Asturias aplicará un recargo sobre las gasolinas destinado a sanidad

El Gobierno de Asturias aprobará hoy la aplicación del recargo autonómico sobre los combustibles para financiar la sanidad, según confirmó ayer el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. El gravamen -cuya cuantía se situará en torno a dos céntimos de euro por litro- entrará en vigor el 1 de enero. Asturias es la primera comunidad socialista que aplica la medida y se suma a Madrid y Galicia, ambas del PP.

La recaudación por este recargo se destinará íntegramente a financiar la construcción del futuro hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), uno de los grandes proyectos del Ejecutivo regional y cuyo coste se ha presupuestado en más de 156 millones de euros. La presidencia del Principado y la Consejería de Hacienda no confirmaron ayer si se adoptará, como se llegó a considerar en algún momento, algún tipo de exención o bonificación a los transportistas.

Asturias, que es la única comunidad autónoma gobernada por una coalición del PSOE e IU, se convertirá así en la primera región en poder de la izquierda que aplicará el recargo autonómico de los combustibles, que fue creado por el Gobierno central, del PP, en 2001, y cuyo tramo autonómico es de aplicación optativa por las comunidades autonómicas. Hasta ahora sólo lo está aplicando Madrid, en poder del PP, pero Galicia, también gobernada por los populares, ya ha decidido su próxima entrada en vigor. El PP de Asturias se opone al recargo en esta comunidad.

El presidente del Principado explicó ayer que el recargo sobre los combustibles, que será aprobado hoy en consejo de Gobierno como una de las medidas incluidas en el proyecto de presupuestos regionales para 2004, pretende garantizar "el modelo social asturiano", al contrario, dijo, de lo que hace el PP, "que aumenta la presión fiscal, como acaba de decidir en Madrid, al tiempo que aminora las prestaciones sociales".

"Deslealtad financiera"

Según Álvarez Areces, Asturias se ve abocada a gravar el consumo de hidrocarburos como consecuencia de lo que ha definido como "deslealtad financiera del Gobierno central con las comunidades autónomas". Según el Gobierno asturiano, el Ejecutivo central es "desleal" porque utiliza su capacidad normativa sobre tributos transferidos a las comunidades sin consultar a los gobiernos regionales, ni tener en cuenta sus necesidades ni el coste que sus decisiones acarrea a las haciendas autonómicas.

En el caso asturiano, el Gobierno del PP se negó, durante la negociación de la transferencia de la competencia sanitaria, a incorporar un convenio específico con Asturias. Mediante este acuerdo, a la dotación financiera de esa transferencia se sumaría la partida que el Insalud tenía previsto invertir en la remodelación del actual cospital Central de Asturias y que el Principado pretendía aplicar a la construcción del nuevo centro sanitario, una vez asumiese la competencia sanitaria. El PP alegó que establecer convenios específicos rompería el acuerdo sobre los traspasos sanitarios.

Unos meses después, sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó un convenio con Cantabria, entonces gobernada por el PP, por el cual el Ministerio de Sanidad contribuirá a la reforma del hospital de Valdecilla.