Los acusados de una multimillonaria estafa en Benidorm aceptan penas de 8 a 16 meses

La Audiencia de Alicante dejó ayer visto para sentencia uno de los casos de estafa de mayor cuantía perpetrado en Benidorm (La Marina Baixa), casi 16 años después de cometerse el delito. Los seis procesados, entre ellos el director de una sucursal bancaria, se enfrentaban a una pena global de 20 años de cárcel por vender unos terrenos, valorados en casi dos millones de euros, sin autorización del propietario. Un acuerdo abortó la vista oral y los imputados aceptaron una pena de ocho a 16 meses de cárcel. El tribunal apreció como atenuante la dilación del proceso

Los seis enjuiciados, entre ellos dos mujeres, urdieron la trama inmobiliaria en agosto de 1988. La estafa consistió en la venta de unos terrenos, situados en primera línea de la playa de Benidorm y valorados en 300 millones de las extintas pesetas, mientras su propietario, Ricardo Lapeyre, se encontraba en Londres ajeno a la operación financiera.

Dos de los procesados, Francisco Coll Mompó y Ricardo Corona Novoa -para los que el fiscal pedía inicialmente cinco años de cárcel, respectivamente, y una indemnización de 1.775.365 euros- ofrecieron el solar al empresario de origen gallego A. R. M. Éste declaró durante la instrucción del caso que actuó de buena fe en tanto que desconocía que su vendedor suplantaba la identidad del auténtico propietario.

La persona que usurpó la identidad del titular real es Agustín Imaz. Durante años ha permanecido en Francia prófugo de la justicia española. El año pasado regresó a España y un juzgado de Benidorm le notificó que su responsabilidad penal había prescrito.

El falso Lapeyre acudió con un documento de identidad manipulado a nombre del auténtico propietario a una notaría de Xàtiva, donde otorgó poderes para la operación a Pascual Coll Mompó, hermano de otro de los imputados. El uno de septiembre de ese año, Pascual Coll hizo uso de este poder conferido y firma un contrato de compraventa con la víctima del fraude por el que recibe 150.253 euros, cantidad que Ricardo Corona ingresó en una cuenta del Banco de Valencia. Un mes después, el comprador firmó un contrato privado en el que se fijó el precio de los terrenos en 2.404.048 euros. El escándalo se destapó cuando el auténtico propietario recibió una notificación del Ayuntamiento de Benidorm que le exigía las plusvalías generadas por la venta de su terreno.

Fue entonces cuando el titular real, Ricardo Lapeyre, se trasladó a los terrenos de su propiedad - en la Partida Rachadell y con una extensión de 3.240 metros cuadrados- y observó cómo dos edificios se erigían sobre su solar. Lepyre se querelló inicialmente contra el comprador, denuncia que posteriormente retiró, cuando esté le abonó los más de dos millones de euros que valía el terreno. La víctima se querelló contra los seis estafadores.

El fraude, uno de las mayores que se recuerdan en la capital turística de la Costa Blanca, iba a ser juzgado en septiembre de 2002, en Benidorm. Entonces, la vista oral quedó aplazada tras alegar los letrados de los acusados que los delitos que se les imputan han prescrito. El caso se trasladó a la Audiencia de Alicante. El fiscal imputa a los seis enjuiciados, entre ellos dos mujeres, los delitos de falsedad en documento mercantil y documento público y otro de receptación.

La retirada, ayer, de la acusación particular permitió un acuerdo entre las partes, extremo que abortó la vista oral del caso, prevista en la Sección 3ª de la Audiencia de Alicante. Según explicó ayer el fiscal responsable de la causa, Miguel Gutiérrez, el tribunal aplicó la atenuante con motivo de las dilaciones indebidas, dado que los hechos se enjuiciaron 16 años después de la comisión de la estafa. De esta forma, la acusación pública redujo de cinco años a un año y tres meses de cárcel a los principales imputados: Ricardo Corona y Pascual Mompó.

Para el resto de los procesados, la pena quedó establecida en ocho meses. Cada uno de los condenados abonarán una indemnización de 600 euros.