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Huelga de hambre de docentes de religión contra los recortes de Enseñanza

Los maestros denuncian que casi la mitad de los profesores están contratados a tiempo parcial

Lluís Pellicer

Un total de 21 delegados de la Federación de Enseñantes de Religión de Cataluña (FERC) iniciaron ayer una huelga de hambre para protestar por la política de recortes del Departamento de Enseñanza. El sindicato afirma que de los 362 maestros que imparten religión en secundaria, 162 sólo están contratados a media jornada. Para el próximo curso, 72 docentes más podrían sufrir la misma situación.

No hay semana en la que Benedicto de la Peña no reciba alguna consulta de un alumno preocupado por su futuro profesional. Hasta el año pasado, se ocupaba de asesorar sobre este ámbito en el centro público de Badalona, donde lleva 17 años impartiendo clases. También se encargaba de enseñar Arte y Simbología Religiosa e Historia de la Filosofía. Pero este año su jornada laboral ha quedado reducida a 10 horas de religión semanales. No por voluntad del centro, ni suya, sino porque así lo establece el contrato de media jornada que firmó en septiembre de 2002 con el Departamento de Enseñanza.

La FERC sostiene que de los 369 maestros de religión en centros públicos de secundaria, 162 han sufrido recortes de media jornada. Por ello, los 21 delegados del sindicato, que representa al 87% de los docentes de la asignatura, empezaron ayer una huelga de hambre en la parroquia de Sant Medir que culminará esta tarde si así lo deciden en asamblea.

El Departamento de Enseñanza es el encargado de la contratación de estos profesores de acuerdo con el convenio firmado por el Gobierno central y la Santa Sede. Estos contratos, que se aplican desde 1999, tienen una vigencia anual y requieren que el obispo de la zona proponga al docente. La FERC denuncia que ya no se les permite ejercer otras funciones, como tutorías ni refuerzos, ni impartir otras asignaturas fuera del ámbito estricto de la religión católica. Esto ha supuesto una reducción drástica de sus horarios y la precarización de sus condiciones laborales.

"La Generalitat nunca ha respetado en la ley Mayor Zaragoza, que refleja los acuerdos con la Santa Sede. El decreto determina que podemos dar clases de otras materias para las que estemos titulados, algo que Enseñanza nos está negando", afirma la presidenta de la Asociación de Profesores de Religión de Cataluña (APRC), Maissa Noguera.

Los profesores quieren sentarse a hablar con las autoridades. Dos cuestiones son innegociables. "Queremos volver a las condiciones anteriores a 1999, poder acceder a todas las funciones y asignaturas. Y también un contrato laboral discontinuo de carácter indefinido y no temporal", reclama Noguera.

Sin embargo, desde Enseñanza se elude cualquier responsabilidad al considerar que el departamento es sólo un intermediario para cumplir los acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno central. El cumplimiento de esta ley supone, según fuentes del departamento, destinar a estos profesores a "la asignatura para la que han sido contratados". Los sindicatos de maestros lo niegan, y recuerdan que antes de 1999 podían ejercer cualquier función para la que estuvieran habilitados.

Los docentes de religión católica de Barcelona también denuncian que para renovar su contrato anual deban solicitarlo primero al Obispado y luego ser propuestos por la Iglesia.

La FERC ya ha anunciado que los maestros de secundaria no piensan firmar sus contratos en julio porque todo parece indicar que 72 profesores más pueden sufrir recortes en su jornada laboral. Sólo en el curso actual, agrega el sindicato, 90 docentes han padecido este recorte, mientras que 11 han perdido sus empleos. "Además, un sueldo de media jornada, de unos 780 euros, no nos llega para vivir y mantener a nuestras familias", lamenta Noguera. Tampoco saben si firmarán sus contratos en septiembre. Son conscientes de que si no lo hacen pueden perder sus empleos. Pero dada su situación, dudan que ésta pueda empeorar.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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