La sospecha universal de la Expo

Cada vez que algún directivo de la Expo aparecía en los informativos de televisión subiendo las fatídicas escaleras de la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Baltasar Garzón, en la casa de Alfonso Garrido se escuchaba:

-Un día de estos te veremos ahí.

A Garrido no le imputaron en el procedimiento abierto por supuesta malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental -conocido como caso Expo- a pesar de que también estaba sentado en el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Expo 92, en su calidad de Delegado del Gobierno en Andalucía y gobernador civil de Sevilla.

En 1996, el juez Garzón comenzó la investigación a partir de una denuncia presentada por el empresario José María Ruiz Mateos. Más de una docena de altos cargos de la Expo, además de la sociedad Telemundi, fueron imputados en el proceso que pretendía averiguar, entre otras supuestas irregularidades, si la Sociedad Estatal había pagado comisiones anómalas a Telemundi, la firma encargada de buscar patrocinios.

El juez decretó en 1999 el sobreseimiento parcial del caso y levantó la imputación de Emilio Casinello, Javier Baviano, Ángel Luis Gonzalo, Alfonso Cortés-Cabanillas, Fernando G. Delgado y Ángel Martínez, pero mantuvo la instrucción sobre el delito de malversación de caudales públicos y la imputación sobre seis personas, entre ellas Jacinto Pellón, el que fuera consejero delegado de la Sociedad Estatal.

Siete años después se ha zanjado el caso. El juez de la Audiencia Nacional no ha apreciado delito alguno. Entre la maraña de sospechas que se ciñieron sobre los gestores de la Expo no se ha probado nada. Sólo el Tribunal de Cuentas estableció que la muestra tuvo pérdidas económicas de 210 millones de euros (35.000 millones de pesetas).

Una reciente sentencia de este tribunal también desmontó las acusaciones que pesaban sobre los consejeros delegados Jacinto Pellón y Javier Baviano al fallar que no cometieron ilegalidad al destinar casi cuatro millones de euros (652 millones de pesetas) a pagar al personal de la muestra gratificaciones, compensaciones por vacaciones e indemnizaciones por la extinción de sus contratos.

Los últimos resquicios de dudas se cerraron, pues, esta semana con la decisión de Baltasar Garzón. Siete años después de la apertura del caso, 11 años después de la celebración del evento. En este tiempo, la sombra de la sospecha ha perseguido a sus antiguos gestores y responsables políticos ligados a la muestra, aunque no en igual medida. No todos tuvieron que subir las dichosas escaleras de la Audiencia Nacional ni someterse a sesiones en el Congreso de los Diputados "sanguinarias", según recuerda el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, a la sazón parlamentario de la comisión de Administraciones Públicas.

"Cacería"

"El PP convirtió el seguimiento de la Expo en una auténtica cacería contra Pellón, se centra mucho en él porque paga la sustitución de Olivencia", dice en alusión a Manuel Olivencia, el primer comisario general de la Expo, destituido en 1991.

Perales considera que el consejero delegado fue "vapuleado injustamente". "Creo que sufría enormemente en aquellas comparecencias porque desconocía las lides parlamentarias", agrega. Los representantes socialistas están convencidos de que el PP se fijó como estrategia política "destruir" la gestión del 92. "Encontraron poco calor en los Juegos Olímpicos en la Generalitat y centraron la campaña en la Expo y el AVE", sostiene Perales.

La sospecha sobre las irregularidades de la Expo se expandió como una lava sobre los gestores, de tal forma que echó raíces en el imaginario colectivo antes de que los tribunales se pronunciaran. "Antes y durante se fueron calentando motores sobre el despilfarro y que si se lo estaban llevando calentito", recuerda Alfonso Garrido.

Los antiguos responsables, con más o menos intensidad, pasaron a ingresar en un club denostado de sospechosos. Injustamente, según la justicia, pero en el camino se han dejado "jirones de pellejo personal" y "sufrimiento familiar", lamenta el ex delegado del Gobierno en Andalucía. Estos días se cruzan llamadas de teléfono y correos electrónicos con más voracidad que nunca para comentar el archivo de la causa.

Emilio Casinello, actual cónsul español en Nueva York, confiaba a sus antiguos compañeros de batallas de la Expo sobre su peculiar atracción por "el escándalo". Después de la Expo aceptó una oferta para trabajar en Gran Tibidabo con Javier de la Rosa, un empresario que acabó en los tribunales y en la cárcel. Se quejaba de todas las acusaciones que se cernían sobre él sin que le investigaran. "La pena de banquillo de primera página es la que nadie restituye", dice Garrido antes de proponer una mayor "continencia verbal" a los políticos y de lamentar los retrasos de la justicia. "Tiene que ser inmediata, yo tendría hasta mermada mi capacidad de defensa", señala.

Jacinto Pellón, cuando se abrió la causa, hacía una reflexión similar. "Ahora tendré que dedicarme a buscar un abogado, a buscar papeles", decía cinco años después de la clausura de la muestra. Pellón fue, por encima de los demás, el pim pam pum de la campaña. No cayó bien entre ciertos sectores sevillanos con poder la destitución de Olivencia. Para colmo Pellón no cayó bien, literalmente. "No estaba dotado para dirigir una academia de protocolo, pero le mandaron aquí para hacer la Expo. Y la hizo", dice Garrido.

La hostilidad hacia el poderoso consejero delegado fue enorme. Cuando el Gobierno andaluz le otorgó la Medalla de Oro de Andalucía el 28 de febrero de 1992, las críticas fueron feroces. La oposición boicoteó el acto de entrega. Alejandro Rojas Marcos, entonces alcalde, y Soledad Becerril, primera teniente de alcalde, no aplaudieron de forma ostensible la entrega de la distinción.

Aunque el desencuentro del consejero delegado de la Expo con el gobierno de Sevilla llegó incluso antes de la muestra y con el PSOE en la alcaldía. En octubre de 1990, los tres grupos que entonces formaban la oposición municipal (PP, PA e IU) culparon directamente a Pellón del precio de las entradas de la Expo (24 euros) con el que, aseguraban, había "despreciado" a los ciudadanos.

El alcalde, el socialista Manuel del valle, se vio en el brete de tener que pedirle el cese de Pellón al presidente del Gobierno, Felipe González, en obediencia a un acuerdo aprobado por mayoría absoluta en el pleno sevillano, en el que el PSOE gobernaba con mayoría simple.