier contribuyente que tenga hijos menores de 3 años, pero, tras la implantación de la paga de los 100 euros del Gobierno central, las vascas son clara e indiscutiblemente inferiores, por mucho que algunos políticos se empeñen en sumar cosas que no se pueden sumar, en multiplicar por varios años para engordar las cifras y crear confusión o incluso en hacer propias las medidas de algún territorio díscolo que "se ha rebelado" frente a las orientaciones del Órgano de Coordinación Tributaria. Estamos en vísperas de campaña electoral y todos quieren salir en la foto con un niño en los brazos.

El suspenso a ambos Gobiernos -central y vasco- se fundamenta en que se trata de medidas de escaso contenido y mucha apariencia, complejas, injustas y de insignificante repercusión, ya que no contribuyen a compatibilizar el trabajo y la maternidad sino que simplemente disminuye ligeramente el montante de las facturas. No es extraño que ambas administraciones ofrezcan idéntica singularidad negativa: el escasísimo esfuerzo económico que se dedica a la protección familiar nos sitúa a la cola de Europa (en España gastamos el 0,4% del PIB frente al 2,2% de la media europea).

Lo único positivo de esta disputa es la posible contribución al debate, sobre las necesarias políticas públicas para el bienestar de las familias y es aquí, precisamente, donde comprobamos que en Europa han sido los países de tradición socialdemócrata, no los de tradición católica, donde más se han desarrollado las políticas pro-familiares, tales como la igualdad de géneros, la integración de la mujer en el mercado de trabajo, la redefinición de las responsabilidades en las familias, el continuado esfuerzo educativo en valores que posibiliten la eliminación de la discriminación cultural, laboral, social y política de la mujer.

El sociólogo V. Navarro, en su libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta, denuncia la retórica pro-familiar del discurso político de nuestro país, superficial e inconsecuente, al definir la familia como el módulo central de nuestra sociedad y apenas desarrollar políticas públicas de apoyo a la misma. Se pregunta quién está cubriendo las deficiencias tan notables de nuestro débil Estado de Bienestar. La respuesta es clara, la familia cubre estos déficit. Y al hablar de familia estamos diciendo la propia mujer, con su sobrecarga de trabajo.

Las políticas públicas socialdemócratas han dado unos resultados manifiestos: Una tasa de participación de la mujer en el empleo en estos países muy elevada, el 74%, frente al 39,95% en Euskadi. Unos servicios del Estado de Bienestar muy desarrollados con un gasto social del 35% del PIB y con un porcentaje de población adulta ocupada, en el sector servicios, cercano al 20% frente al 6% en Euskadi. Niveles de pobreza prácticamente inexistentes en los grupos más vulnerables, como jóvenes marginados, madres solteras y ancianos. Una alta calidad de vida en las familias y, es curioso, una fecundidad alta (2,1% frente al 1,2% en nuestra Comunidad autónoma). Esto demuestra que no es la participación de la mujer en el mercado de trabajo la causa de la baja natalidad, sino la forma en que tal participación se produce, es decir, la poca seguridad, certeza y apoyo que la mujer tiene cuando se integra en el mercado de trabajo.

De las políticas conservadoras del Gobierno del PP de reducción de protección social, de desregulación del mercado laboral... se puede esperar muy poco, salvo campañas de imagen. Por el contrario, a quienes identifican Autogobierno con Bienestar y dicen defender un modelo social más justo y solidario, es preciso advertirles que no nos engañen y que no se limiten a conformarse con competir y compararse con el Gobierno central, ya que ambos tienen un suspenso muy alto en políticas públicas para el Bienestar de las familias.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco.