Los municipios suprimirán el billete único si CiU elimina el impuesto destinado al transporte público

Los 18 municipios que forman la Entidad Metropolitana del Transporte amenazaron ayer con abandonar la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) si el Parlament aprueba definitivamente la supresión del recargo sobre el IBI que sirve para financiar el transporte público en Barcelona y su área metropolitana. La supresión de la tasa fue votada anteayer por CiU y PP, que había presentado la propuesta. El abandono de la ATM supondría poner fin al billete único implantado tras la integración tarifaria. La dirección de CiU afirmó que no cree en la amenaza.

El transporte público se convirtió ayer en un nuevo frente de batalla en un doble sentido. Por una parte, por la amenaza de los municipios de la EMT de abandonar la ATM, lo cual supondría poner fin al billete único derivado de la tarifa integrada y a quebrar la política pactada sobre el transporte público. La decisión de los alcaldes, en su mayoría de izquierdas, fue descalificada por CiU y PP.

Celestino Corbacho, presidente de la EMT y alcalde de L'Hospitalet, fue quien anunció la medida. En su opinión, la actitud del PP y CiU en el Parlament es una "traición institucional", fruto de la voluntad del Gobierno catalán de quedarse el transporte público. "No pensamos aceptar", afirmó.

Alberto Fernández (PP) y Joan Puigdollers (CiU) criticaron el anuncio de Corbacho aunque de modo diferente. El primero aseguró que la supresión del recargo en el impuesto está justificada porque el impuesto es injusto, pero dejó abierta la puerta a una negociación en el trámite parlamentario. "El Parlament sólo votó la toma en consideración de la proposición de ley, ahora hay que redactarla", dijo. Puigdollers fue más duro: "A los socialistas les ha dado un ataque de locura", afirmó. En su opinión, la izquierda "no digiere que el Gobierno catalán haga una política seria en transporte público". Fernández añadió que este impuesto que debería pagar todo el mundo tiene una morosidad muy alta: 10,59% de media, pero llega al 54% en Montcada, el 51% en Sant Feliu y al 49% en Sant Just Desvern. El impuesto supone unos 30 millones de euros al año.

El proyecto más ambicioso del transporte público, el Plan Director de Infraestructuras (PDI) sufrió ayer un golpe. La previsión de inversión, que debería superar los 600 millones de euros cada año desde ahora hasta 2010, no podrá cumplirse. Este dinero tiene que ser aportado por los gobiernos catalán y central. Pero el pacto entre ambos se ha quedado muy lejos: el Gobierno central sólo dará 120 millones de euros pero no anuales, sino en tres años. Para paliarlo, el Ejecutivo que preside Jordi Pujol está dispuesto a ampliar su aportación (incluyendo también la que se hará con créditos) hasta sumar 513 millones de euros en el mismo periodo. Es decir, la suma de las cantidades comprometidas por las dos administraciones para el periodo 2003-2005 es la que debería gastarse en un solo año.

El Gobierno central ha decidido ya los plazos. En este año invertirá 26,9 millones de euros, que se convertirán en 48 millones el próximo año y en 45 millones en 2005, según el Departamento de Economía del Gobierno catalán, que es el que ha asumido la negociación con la Administración central.

El resultado combinado de la decisión parlamentaria de CiU y PP y de la escasez de inversión pactada entre los dos gobiernos es una estocada a la Autoridad del Transporte Metropolitano, donde se pactó un ambicioso plan de inversiones que, aunque inferior al previsto para la comunidad de Madrid, permitía paliar parcialmente la falta de inversión autonómica en los últimos 23 años, en los que el metro barcelonés ha ganado 46 kilómetros, frente a los 120 de Madrid.

La EMT aprobó también ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que permite al Gobierno catalán sacar a concurso y privatizar la explotación de la línea 9 del metro.