Los déficit sanitarios de Cataluña

Existen en Cataluña tres déficit sanitarios. Uno es el déficit entre el gasto público que la Generalitat de Cataluña realizó en sanidad en el año 2003 (884 euros por habitante) y el gasto público sanitario promedio del resto de España (903 euros). Este déficit de 19 euros por habitante responde sobre todo a las prioridades del Gobierno de CiU en la Generalitat, que tenía plena potestad para distribuir el gasto público como deseara. En contra de la imagen tan extendida y promovida por los medios públicos de la Generalitat (controlados por CiU hasta este año), el Gobierno conservador no se caracterizó por su sensibilidad social. En realidad, el gasto público sanitario por habitante es de los más bajos de España.

El otro déficit sanitario que tiene Cataluña es con la UE-15. Según los últimos datos del Idescat, la agencia estadística de la Generalitat, Cataluña se gasta en sanidad por habitante 1.049 unidades de poder de compra o upc (el valor de la moneda estandarizado para poder comparar el valor adquisitivo de la moneda en varios países. Es un valor ligeramente superior al euro). Este valor incluye no sólo el gasto en sanidad de la Generalitat, sino también el de otras instituciones de Cataluña, como las diputaciones y los municipios. Este valor es mucho más bajo que el promedio de la UE-15, 1.504 upc. Este déficit de gasto sanitario entre Cataluña y la UE, equivalente a 460 upc por habitante, ha aumentado desde 1993 y muy en particular desde 1996, como resultado de que el gasto público (incluido el sanitario) ha crecido mucho más lentamente en Cataluña y en España que el promedio de la UE como consecuencia del pacto de estabilidad y los presupuestos pactados entre el PP y CiU, que han alcanzado el equilibrio presupuestario cero a costa de que tanto la Cataluña social como la España social (incluidas la Cataluña y la España sanitarias) están entre las que tienen un gasto público menor. En realidad, el déficit de gasto público sanitario entre España y la UE aumentó el 30% durante los años de coalición entre el PP y CiU (1996-2001).

El tercer déficit es el fiscal entre Cataluña y España, que es la diferencia entre lo que Cataluña aporta al Estado español y lo que recibe. Este déficit, que debe existir por motivaciones solidarias con el resto de España, es excesivo y debe corregirse. Tal déficit se presenta con frecuencia como la causa del déficit sanitario catalán con la UE-15, lo cual es cierto sólo en parte. Si Cataluña tuviera el sistema tributario del País Vasco (y mantuviera las prioridades del Gobierno vasco), Cataluña tendría sólo 92 upc por habitante más, lo cual es muy insuficiente para cubrir el déficit de 460 upc por habitante de Cataluña respecto a la UE-15. Cataluña, cuyo nivel de riqueza es prácticamente el del promedio de la UE, tiene un gasto sanitario público que es sólo el 70% del promedio de la UE-15. Es evidente que el gasto público sanitario catalán es excesivamente bajo. Hay ahora un nuevo déficit sanitario, que es el descubierto en la auditoría que ha hecho el nuevo Gobierno de la Generalitat, un déficit presupuestario de nada menos que 1.200 millones de euros (de un presupuesto total de 6.000 millones) que representa una enorme soga al cuello para la Generalitat y que requiere pronta resolución.

Para cubrir estos grandes déficit se están haciendo varias propuestas. Una, hecha por voces próximas al Gobierno conservador anterior, es aumentar el gasto privado, incrementando la privatización de la sanidad catalana. Cataluña, sin embargo, ya tiene un gasto privado muy elevado y parece desaconsejable que se intente resolver el problema del déficit sanitario aumentando todavía más la financiación privada, que además reproduce la polarización público-privado que caracteriza la sanidad catalana y que contribuye a la pobreza de lo público.

La otra alternativa es el incremento del gasto público a través de impuestos, sean éstos directos (basados en el tramo catalán y español del IRPF) o finalistas indirectos. Entre estos últimos, el más apropiado es el impuesto sobre el tabaco, que, de ser alto (como debería ser), desincentivaría a los jóvenes para fumar, la epidemia de mayores proporciones entre la juventud en nuestro país. El Gobierno de la Generalitat puede aumentar el IRPF, pero no tiene potestad sobre los impuestos del tabaco (competencia exclusiva del Gobierno central).

De ahí que la Generalitat haya recurrido al único impuesto sobre el que sí tiene potestad. El impuesto sobre el consumo de gasolina (2,4 céntimos por litro), lo cual le permitiría recaudar alrededor de 70 millones de euros, cantidad importante pero muy insuficiente para cubrir aquellos déficit, lo cual no debería desaconsejar este impuesto ecológico (siempre y cuando se tomaran medidas protectoras de los transportistas y agricultores, que resultarían especialmente afectados por tal impuesto). En realidad, la gasolina en Cataluña es la cuarta más barata del Estado español, que tiene el precio de tal producto más bajo (después de Grecia) de la UE-15.

A la larga, sin embargo, tales déficit deben resolverse con un cambio de prioridades del Gobierno de la Generalitat (y es alentador que en los nuevos presupuestos para el año 2004 el gasto público por habitante en sanidad haya ascendido el 20% y sea de 1.045 euros, con lo que el gasto sanitario público financiado por la Generalitat ha pasado del 4,1% del PIB en el año 2003 al 4,6% en 2004) y un incremento del gasto público, basado primordialmente en un aumento de los impuestos directos y también indirectos finalistas. Cataluña no puede alcanzar los niveles de confort y calidad europeos que su nivel de riqueza le permite sin converger también en el gasto sanitario público.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.