Creadores de precariedad

La arrogante y triunfalista propaganda oficial sobre el empleo me produce tristeza, preocupación y sobre todo indignación. Con las cosas de comer no se juega. Un "empleo decente" es la fuente fundamental de derechos cívicos, nunca la ciudadanía ha sido tan vulnerable como en la actualidad. Se han creado mas de cuatro millones de empleos en los últimos ocho años. Ha aumentado el número de cotizantes a la Seguridad Social, nos cuenta la propaganda oficial. Éste es el envoltorio, pero si analizamos el contenido, comprobaremos que el producto está adulterado y es de muy baja calidad.

Caminamos, utilizando la terminología de U. Beck, hacia la "brasileñización" laboral, entendida como "la irrupción de lo precario, discontinuo, impreciso e informal en un fortín que es la sociedad del pleno empleo de Occidente". Si a los más de dos millones de parados sumamos los que tienen un trabajo temporal (31%) o a tiempo parcial (8%) y, sobre todo, los trabajadores pobres, los que tienen un empleo que no les garantiza una vida decente -en España más de dos millones de trabajadores tienen salarios mensuales por debajo de los 600 euros-, comprobaremos que la población activa en situación "irregular e informal" es ampliamente mayoritaria. Con estos datos, a nadie puede extrañar que el 65% de la ciudadanía manifieste en las encuestas que el principal problema de España es la dificultad de encontrar un empleo.

En todas las ramas de actividad la tasa española de precariedad supera a la europea

A esta situación no se llega por generación espontánea. Hemos contado con un periodo económico irrepetiblemente favorable, con un crecimiento económico superior desde hace años a la media europea. ¿Qué se ha hecho políticamente para que estemos viviendo un proceso continuo de inestabilidad e incertidumbre de tránsito de un sociedad salarial de riesgo individualizado, de exclusión social estructural y de dualización del empleo?

El decretazo de 2001 o la reforma laboral impuesta, manifestación del autoritarismo de la mayoría absoluta, fue calificada por UGT y CCOO, de inútil (al no atacar el principal problema, la temporalidad del empleo), regresiva (por volver a una regulación del tiempo parcial muy variable, irregular y discrecional para el empresario), lesiva (decenas de miles de trabajadores obligados a asumir un contrato para la formación desnaturalizado) y perjudicial para el modelo de relaciones laborales (que debería seguir basándose en la negociación entre los interlocutores sociales y el respeto a los acuerdos alcanzados).

Menos mal que, a base de movilizaciones sostenidas en el tiempo, incluida la huelga general del 20 de junio, se obligó al Gobierno a rectificar y retirar su segunda contribución a la degradación y precarización del empleo. Sin ninguna justificación económica, dado el superavit histórico del Inem (utilizado para cuadrar las cuentas del déficit público, no para mejorar prestaciones), pretendía reducir el umbral de los salarios, mejorando aún más las subvenciones a las empresas, suprimir los salarios de tramitación para abaratar el despido, retirar a muchos parados de las estadísticas de paro y, sobre todo, hacer desaparecer el derecho a las prestaciones de desempleo, convirtiéndolas en un bien graciable de libre disposición. Sigue en el cajón la famosa reforma de la negociación colectiva para intentar culminar el puzzle con el ajuste de los derechos colectivos. Es preocupante que las reformas laborales nunca estén en los programas electorales. Se hacen sin avisar.

Los datos del Eurostat siguen situando a España como líder en precariedad con más de un 18% de diferencia (la siniestralidad viene seguida). Dicha tasa de temporalidad se produce en todas las actividades económicas. En concreto, en todas las ramas de actividad la tasa española de precariedad supera a la europea, y en prácticamente el 80% de ellas lo hace en más de 10 puntos porcentuales. España es el primer país de la UE en el que la oportunidad de salir del paro es un empleo temporal. Por el contrario es el último en el que la salida del paro es un empleo fijo. Es también el primer país de la UE en el que un trabajador temporal sigue siéndolo después de cinco años y el penúltimo en que después de cinco años haya conseguido un empleo estable. Además, la probabilidad de que, teniendo un empleo temporal, al cabo de cinco años se termine en el paro es de las tres mayores de la UE.

Una de la razones que explican la intensificación de la especialización en actividades de bajo valor añadido que caracteriza la economía española parece tener bastante que ver con el incentivo a estas actividades que supone un mercado laboral intensivamente precarizado. En términos general, cabe razonablemente suponer que la disponibilidad de una abundante oferta de empleo precario acentúa, al menos a corto plazo, las opciones empresariales basadas en el abaratamiento laboral, frente a otras que privilegien la estabilidad, la formación del trabajador, la calidad del trabajo y, en definitiva la productividad. Ésta es una cuestión de gran calado ya que de la misma se deriva en parte el retraso en el grado de desarrollo social, en el nivel de vida, y por supuesto en la capacidad competitiva de la economía española.

Y para culminar la faena hay que añadir la ineficacia de la política de empleo y de gestión del trabajo. España es uno de los países, que a pesar de la mayor tasa de paro, menos recursos dedica a sus políticas de empleo. Son la empresas las que se llevan la mayor parte de dichos recursos, quedándose muy desatendidas el resto de funciones necesarias relacionadas con la gestión del mercado laboral, la formación, el reciclaje profesional y el apoyo a los desempleados en la búsqueda de empleo.

Este modelo de empleo es muy americano, pero poco europeo. Hay que recordar que el modelo americano se basa en una enorme flexibilidad en materia de salarios, empleo y escasa protección social. El resultado es que hay 30 millones de trabajadores pobres, porque su salario es inferior al del umbral de la pobreza, 40 millones de personas sin derecho a asistencia sanitaria y el 2% de la población masculina adulta en la cárcel. El fundamentalismo neoliberal convierte a los "propagandistas" del pleno empleo en creadores de precariedad que nos conducen, a lo sumo, hacia el pleno subempleo.

No es extraño que la OCDE haga un llamamiento al Gobierno español sobre la necesidad de reducir la elevada tasa de temporalidad y la segmentación y dualización del mercado laboral. Urgen políticas de empleo y negociación para acordar su implementación. Espero que el nuevo Gobierno haga de la recuperación de la dignidad del trabajo el instrumento central de cohesión y ciudadanía social.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco.