El ministro de Justicia defiende que los jueces hablen catalán

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, advirtió ayer en Girona de que las decisiones del Parlamento sobre el fomento de las lenguas cooficiales están por encima de los criterios del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado miércoles votó en contra de exigir por ley el dominio del catalán a los jueces que ejerzan en Cataluña. "Ésta es una iniciativa parlamentaria y es al Parlamento a quien corresponde en estos momentos dominar el curso del procedimiento", dijo el ministro en la XIX Asamblea Anual de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.

El grupo parlamentario socialista y el Gobierno están convencidos de que "es posible, de acuerdo con la Constitución, promover la cooficialidad lingüística y el uso de las lenguas cooficiales sin que ello suponga ningún desdoro ni de la unidad ni de la independencia en su conjunto del poder judicial; ni que eso reporte efectos negativos a la estructura u organización del poder judicial", afirmó López Aguilar.

El ministro aseguró que se estudiará con detalle el contenido del informe del CGPJ -en el que prevaleció el criterio de la mayoría conservadora- al mismo tiempo que los votos particulares, en referencia a los argumentos de los magistrados que defendieron que la cooficialidad de la lengua catalana debe llegar a todos los ámbitos administrativos y judiciales, incluidos los jueces.

López Aguilar aseguró que el Gobierno ha hecho "seña de identidad" de la defensa de la pluralidad lingüística y del respeto a las comunidades. Recordó también que ningún otro Gobierno se ha esforzado tan sinceramente en impulsar la cooficialidad de las lenguas, tanto en España como en Europa.La Generalitat consideró ayer que la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de rechazar la propuesta del Parlament de requerir el catalán en la carrera judicial "no se ajusta al marco constitucional", porque la Constitución reconoce la cooficialidad de lenguas en diversas autonomías. El CGPJ basa su rechazo a esta propuesta, fundamentalmente, en el hecho de que los jueces y magistrados forman un cuerpo único de ámbito estatal y, por tanto, no se les puede exigir ningún conocimiento lingüístico diferente al castellano.

Sin embargo, el Departamento de Justicia no está de acuerdo con este argumento porque "sería tanto como decir que al poder judicial, a diferencia de los otros poderes, no le afecta la oficialidad de las lenguas propias y, sobre todo, los derechos lingüísticos de los ciudadanos". Justicia subrayó en un comunicado que el Parlament no prevé "de manera indiscriminada" el establecimiento del conocimiento de la lengua catalana como requisito en toda la provisión de plazas de jueces en el territorio catalán. "La propuesta de la Cámara catalana prevé la conjugación de la evaluación de la lengua como requisito, por un lado, y como mérito, por otro", matizó el comunicado. Para ingresar en la carrera judicial, el Parlament de Catalunya propone que el conocimiento del catalán se valore como mérito, mientras que en los casos de elección de plaza en concursos voluntarios se pide que el conocimiento de la lengua catalana sea obligatorio. En esta proposición hay un tercer supuesto: que en los cambios de destino forzoso, cuando un juez o magistrado desconozca el catalán, se establezca una formación obligatoria.