El cóndor ya no vuela

Augusto Pinochet tendrá que rendir cuentas al menos por la desaparición de 19 personas en la Operación Cóndor. La suspensión de la inmunidad, en este caso por la Corte Suprema de Chile, permitirá al juez Guzmán interrogarle y, en su caso, procesarle. Para evitarlo, probablemente la defensa volverá a objetar motivos de salud. Pero esta vez el octogenario general lo tendrá mucho más difícil para burlarse de los jueces y librarse por demencia senil. Sus declaraciones en diciembre a una televisión de Miami, o al juez que investiga las decenas de millones de dólares que tiene en el banco Riggs de EE UU, reflejan un estado de lucidez que ha facilitado este paso de la Corte Suprema con el que la justicia chilena gana en credibilidad.

Ya casi nadie, ni siquiera entre sus seguidores, salen a defenderle. Pinochet no sólo está quedando ante la historia como un criminal que dio un golpe de Estado y llevó a cabo una sangrienta represión, sino como un dirigente que también expolió la riqueza de su país para enriquecerse él, su familia y muchos de los que se levantaron con él contra el presidente constitucional Salvador Allende en aquel otro 11 de septiembre. El reparto de este botín sigue siendo una asignatura pendiente de examinar en Chile.

Con la Operación Cóndor, las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay se coordinaron en los setenta y ochenta para perseguir y asesinar a los que se les resistían. Fue la acusación de participación de Pinochet en esta trama la que disparó el procesamiento de Pinochet en la Audiencia Nacional española por parte del juez Garzón y que llevó a la demanda de detención y de extradición que le retuvo en Londres durante 503 días en 1997-1998. El general se libró de ella por supuesta senilidad que desapareció al levantarse de su silla de ruedas al regresar a Chile. Tras librarse por los mismos motivos de otro procesamiento en Chile en 2001, el Supremo chileno ha venido a confirmar lo que la Corte de Apelación de Santiago ya había dictaminado en mayo pasado.

Es posible que con 88 años de edad, su proceso se alargue. Pero si no acaba condenado y en la cárcel, al menos sentirá que la justicia es tenaz y no le permitirá un final tranquilo. El procesamiento debería servir para sacar a la luz aspectos aún muy oscuros de esta operación. Es un paso en una dirección similar a la de la Corte Suprema argentina al considerar que los crímenes de lesa humanidad no tienen fecha de caducidad. Las víctimas de estos crímenes y sus familiares se merecen que se haga justicia, y la historia, que no se repitan.