Lo que está en juego

Para los que contribuimos a la elaboración de la Constitución y del Estatuto de Gernika, y quisimos construir una arquitectura institucional en la que tuvieran cabida los nacionalismos democráticos, la decepción ante el discurrir político de los últimos años en el País Vasco y, de manera particular, en lo que respecta al comportamiento del nacionalismo, no puede ser sino muy profunda. Para los que creímos en la buena fe de Ajuriaguerra, Lasarte, Irujo, Leizaola, Julio Jáuregui y demás prohombres de aquel nacionalismo estatutista, esta etapa que abre Ibarretxe está impregnada por una no desdeñable amargura democrática. Un sentimiento que se produce al comprobar cómo el nacionalismo vasco, a través de sus actuales dirigentes, es capaz, primero, de apoderarse del esfuerzo que ha supuesto para los demás construir un edificio en el que muchas de sus dependencias han sido diseñadas con generosidad expresamente para que pudieran sentirse cómodos en la España democrática para que después, al cabo del tiempo y al modo de los traidores, abandonen lo que parecía ser una conquista común.

El sentimiento de deslealtad para lo que ha representado una lucha en común por las libertades y la autonomía, y hablo a título personal, es, como digo, muy profundo. No puedo sino rememorar aquella figura desdeñable del vasco que en el colegio llamábamos socarronamente "apovechategui" (léase el que se aprovecha del esfuerzo de otro sin dar la cara). La historia es reiterativa. El nacionalismo vasco no participó en el Pacto de San Sebastián ni quiso comprometerse con el advenimiento de la República, pero, una vez triunfante ésta, reclamó el Estatuto pactado para nuestra tierra. Eludió el compromiso constitucional del 78, dejó que la gatera la llenáramos otros, pero más tarde se benefició del Estatuto de Gernika derivado de aquel gran pacto. Finalmente, el lehendakari, que lo es en virtud del mismo, después de aprovecharse de él y de sus instituciones, lo declara unilateralmente inservible, al tiempo que su partido anuncia su muerte en el Parlamento vasco. La gravedad del paso dado es enorme. Desconozco si los dirigentes del PNV son conscientes de su alcance. Ojalá que todo esto no acabe como el rosario de la aurora, aunque me temo que el riesgo es grande. Se está jugando irresponsablemente con cosas demasiado serias para que así no sea.

No debiera resultar necesario insistir en la idea de que, en un sistema de libertades constitucionales, el ejercicio de la soberanía encuentra su primera y afortunada limitación en el respeto de las reglas del juego democrático. La libertad de decidir por parte de los gobiernos e instituciones democráticas se halla condicionada por el ordenamiento jurídico vigente. No existe para nadie, por tanto, libertad absoluta en la toma de decisiones, salvo en las dictaduras. De otra manera, estaríamos inmersos en una jungla de actuaciones arbitrarias. Lo que parece obvio se hace necesario reiterarlo cuando se llega a afirmar que el plan que nos ocupa no lo pararán "ni la ley ni los tanques". El desprecio por la ley revela un componente inequívocamente antidemocrático. Y en cuanto a los tanques, mejor ni invocarlos.

Cuando se rompen las reglas del juego democrático unilateralmente, se corre el riesgo de que el ejemplo cunda y aquella decisión reciba una respuesta de la misma naturaleza. ¿Lo ha pensado el señor Ibarretxe? Imaginemos por un momento que el Congreso de los Diputados, al margen de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, reclamando la plena soberanía de sus decisiones y no sometiéndolas al ordenamiento jurídico, acordara arbitrariamente suspender los conciertos económicos (por necesidades de armonización fiscal europea) y devolver a las Fuerzas de Seguridad del Estado sus antiguas competencias en materia de orden público, aduciendo la necesidad de una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo. De golpe de Estado contra el sistema autonómico se calificaría este tipo de decisiones. Lo que se pretende que haga el Parlamento vasco es muy similar, aunque a la inversa.

Resulta evidente que el señor Ibarretxe con su plan no ha pretendido como objetivo principal incrementar el grado de las competencias hoy residenciadas en la autonomía vasca. Si fuese así, hubiera tomado un camino mucho más sencillo, rápido, constitucional y que no requería siquiera de la reforma del Estatuto. Esa vía se sitúa en el inexplorado artículo 150.2 de la Constitución: "El Estado podrá transferir o delegar en la comunidad autónoma, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Es decir, que todas las reivindicaciones competenciales que se incluyen en el plan Ibarretxe podían haber sido demandadas por esta vía que nadie hubiera podido calificar de inconstitucional. Otro tema, por supuesto, es cuál hubiese sido la respuesta de las Cortes.

Es evidente que lo que ha pretendido con el "plan" no es ampliar las competencias, sino plantear cuestiones de principios que afectan a la soberanía originaria y a la capacidad de decisión autónoma de los vascos que, de antemano, se conocía que no iban a ser aceptadas por el Gobierno del Estado, sea cual sea su signo, ni por los partidos constitucionalistas. A saber: el estatus de libre asociación, la nacionalidad vasca a efectos políticos y administrativos, el carácter de región o nación asociada a la Unión Europea, y el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. Estas cuatro cuestiones están planteadas con objeto de producir un enfrentamiento frontal sin posibilidad de acuerdos, al no dejar prácticamente margen alguno de negociación.

Se supone que, si existe un momento decisorio para la libre asociación, se debe a que ha habido otro previo de separación y recuperación de la soberanía originaria, porque sólo lo que está separado es susceptible de ser asociado. Es impensable que un Estado democrático admita esta posibilidad planteada unilateralmente, entre otras razones porque constituye una evidente contradicción querer separarse de algo para después volver a asociarse (permítaseme la simpleza del ejemplo, como aquel que quiere separarse pero para vivir juntos en el domicilio conyugal). Por cierto, para "asociarse" habrá que preguntarle al "otro" (en este caso, España) si quiere una fórmula de esta naturaleza, porque si no quiere, podría adoptarse otra decisión, pero no la de asociación, pues ésta requiere del acuerdo de las dos partes.

En el mismo terreno, ¿el estatus de libre asociación implica mantener el de libre separación sine die? Las posibles decisiones de libre asociación se producen en Estados en formación, no en un Estado que, como el nuestro, cuenta con más de quinientos años de existencia.

La pretensión de vivir en un Estado democrático ostentando una nacionalidad distinta a la que rige en el propio Estado, cuando menos resulta insólita, sin equivalente conocido. ¿Cada cuánto tiempo se puede cambiar de nacionalidad? ¿Cabe la doble nacionalidad en un mismo Estado?

El lehendakari invoca a lo largo de su discurso en el Parlamento el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro. Siempre que se realiza esta invocación, se está manipulando la expresión "pueblo" y el concepto de "derecho".

En relación con la palabra "pueblo", la ya famosa sentencia del Tribunal Superior de Canadá sobre Quebec señala con acierto, entre otras cosas, que "se han aportado pocas precisiones fundadas a la definición de pueblo, por lo que resulta que el sentido de la palabra pueblo sigue siendo bastante incierto". En efecto, las sociedades modernas son cada vez más plurales y, por tanto, cada vez es menos riguroso hablar de "pueblo" otorgándole a esta expresión un contenido unívoco y uniforme. Yo soy "pueblo vasco" y no necesito autodeterminarme, porque ya lo hice a favor del Estatuto y no he cambiado de criterio. ¿Tienen las colectividades derechos o son los ciudadanos los depositarios de los mismos? En relación con esta cuestión, señala Javier Corcuera que "el problema fundamental que implica la atribución de derechos a las colectividades es la posibilidad de que en nombre de éstas se impongan deberes individuales a miembros de las mismas, que no podrían alegar su carácter de minoría dentro de la minoría". ¿Podría en nombre de un supuesto derecho colectivo a la independencia limitarse el derecho (para que se entienda) a ser vasco-español y a vivir en la España democrática constitucional y autonómica? En buena lógica democrática, no es posible. Son los ciudadanos los titulares de los derechos y, salvo en los supuestos reconocidos internacionalmente (ocupación militar, apartheid, dependencia colonial), la autodeterminación contemplada como posibilidad de secesión o de decisión totalmente autónoma no constituye un derecho, sino que representa una reivindicación política cuyo ejercicio unilateral no está contemplado en ninguna Constitución democrática.

Hoy no existen soberanías sin limitaciones. Parece evidente que con las formulaciones "Euskal Herria decide" o "democracia vasca" se están planteando cuestiones que no nos incumben sólo a nosotros, sino que también afectan a todos los españoles y, desde luego, al Estado como tal. La expresión "los vascos tienen derecho a decidir su futuro", para adquirir condición democrática debería ser completada del siguiente modo: "respetando las reglas del juego democrático, el ordenamiento jurídico vigente, y siempre y cuando la decisión que se plantee no afecte al futuro de los demás, porque en este supuesto también los demás tendrían el derecho a decidir sobre su futuro". Es evidente que el plan Ibarretxe afecta, entre otras cosas, a la estructura misma del Estado aprobada por todos los españoles en el referéndum constitucional de 1978 y que, precisamente por ello, no puede ser modificada unilateralmente.

Es necesario que el PNV rectifique este plan, que ya es nueva fuente de discordia y divisiones entre los vascos. Tenemos la responsabilidad de cerrar filas en la defensa de la Constitución, el Estatuto, el respeto a las reglas del juego y el imperio de la ley. Esta exigencia, que entiendo compromete a todos los demócratas, debe articularse del modo más amplio posible, no debiendo circunscribirse tan sólo a PP y PSOE; es conveniente ampliarla a sectores estatuistas del PNV e IU, a sindicatos, organizaciones empresariales, movimientos pacifistas, etc. El objetivo de este planteamiento debería ser doble: de un lado, plantear que la prioridad es terminar con la violencia; de otro, abrir con coraje un diálogo sobre nuestro futuro en ausencia de la misma, por utilizar expresiones del lehendakari, sin imposiciones ni planes previos, sin consultas populares prediseñadas, sin menospreciar las conquistas autonómicas del presente para analizar lo que es necesario reformar, entendiendo bien que una sociedad fragmentada y plural como la vasca requiere de acuerdos de integración que al menos alcancen el apoyo que obtuvo el Estatuto de Gernika.

José María Benegas es diputado por Vizcaya y vicepresidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.