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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Bajen el pistón

El primer partido de la oposición ha anunciado que romperá relaciones con el Gobierno si no hay una rectificación del Ejecutivo respecto a la acusación de que Aznar ordenó en 2002 apoyar el golpe contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Esa acusación, formulada por el ministro Moratinos coincidiendo con la visita de Chávez a España, fue un serio error, según opinión generalizada. Pero podría tener efectos más graves para la política española si quienes pueden frenar esta escalada de agravios y órdagos se empeñan en proseguirla. Hay dos comparecencias parlamentarias en el horizonte inmediato que pueden resultar decisivas: la de Aznar el lunes, ante la comisión del 11-M, y la de Moratinos el miércoles, en la Comisión de Exteriores del Congreso.

Es impropio de un partido que se presenta a sí mismo como de Gobierno hacer política a base de exigencias perentorias de dimisión de un ministro bajo amenaza de ruptura. Por grande que sea el agravio, no hay relación entre lo dicho por Moratinos y la suspensión de toda relación entre el primer partido de la oposición y el del Gobierno sobre cuestiones como la reforma del reglamento del Congreso, el referéndum europeo o la inmigración, entre otros. Si el lunes Aznar insiste en su discurso de deslegitimación de los resultados del 14-M, estará sentando las bases para perpetuar esta dinámica de destrucción mutua asegurada.

Moratinos debería corregir su entuerto, con independencia de los atenuantes que pueda alegar. Su acusación fue extemporánea y no probada. Algunas reacciones de su partido, considerándose la parte agraviada, son poco inteligentes. La ocasión debería servir para que el Gobierno marcase una frontera más nítida entre lo que son cuestiones de Estado y lo que está sometido a la controversia partidaria. Lo debería hacer por razones de principio y por propio interés. Su programa para la legislatura tiene como eje central las reformas institucionales, para las que necesita contar con el PP; no sólo numéricamente: sería suicida intentar reformar la Constitución y los estatutos contra un partido que tiene más de nueve millones de votos y 148 escaños. En lo inmediato, Zapatero necesita también al PP para sacar adelante -con una participación presentable- el referéndum sobre la Constitución europea.

El PP lo sabe. La tentación de situar en primer plano el puro antigubernamentalismo es fuerte en el PP actual. Pero, tras ocho años en el poder, necesitaba un pretexto de peso para desempeñar ese papel. Rajoy se comprometió en el discurso de investidura de Zapatero a propiciar el consenso en política exterior y a mantener una actitud leal con el Gobierno en ese terreno. Luego ha entendido esa lealtad de forma bastante irónica, a la vista de la febril actividad desplegada por Aznar fuera de España en contra del Gobierno. Significa, sin duda, que sólo es válido y consensuable el regreso a la política del PP, que fue el que rompió el consenso existente desde los setenta. Es posible que los estrategas del PP hayan visto en el patinazo de Moratinos la ocasión para justificar la ruptura, extendiéndola a todos los terrenos. Con ello pueden causar averías al Gobierno de Zapatero, pero al precio de perder cualquier referencia de centralidad en la vida política española.

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