Ahorro de salarios a cargo del Inem
El ajuste en Telefónica y grandes empresas cuesta 240 millones anuales en prestaciones de desempleo
Un grupo amplio de empresas tiene en marcha ajustes de plantilla, con el objetivo de ahorrar entre un 20% y un 30% en los salarios de los trabajadores regulados. Se trata de compañías con beneficios que van a repercutir buena parte de ese menor coste a las arcas públicas. Esas reducciones de personal cuestan alrededor de 240 millones de euros anuales en prestaciones de paro al Inem en las grandes empresas y se eleva hasta los 600 millones para el conjunto de sociedades. Para ello recurren a expedientes de regulación de empleo (ERE) basados en la prejubilación de miles de trabajadores mayores de 50 años de edad. Es el caso de los procesos abiertos en Telefónica (con un ajuste récord para 15.000 empleados), Iberdrola, Altadis, Siemens, Grupo Repsol, Planeta, Tyco Microser, Electrolux y otras empresas en beneficios. El mismo camino que, paradójicamente, utilizan compañías en pérdidas como Auna y Renfe.
Ese mecanismo lo aplican las empresas con la aquiescencia de los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT, y con la aprobación del Ministerio de Trabajo, que debe autorizar los expedientes de regulación. Se repite una historia vivida a finales de los años noventa. Entonces una de las pocas voces críticas que se levantó fue la de Manuel Pimentel, cuando era ministro de Trabajo con el PP, en 1999. Censuró públicamente ese tipo de ajustes en compañías con beneficios y subrayó que era un modelo sólo justificado para superar "la crisis de empresas que se jugaban su viabilidad". Sus palabras cambiaron los planes de Telefónica, que ese mismo día renunció a prejubilar trabajadores a partir de los 42 años, aunque mantuvo un ajuste similar al actual desde los 52 años.
Falta de legislación
El sistema pensado para empresas en crisis y en reconversión, con protección por desempleo indefinida a partir de los 52 años, se vuelve a utilizar para encarar procesos de fusión y adaptación a la competitividad, como un ahorro de costes fijos. Las causas más usuales que se aducen son: obsolescencia de los conocimientos del trabajador debido al uso acelerado de las tecnologías; dificultades de readaptación; presunción de disminución de su productividad; y disminución de costes estructurales.
No hay datos oficiales, ni estadísticas, porque la prejubilación no está reconocida en el ordenamiento jurídico español, pese a ser una realidad sociológica que afecta a centenares de miles de personas (en estos momentos hay registrados 225.000 parados mayores de 55 años). El Ministerio de Trabajo ha rehusado ofrecer los cálculos solicitados, y argumenta que se trata de "una materia muy compleja". Pero estimaciones basadas en un informe del Consejo Económico y Social (CES), de consulta obligada para los expertos, permite delimitar el problema.
Cada año, en torno a 50.000 personas mayores de 50 años son expulsadas del mercado de trabajo a través de regulaciones de empleo, con un coste medio en prestaciones para el Inem de 600 millones de euros anuales. A empresas grandes y con beneficios pertenecen en torno a 20.000, cifra que este año previsiblemente se va a incrementar, y conllevan el pago en prestaciones de desempleo de 240 millones de euros cada ejercicio. Frente al mayor gasto en prestaciones del Inem, la Seguridad Social obtiene un ahorro en pensiones por la penalización que aplica en las jubilaciones anticipadas.
Coste medio
El coste medio por persona y año en prestación de paro es de 12.000 euros (depende de la base reguladora, el salario sobre el que se ha cotizado). Y tiene la misma cobertura el trabajador que procede de una empresa en beneficios, que el expulsado de una pyme sin indemnización que complemente el seguro de paro.
El impacto para los fondos públicos, que se nutren de las cuotas de trabajadores y empresas, es complejo porque no todos los ajustes de plantilla se cargan al Inem. Existen tres vías: los sujetos a regulaciones de empleo que sí cobran prestaciones de paro; los trabajadores regulados que se recolocan tras cobrar la indemnización de su antigua empresa sin agotar la prestación; y los ajustes de la banca que no imputan ningún coste al Instituto de Empleo. Una cuarta vía es la aplicada por el sector del automóvil, que vuelve de nuevo a recurrir a ERE con suspensiones de contratos durante semanas para ajustar la producción a la demanda y así eliminar stock. Ahora hay procesos abiertos en Seat y Ford, que trasladan al Inem el abono de salarios a los trabajadores afectados mientras dura la suspensión.
Los trabajadores expulsados de grandes empresas que no están inmersas en una situación de crisis o del sector público tienen unos ingresos garantizados hasta la edad de jubilación anticipada (60 años). Esos prejubilados se marchan con el compromiso de recibir indemnizaciones equivalentes a una parte del salario neto y que oscila entre el 70% y el 90%. Así la empresa se ahorra entre el 30% y el 10%, más lo que imputa al Inem. Junto a ello, pactan un convenio especial con la Seguridad Social para mantener el abono de las cuotas hasta los 61 años y así no sufrir la merma en su pensión que tendrían si cotizasen como simples parados.
El camino de los prejubilados
No existe un perfil único de prejubilado expulsado por una regulación de empleo. Las situaciones son heterogéneas, no todos los trabajadores que pasan al paro suponen el mismo gasto al Inem, los niveles salariales son muy diferentes, y hay afectados que no agotan todos los periodos de prestación de paro, porque se autoemplean o se recolocan en otras empresas.
Pero una parte importante sí recurre a la prestación que da protección al prejubilado mayor de 50 años (legalmente un trabajador en paro que ha sido despedido) hasta que llega a la jubilación anticipada a los 60 años.
La cobertura que están discutiendo las empresas con expedientes de regulación empleo (ERE) tiene un desarrollo muy similar. Un ejemplo hipotético, pero muy común, es un trabajador que cuenta en activo con el Salario Medio (1.288,26 euros al mes). Su coste total para el Inem supone 70.554,44 euros si solicita la protección cuando ha cumplido los 52 años y agota todos los periodos de prestación, según cálculos realizados por UGT y que Trabajo no ha querido precisar (alega que las situaciones son múltiples).
Ese trabajador tipo, tras su salida de la empresa, cobrará del Inem una prestación contributiva de 901,88 euros los seis primeros meses y 772,96 euros los 18 meses siguientes. La empresa le complementa esos ingresos hasta el porcentaje de su salario en activo que ha pactado, y si es el 80%, le debe abonar la cantidad que resta hasta 1.030,6 euros mes.
A partir del tercer año, y hasta que enlaza con la jubilación anticipada a los 60 años, el Inem paga el subsidio asistencial (338,40 euros al mes). El compromiso de la empresa es seguir complementando en ese periodo los ingresos hasta los 1.030,6 euros mensuales.
En el caso de Telefónica, se ha pactado que el trabajador se limite a cobrar del Inem los dos años de prestación contributiva (derecho por sus cotizaciones) y la empresa le complementa el resto hasta el 70% de su salario en activo. Fuentes de la operadora han subrayado que, para el acuerdo, se puso como condición que a partir del tercer año la empresa asuma el gasto completo (el 70% del salario) y no se solicite el cobro del subsidio. De esta forma se intenta evitar el "rechazo social" que la operadora reconoce supondría recurrir a una prestación considerada asistencial, aunque se financia con cotizaciones.
Una vez los trabajadores llegan a los 61 años pasan a cobrar la pensión de la Seguridad Social, con penalización por tratarse de una jubilación anticipada (entre el 7% y el 8% por cada año de adelanto). El pacto de Telefónica prevé compensar ese recorte con una renta igual al 34% del salario, actualizada cada año con una subida del 2%.
La indemnización media que pagará Telefónica por trabajador a lo largo de todo el periodo tiene un coste de entre 250.000 y 300.000 euros (gasto total entre 4.000 y 4.500 millones de euros). Dado que el Inem paga 27.130,95 euros en un Salario Medio por los dos años de prestación contributiva, asume un coste en torno al 10% de las rentas que cobrará el trabajador expulsado. Además la operadora se ahorra un 30% del sueldo de los 15.000 empleados afectados, que en 2004 supondrá 300 millones de euros; en 2005, 400 millones, y a partir de 2008, 600 millones de euros anuales.
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