La reforma de la Forcem pasa a las empresas el control de la formación

El Ministerio de Trabajo tiene ya perfilada la reforma de la Forcem (Fundación para la Formación Continua), que pretende acabar con un modelo en el que la gestión está controlada por la patronal y los sindicatos. Cuando entre en vigor en enero de 2004, serán las empresas las que asumirán la responsabilidad de las acciones formativas para sus trabajadores. Los costes se los deducirán directamente en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aseguraba ayer en el Parlamento que el modelo que sustituirá a la Forcem "debe entrar en vigor el 1 de enero de 2004". Esa afirmación la hacía un día después de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, denunciara en la cámara que "la amplia diversidad de irregularidades" detectadas en la subvenciones de la Forcem "podrían dar lugar a la exigencia de reintegros" por importe de 2,10 millones de euros, según el informe del tribunal correspondiente al periodo entre 1996 y 1998. A esas críticas se suma la denuncia de irregularidades realizada por las autoridades de Bruselas por el mal uso del dinero destinado a formación procedente del Fondo Social Europeo.

No obstante, la decisión de Trabajo de reformar el modelo se ha tomado para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional de abril del año pasado que reconocía el derecho de las comunidades autónomas a participar en la gestión de la formación continua, a raíz del recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña.

En las conversaciones que han venido manteniendo, el Gobierno catalán ha expresado a los responsables de Trabajo su desacuerdo con cómo interpreta el ministerio la aplicación de esa sentencia, y pide una auténtica participación de las comunidades en la gestión directa de la futura formación profesional continua.

La reforma da todo el protagonismo a las empresas para la realización de las acciones formativas dirigidas a sus trabajadores, que pueden optar por ponerla en marcha "con medios propios, a través de las organizaciones empresariales o sindicales, o de centros especializados, es formación".

En vez de recibir subvenciones, como ocurre ahora, "las empresas se deducirán los costes directamente de las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social", que en el caso de la formación supone una cuota del 0,35% del salario.

Cuantía de las deducciones

La cuantía de esas deducciones será el resultado de "multiplicar el número de trabajadores [que participan en las acciones de formación] por una bonificación que se determinará cada año, de forma que ésta será mayor cuanto menor sea el tamaño de la empresa".

El ministro de Trabajo afirmó ayer en el Parlamento que "se bonificará más" a las pequeñas y medianas empresas para "garantizar que acceden en mayor medida" a esas medidas formativas.

Paralelamente se pondrán en marcha otras acciones a través de contratos-programa y de acompañamiento de la formación. De acuerdo con la patronal y los sindicatos, el actual modelo seguirá vigente hasta el mes de enero próximo.

La previsión es que se sigan destinando los mismos recursos, en torno a 600 millones de euros anuales, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y por la recaudación obtenida con las cuotas destinadas a formación (el 0,35% del salario).

Zaplana llevará este viernes al Consejo de Ministros un informe en el que se describe el modelo que sustituirá a la Forcem, que a su juicio es "más eficaz, más transparente y ajustado a las necesidades de formación de los trabajadores y las empresas". El titular de Trabajo prevé que la norma se puede aprobar en una o dos semanas, cuando su departamento termine las consultas con los agentes sociales y con las comunidades autónomas.

El Consejo también estudiará este viernes la reforma de las leyes de prevención de riesgos laborales y de infracciones y sanciones del orden social para desarrollar el acuerdo suscrito el pasado 30 de diciembre con los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE-CEPYME. Las normas integrarán la prevención de riesgos laborales en el sistema de prevención de la empresa, la presencia obligatoria de recursos y medidas para favorecer el cumplimiento de obligaciones para evitar riesgos.