Peces-Barba pide que se agrave la pena a los hombres en todo delito de maltrato

Uno de los siete padres de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, aseguró ayer en el Congreso que el proyecto de ley contra la violencia de género es "plenamente constitucional". Añadió que el mayor castigo a los hombres maltratadores, previsto para las amenazas y coacciones leves y para las lesiones, debe extenderse a todos los delitos de violencia de género. "Si se deja fuera algo, cae por su base la argumentación de la ley", puntualizó. En cambio, el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida consideró "inconstitucional" el agravamiento penal para los hombres.

El rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, inició ayer las comparecencias de expertos ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, encargada de los trabajos sobre el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género. Peces-Barba, que acudió a petición del grupo socialista, calificó de "plenamente constitucional" un proyecto de ley dirigido sólo a las víctimas femeninas de la violencia doméstica y que establece el agravamiento penal para los hombres en tres supuestos.

El rector aseguró que fue él quien auspició el artículo 9.2 de la Constitución, que -según ha reiterado el Gobierno- da pie a esta ley. "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", dice ese punto.

"Igualdad promocional"

A juicio de Peces-Barba, la discriminación positiva, que él denominó "igualdad promocional", permite favorecer los derechos de las personas que están en inferioridad, en este caso las mujeres por encontrarse en una situación de "flagrante vulnerabilidad". "No hace falta decir ni media palabra sobre lo justificada que es esa línea política basada en una estadística escalofriante", puntualizó. Aunque no ve problema para que la ley proteja a niños y ancianos, con ello "desaparecería el valor de prevención positiva de la ley".

Según el rector, la norma es "innovadora e importante porque también entra en el ámbito del derecho penal". "Afirmo la constitucionalidad plena del proyecto y también de la parte penal", añadió Peces-Barba. El proyecto de ley establece que las amenazas y coacciones leves serán delito si las causa la parte masculina de la pareja. Se mantienen como falta si son obra femenina. El proyecto también modifica el Código Penal en el caso de las lesiones: pena de prisión de dos a cinco años "si la víctima fuere o hubiese sido esposa o mujer que estuviese o hubiere estado ligada al autor por análoga relación de afectividad" (artículo 29, 4º). Si la autora es la mujer, la pena será de seis meses a tres años de prisión.

Al responder a las preguntas de los parlamentarios, Peces-Barba fue más allá y pidió que se "rastree todo el Código Penal" para agravar la pena masculina en todos los delitos de violencia de género. "Si se deja algo fuera, cae por su base la argumentación de la ley", advirtió. El proyecto deja sin agravar la pena en los casos de maltrato físico y psíquico habitual, el maltrato sin lesiones, las coacciones y amenazas graves, las vejaciones, el homicidio y el asesinato, según detalló a este periódico la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial, Monserrat Comas. Peces-Barba advirtió que si el Gobierno legaliza el matrimonio homosexual, la ley contra la violencia debería hablar de "autor" del delito.

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida (propuesto por Izquierda Verde) calificó de "inconstitucional" e ineficaz el agravamiento de las penas para los hombres. "En el Código Penal no cabe la discriminación positiva", dijo, tras oponerse al "delito de autor". Limitar el ámbito de la ley a las mujeres maltratadas puede ser válido si se justifica constitucionalmente. Añadió que el problema de la violencia "está magnificado". El catedrático de Derecho Procesal José María Asencio (propuesto por el PSOE) defendió los juzgados especializados contra la violencia.

El catedrático de Sociología Amando de Miguel (propuesto por el PP) dijo que la norma "generará un incremento de la violencia", ya que muchas denuncias son "un fraude de ley para conseguir ventajas en la separación". Calificó la ley de "propaganda". Creará una "gigantesca burocracia" y "una gigantesca ubre para alimentar a los movimientos de mujeres". Sin dar datos, afirmó que las parejas de hecho son más violentas que las casadas. La diputada del PP Ana Tormo le agradeció su "perspectiva valiente, que es un estímulo intelectual". Las representantes de asociaciones de mujeres, Enriqueta Chicano y Ana María Pérez del Campo, apoyaron la ley.