Los vecinos de Terres Cavades denuncian ante el fiscal al ex concejal Fernández y al senador Badia

Los vecinos de Terres Cavades escribieron ayer un nuevo capítulo en la polémica que acompaña a este proyecto urbanístico, al denunciar ante la Fiscalía de Tarragona al concejal dimisionario de Urbanismo Àngel Fernández, a su hermano Juan, al senador -y, por tanto, aforado- Lluís Badia y al principal empresario inmobiliario de la ciudad, José Luis García. En la denuncia se acusa al ex concejal de prevaricación y tráfico de influencias, y se pide que se investigue al senador, que obtuvo una plusvalía de 4,2 millones de euros en una compraventa de terreno en la zona.

Los abogados de la asociación de vecinos afectada creen que existen indicios suficientes como para que la fiscalía investigue si los hermanos Fernández -ambos con participación económica en el proyecto- y Badia, senador por CiU, hicieron uso de información privilegiada.

Asimismo, la denuncia acusa a Àngel Fernández de prevaricación, de tráfico de influencias, de abuso en el ejercicio de sus funciones y de un delito sobre la ordenación del territorio. "Con nuestros medios y con lo que a simple vista hemos descubierto, se entrevé una relación oscura entre estas personas", decía ayer la presidenta de la asociación vecinal de la zona de Terres Cavades, Patricia González.

Las investigaciones de estos vecinos han servido ya de base al Departamento de Gobernación para emitir un informe en el que se considera ilegal la participación del concejal en las votaciones que dieron luz verde a Terres Cavades. Esta misma documentación -carpetas y más carpetas de fotocopias de los registros mercantil y de la propiedad- la tiene desde ayer sobre la mesa la Fiscalía de Tarragona, que ya ha abierto de oficio diligencias para esclarecer el mayor escándalo que se recuerda en la ciudad.

Los vecinos creen que el concejal, su hermano empresario, el constructor García y el senador Badia han podido servirse mutuamente para obtener todos ingentes beneficios económicos, y piden que la fiscalía lo aclare. "No queremos a nadie en prisión, sino que se aclare todo, que se sanee la ciudad y recuperar la confianza en los políticos", señaló González.

Para reforzar esta denuncia, los vecinos también argumentan el secretismo que ha rodeado el proyecto de Terres Cavades desde su inicio. González, que lleva 16 años viviendo en la zona, conoció la existencia de este proyecto a través de la prensa y asegura que "nadie del Ayuntamiento" le dio información "pese a que luego dijeron que era de interés general".

Y dos años después de comenzar los trámites municipales, González aún desconoce los límites exactos de Terres Cavades. La legalidad ampara al grupo de empresarios que compró progresivamente terrenos en el área, hasta hacerse aproximadamente con el 75%, y presentó en el año 2000 una solicitud al Ayuntamiento para que comenzara los trámites de urbanización. En la práctica, a los vecinos les toca vender o asumir los costes proporcionales de la construcción de calles, según González, y los alegan también en su denuncia que han sido objeto de lo que denominan mobbing inmobiliario.

Sin embargo, tras conocerse que un hermano del concejal participa en la sociedad que, tiene previsto construir 4.872 viviendas en la zona, estalló un escándalo que le ha costado el cargo a Fernàndez y que ha puesto contra las cuerdas al gobierno municipal formado de -CiU y PP-. Y más cuando Gobernación ha emitido un informe que juzga ilegal el procedimiento y, en breve, el Departamento de Política Territorial emitirá otro que podría paralizar el proyecto.

Tanto el grupo municipal de ERC como el del PSC han planteado ya una revisión total del proyecto, que tenga en cuenta la especificidad de cada caso particular entre los vecinos. "Este trozo de tierra contiene un poquito de historia de Tarragona, y bien se merecía un poco de rebelión. Cinco mil viviendas aquí no son sostenibles", sentencia González.