Envejecer trabajando

En la sociedad de la incertidumbre y la inseguridad hay una ilusión cada vez más generalizada: jubilarse anticipadamente. Nuestros gobernantes europeos, en la cumbre de 2002, celebrada en Barcelona, bajo la presidencia de Aznar, se encargaron de echar un jarro de agua fría a esta vana ilusión. Tomaron la decisión de parar las prejubilaciones, desincentivándolas al máximo y adoptando medidas para prolongar la vida laboral, más allá incluso de los 65 años. La consigna fue "la apuesta decidida por el envejecimiento activo", es decir, que hay que envejecer trabajando.

El grado de simplificación y convencionalismo interesado con el que se está desarrollando el debate de pensiones obliga a realizar un esfuerzo aclaratorio que posibilite diferenciar situaciones y medidas más allá de la consigna interesada. Desgraciadamente, todas las reformas producidas en la Seguridad Social han venido determinadas más por las prioridades de la política económica, de reducción del gasto público, que por una planificación reformadora de nuestro sistema para adaptarlo a los cambios y a las nuevas necesidades sociales. La subordinación de la Seguridad Social a la economía produce una sensación general de inseguridad, cuando no de fatalidad, que socava uno de los principios fundamentales de la Seguridad Social, la confianza en una protección futura. Para restituir esa confianza, no parece el mejor camino ni los ajustes rápidos ni la reforma permanente de la Seguridad Social, bajo parámetros estrictamente economicistas.

La subordinación de la Seguridad Social a la economía produce una sensación general de inseguridad, cuando no de fatalidad

No es de recibo que la problemática de la jubilación flexible y prejubilaciones anticipadas, mal llamadas voluntarias, se quieran abordar fundamentalmente desde la perspectiva de reducir su impacto económico en la Seguridad Social y no se cuestione, en absoluto, nuestra legislación sobre despido y condiciones laborales, sobre protección por desempleo o ciertas prácticas administrativas en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo. Un experto como Riera afirma dos cosas muy importantes: en primer lugar, que el cese de la actividad laboral no es un fenómeno coyuntural motivado por recesiones económicas, sino estructural de acuerdo con las nuevas formas productivas y las consiguientes modificaciones en el mercado de trabajo. En segundo lugar, que son las empresas las que optan por el ajuste de plantillas como primera medida estratégica (empresa ligera y flexible) y las más beneficiadas de tal mecanismo. En la última década, 250.000 trabajadores españoles han dejado sus empleos de forma anticipada. En la actualidad asistimos a nuevas rebajas del empleo en Telefónica, Iberdrola, Renfe, Altadis, Nissan y algunas más.

Ello demuestra que el problema de la edad de jubilación en España no es, desde luego, el de la jubilación anticipada voluntaria, penalizada más que en ningún país y cuyo recorte, a largo plazo, resulta rentable a la Seguridad Social, sino el ajuste de plantillas mediante la prejubilación de trabajadores en plena edad productiva. Es aquí donde está la gran contradicción: se facilita que cientos de empresas prejubilen de forma indirectamente forzosa a sus trabajadores y, por otro lado, se pretende fomentar que los mejor situados en el mercado de trabajo sigan trabajando más allá de los 65 años y a coste cero de cotización para las empresas.

Nadie pone en duda que, tanto a escala individual como colectiva, la jubilación anticipada forzosa supone una pérdida de experiencia y de conocimientos, así como de infrautilización de recursos humanos. Es lamentable que quien quiere trabajar no encuentre otro recurso que retirarse anticipadamente del mercado de trabajo, ante la alternativa de quedarse atrapado en el paro. La jubilación anticipada es, evidentemente, una alternativa social mucho más aceptable que el desempleo de larga duración.

El acuerdo de pensiones del 9 de abril de 2001 deja intactas las condiciones que permiten la expulsión discriminatoria de los trabajadores de determinada edad. Sin embargo, sí facilita, y de forma más que cuestionable, la prolongación de la vida activa. Los coeficientes reductores acordados, del 8% al 6%, siguen siendo excesivos y penalizadores.

Un documento reciente de la OCDE (Estudio temático de las políticas para mejorar las perspectivas de empleo de los trabajadores mayores: El caso de España) dice que "estos coeficientes excederían el límite de neutralidad, que según el Gobierno es alrededor del 5,5%". No puede existir jubilación flexible cuando se ponen condiciones como 30 años cotizados para poder anticiparla, que muy pocos trabajadores van a poder cumplir en el futuro, y haber cesado en el trabajo por causa no imputable al trabajador, sino con previo despido del empresario. Lo más grave es que se sigue olvidando al amplio colectivo de trabajadores de edad, que se van a la calle por despidos improcedentes de forma individual. Un dato escalofriante sobre esta situación es que de los más de 600.000 prejubilados en España, el 20% está en el umbral de la pobreza. El PP va a usar a los prejubilados pobres como justificación para ampliar el período de cotización en el cálculo de la pensión a toda la vida laboral, introduciéndolo en primer lugar como medida que beneficia a quienes tienen fuertes recortes salariales al final de su vida laboral.

La flexibilidad precarizadora ha llegado a miles de trabajadores, que al fin de su vida laboral pierden involuntariamente sus empleos y no se resuelve su situación mediante cotizaciones actualizadas, de acuerdo a sus últimos salarios. No me parece correcta la política de bonificaciones y reducciones en las cuotas empresariales, ya que supone mermar recursos para la Seguridad Social y, por el contrario, no existe ninguna penalización para las empresas, tal como ocurre en Francia o en Austria, cuando éstas despiden a los trabajadores por motivos de organización productiva. Tanto en términos sociales como económicos, parece mucho más coherente dificultar el despido del trabajador de edad que favorecer la prolongación de la edad activa de algunos trabajadores.

Las personas que realizan trabajos duros, penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres deben tener posibilidad de jubilarse antes. A los 60 años estos trabajadores tienen una esperanza de vida 5 años inferior a la media.

A pesar de la retórica acerca de la empleabilidad y la formación a lo largo de toda la vida, la realidad es que ni las empresas ni las instituciones aplican tales recomendaciones para los trabajadores de edad. En el tramo de edad de más de 50 años, los alumnos que recibieron formación ocupacional, según datos del Inem, fue del 3,5%. Según la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, la formación en España de mayores de 45 años, con cargo a las empresas y por días de formación, sólo estaba por encima de Portugal. Para las mujeres España ocupaba el último lugar.

Una mirada a las tasas de empleo juvenil me hace pensar que prolongar el trabajo de los mayores impide el trabajo de los jóvenes. Es la hora de desarrollar todas las potencialidades del empleo y establecer un nuevo contrato entre generaciones, más realista, menos economicista y realmente solidario, basado en el compromiso colectivo de fomentar los trabajos decentes que garanticen pensiones decentes. Lo demás son engaños.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco.