Vender cárceles o vender gato por liebre
Quiero protestar por lo que en campaña electoral nos vendieron desde el presidente del Gobierno hasta alguno de sus ministros:Que si los toxicómanos presos quisieran acogerse a un programa de reinserción y desintoxicación se les facilitarían centros de terapia, incluso rebajando las condenas. El resultado de estas ofertas es que para construir centros para atender el problema de los toxicómanos presos no hay dinero y sí lo hay para construir tres cárceles más en Andalucía. Está claro que invertir en curar y rehabilitar no es productivo, ni crea riqueza. Lo que sí crea riquezas, según el señor Arenas, es construir tres cárceles más en Andalucía.
Y cómo se puede hablar de riqueza y de crear puestos de trabajo pensando en personas que van a estar presas y que por la maldita droga han cometido varios delitos. En vez de hacer escuelas ocupacionales y de formación se piensa en construir más centros de exterminio. Ni se piensa en las personas que al pasar largos años de condena y salen con SIDA se están muriendo antes de llegar a los centros que hay, por no tener un sitio adecuado para morir dignamente.
En parte, el señor Arenas tiene razón: las cárceles son un negocio para unos pocos, y de destrucción y ruina para las cientos de familias que tenemos algún familiar dentro, porque siempre se construyen lejos del casco urbano.
El actual Gobierno está tan ocupado en la "mal-construcción" acelerada de centros penitenciarios, que no le interesa el que en dichos centros permanezcan sordos, mudos, enfermos mentales e, incluso, discapacitados psíquicos en contra de los informes de los equipos técnicos penitenciarios. Tampoco les interesa a las autoridades penitenciarias que en los centros permanezcan muriéndose a diario presos acogidos al artículo 104, por el curso terminal de sus enfermedades, condenados a muerte entre rejas por la inexistencia de recursos socio-sanitarios.
Y no se hace nada porque los presos drogodependientes de este país, además de ser un colectivo social "sin voz" y, nunca mejor dicho, "sin voto". Desde la Asociación de Familiares de Presos Drogodependientes ONUBA empezamos a pensar que dicho colectivo, además de crear en efecto una inseguridad ciudadana, nos preguntamos si no genera una seguridad económica para unos pocos.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Huelva, con el respaldo presuntamente anticonstitucional de algunos jueces ultra conservadores de la Audiencia Provincial, viene denegando, al parecer sistemáticamente, beneficios penitenciarios a los presos drogodependientes de Huelva, por ello los más presos de España. Presos que han cumplido más del 50% de condena; con requisitos legales para acceder a dichos beneficios, con buen comportamiento, buenas trayectorias laborales e incluso menciones meritorias. El Tribunal Constitucional, al menos en un caso, está en vías de investigar sin la aplicación de las leyes penitenciarias que se hace en Huelva vulnera o no la Constitución.
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