Inmigración y papeles, una cuestión de tiempos

Nuevamente Barcelona ha asistido al encierro de personas inmigrantes que exigen una respuesta a su situación jurídica y social. Han sido más de un millar en la catedral y unos doscientos en la iglesia del Pi. Pero esta vez han durado poco. Ni siquiera se ha respetado su derecho a permanecer en lugar sagrado, con la correspondiente queja de los colectivos de la Iglesia. La policía los ha desalojado en pocas horas y al mejor estilo de los hombres de Harrelson, con nocturnidad y alevosía, frustrando las esperanzas de regularización administrativa no sólo de los valientes, sino también de casi un millón de personas que se encuentran, desde hace tiempo, en una suerte de limbo jurídico.

De todas las declaraciones que aparecen estos días en los medios de comunicación destaca la del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, por simple y real al mismo tiempo: "Es lógico que pase esto porque la inmigración es un drama". Sin embargo, el drama no es sólo la inmigración, sino las situaciones que desde hace años la acompañan, las cuales reducen a los inmigrantes a la condición de esclavos y víctimas en pleno siglo XXI. El colectivo inmigrante es esclavo, fundamentalmente, del poder económico. Pero también es víctima del poder político y policial, de las mafias y, muchas veces, de los propios medios de comunicación.

Es esclavo de un poder económico que permanentemente exige trabajadores en algunos sectores de la economía, como el agrícola y el doméstico, con la condición de que carezcan de documentos y puedan ser explotados y privados de derechos laborales básicos, como el de un salario justo, la sindicación, la protección ante accidentes laborales, las pensiones en situación de desempleo, etcétera.

Los inmigrantes son víctimas, además, del poder político, que, lejos de intentar desvincularse de esta visión utilitarista, se convierte en cómplice de ella, demorando la adopción de medidas efectivas para impedir esos abusos.

Como hace poco denunciaba la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Emigrantes, son también los numerosos y regresivos cambios en la legislación los que han producido un aumento constante de los expedientes, que han desbordado las oficinas de extranjería y provocado la irregularidad sobrevenida de muchos inmigrantes.

Ante esta situación, los inmigrantes se convierten en víctimas del poder policial y de su sistema de control. Así, ante la dificultad de frenar la llegada de inmigrantes irregulares y de ejecutar las expulsiones judiciales, se opta por abusos y violaciones de sus derechos, con lo que aumenta el riesgo de indefensión ya que, en la mayoría de los casos, existe ausencia o deficiencia de la asistencia letrada durante las detenciones.

También son víctimas de las mafias. Porque el refuerzo del control de entrada lo único que ha conseguido es reforzar el papel de las redes clandestinas de transporte y, con ello, que aumente el número de muertos y desaparecidos en aguas del estrecho y de las islas Canarias. Y cuando llegan, los elevados precios del mercado de la vivienda, sumados a los prejuicios de algunos arrendadores, condenan a este colectivo a habitar hacinado o en viviendas infrahumanas. Por no hablar de las redes de tráfico sexual que esclavizan a la mujer, a veces niña, y la obligan a vender su cuerpo a cuenta de una deuda familiar impagable a corto plazo.

Por último, los inmigrantes también son víctimas de algunos medios de comunicación que muchas veces transmiten una visión sesgada de su situación y de sus demandas. Así, con independencia de la opinión que se tenga respecto a la oportunidad o no de los encierros del último sábado, lo cierto es que el debate público no puede centrarse en los métodos o en la representatividad de esta o aquella asociación en defensa de los sin papeles. Y es que el verdadero problema, el auténtico drama, no es ése.

La mayor parte de los inmigrantes que realizaron los encierros son inmigrantes económicos. Ante la dramática situación de sus países de origen, optan por emigrar para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias.

Si se tiene en cuenta esta situación, lo que ha pasado recientemente es, como el propio presidente de la Generalitat reconoce, lógico. Pero precisamente por eso la respuesta institucional no puede agotarse en medidas policiales. Hacen falta reformas, pero reformas urgentes. Algunas han empezado a adoptarse, pero se debe avanzar con una mayor celeridad si de verdad se piensa que la situación de esclavitud de los inmigrantes es un lastre moral para todos los que vivimos en este país.

Frente a los que agitan el fantasma del efecto llamada, siempre cabrá recordar que el verdadero efecto llamada es el que comporta un sistema económico basado en la desigualdad entre unos países y otros. Desigualdad, por otra parte, creciente y cruel en las zonas donde la falta de oportunidades y la desesperanza inundan la convivencia diaria. En último término, es una cuestión de tiempos, y los de la Administración no son siempre los de las personas y sus necesidades.

Lourdes Ríos es directora del Observatorio DESC.