La Generalitat investiga el cambio de edificabilidad en La Roca
Un edil cuyo padre es copropietario del solar votó a favor de ampliar el número de viviendas
Política Territorial revisará la decisión de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de autorizar un cambio de edificabilidad en terrenos de La Roca del Vallès, según anunció ayer el consejero Joaquim Nadal. El plan inicial preveía la construcción de 70 casas de dos plantas, mientras que las modificaciones introducidas permiten construir 233 pisos. CiU ha llevado el caso a los tribunales y pide la nulidad de los acuerdos porque se aprobaron con el voto de un concejal cuyo padre es propietario de una parte de los terrenos. Salvador Illa, alcalde socialista, sostiene que todo fue legal ya que antes de la votación pidió un informe sobre el voto del edil; además, añade, la cesión de terrenos ha aumentado.
El portavoz de CiU, Felip Puig, entiende que Joaquim Nadal no ha mostrado en el caso de La Roca la misma diligencia que en Tarragona, donde ha frenado el proyecto de Terres Cavades aduciendo que votó un concejal (Àngel Fernández) cuyo hermano tenía intereses en el proyecto. Por el contrario en La Roca, donde el cambio fue aprobado con el voto de un concejal socialista cuyo padre es propietario de los terrenos, Urbanismo no vio ningún problema.
Salvador Illa, alcalde de La Roca, cree que el caso no tiene que ver con el de Tarragona. "Aquí se aprueba una modificación del plan general. El suelo era urbanizable y la calificación no cambia". Lo que ocurre es que los 14.000 metros de techo iniciales se convierten en 28.000. "Hemos optado por un modelo de urbanismo compacto", explica Illa, "y además hemos hecho un buen negocio porque las cesiones de terreno al municipio han pasado del 45% al 85%, de modo que no aumenta el aprovechamiento de los propietarios".
Illa quita hierro al voto del concejal Miquel Estapé y explica que previamente pidió un informe jurídico y que el porcentaje de propiedad del padre es del 3,61% y anterior a la modificación del plan general, que se hizo cuando Estapé no era concejal, en 1991. En su opinión, el proyecto es legal y, una vez aprobado por la Comisión de Urbanismo, sólo queda publicarlo en el Diari Oficial de la Generalitat para que se pueda poner en marcha. Si Nadal lo tumba, aseguró, "el Ayuntamiento recurrirá contra la decisión".
La oposición no es de la misma opinión. Rafael Ros (CiU) asegura que las zonas verdes que gana el consistorio son "terrenos inundables en la margen del Mogent". En su día presentaron un recurso contencioso administrativo en el que reclaman la nulidad de todas las decisiones tomadas con el voto de Estapé. Y añade: "La Comisión de Urbanismo aprobó los cambios con gran rapidez, aunque conocían el problema. Hubiera sido aconsejable que solicitaran un informe jurídico, pero no lo hicieron". Los responsables de Urbanismo entienden que no era necesario porque había un informe del secretario municipal, previo a la votación.
La opinión de Nadal es que su departamento debe actuar "igual que en Tarragona", es decir, sin declaraciones públicas de ningún tipo hasta que haya una decisión definitiva. De modo que ahora Urbanismo debería revisar el proceso y decidir si anula las decisiones tomadas con el voto del concejal o si ratifica la aprobación dada el pasado 14 de julio.
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