La descoordinación entre hospitales encarece sus compras de fármacos

El Tribunal de Cuentas denunció que la mayoría de las compras de fármacos del Insalud, a tenor de una muestra de diez hospitales, se hizo en 1998 con sistemas de contratación "al margen de la ley" y con alarmante disparidad de precios. Los inspectores volvieron a la carga en 1999 y en 2000. Inspeccionaron 16 hospitales públicos, diez ya investigados y denunciados en 1998. Hallaron igual cuadro clínico: descoordinación e irregularidad en el sistema de compra y despilfarro en el precio, con diferencias de hasta un 236%, falta de planificación y galopante endeudamiento.

El reto del Tribunal de Cuentas era doble: comprobar si las compras de fármacos por hospitales públicos se atuvieron en 1999 y 2000 al marco legal y comprobar su eficiencia. Suspenso en ambos extremos. La mayor parte de los contratos se realizó "al margen de la ley", según el informe. Apenas se practicó el concurso, el procedimiento negociado y el contrato menor. No significaron ni el 10%. Con ello, se ignoraron sus requisitos y garantías legales: publicidad y concurrencia de ofertas. Incluso se trucó el más oscurantista de los mecanismos legales de compra, el contrato menor: se fraccionó el importe para usarlo y eludir las exigencias de los otros dos sistemas.

El porcentaje de compras por mecanismos ilegales se situó en el 92,9% en 1999 y en un 90,5% en 2000. La contratación se hizo de modo directo -telefonazo o petición a un proveedor sin publicidad ni concurrencia alguna- y, en muchas ocasiones, sin siquiera factura. La falta de documentación cubre de opacidad estas compras. Impide su fiscalización.

Pero tales atajos a la legalidad no mejoraron los precios de compra. "Los hospitales han realizado sus compras sin atender a criterios de gestión comunes y sin buscar las mejores condiciones de compra ofrecidas por los laboratorios proveedores a otros hospitales del sistema". Y la ausencia de planificación acarrea que los hospitales aplacen el pago de las facturas de un año para otro: un centro ha llegado a posponer el pago de hasta el 100% de los medicamentos adquiridos en un ejercicio, otros el 83%, el 57% y el 40%. Esto dispara el endeudamiento y la generación de intereses añadidos.

La falta de planificación también impide que se programen concursos por grandes cantidades que posibilitarían mejores precios. El informe detalla decenas de ejemplos de despilfarro/ineficacia. De entrada, el gasto en estos hospitales creció un 15,4% entre 1999 y 2000. Tal incremento llegó a ser del 22,8% en el hospital de Vall d´Hebrón, del 24,5% en el hospital Universitario La Fe, y del 26% en la Fundación Hospital Alcorcón.

La enfermedad común es evidente: "La comparación de los costes unitarios medios de adquisición de un mismo medicamento por distintos hospitales ofrece como primera o inequívoca conclusión que los hospitales han pagado precios muy diferentes por los mismos productos". Y esto se ha producido con independencia del volumen de compras. "Hospitales que han realizado grandes volúmenes de compra de determinados fármacos han obtenido peores precios y condiciones de compra que otros hospitales con menores volúmenes". El combate es desigual: la oferta se mueve entre el oligopolio y el monopolio para ciertos productos. El informe sostiene que sólo hay competencia posible para el 30% de los productos que adquieren los hospitales. Frente a tan articulada oferta, los hospitales se presentan bajo total "dispersión" al renunciar a su "voluntaria coordinación". El descalabro y la derrota del sector público tiene muchos ejemplos (véase cuadro).

El Tribunal de Cuentas también detecta que un mismo hospital compra a veces distintos fármacos con igual principio activo a diferentes precios. Y denuncia que un mismo hospital a veces compatibiliza productos de un mismo laboratorio con precios superiores a otros centros sanitarios y en otros inferiores. Esto se explica como una política de "compensaciones" forzadas por los vendedores.

Los laboratorios sí se coordinan: "Al analizar las variaciones de precios, el Tribunal de Cuentas ha podido comprobar que tales variaciones también tienen su origen en las políticas de ventas y en las prácticas comerciales de los laboratorios proveedores de los suministros de medicamentos caracterizadas, unas y otras, por la interdependencia e incluso coordinación de los laboratorios".

El Tribunal no ve excusa en la multiplicidad de dependencias para que los hospitales no se coordinen frente sus proveedores: "Los demandantes de los medicamentos son los hospitales, dependientes de una o de distintas administraciones públicas. Éstas no ejercen su autonomía jurídica para voluntariamente coordinarse a los efectos de la adquisición de productos a terceros". Más grave es la culpa, a juicio del tribunal, del órgano nacido para tal coordinación: "El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no ha ejercido sus funciones de coordinación, planificación conjunta y de establecimiento de las condiciones generales de contratación de las adquisiciones de medicamentos por parte de los hospitales de titularidad pública del SNS, que tiene atribuidas por la ley del Medicamento".

Las autonomías y el Insalud tampoco estuvieron a la altura: "Las distintas administraciones públicas de las que dependen los hospitales tampoco han llevado a cabo fórmulas de coordinación voluntaria encaminadas a obtener las mejores condiciones posibles en la adquisición de medicamentos". El tribunal no sólo defiende el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación por razones de pura legalidad. Demuestra con ejemplos que utilizar los principios de publicidad y concurrencia mediante concursos abaratan el producto.