Energía solar, cenicienta de las renovables

Todo un contrasentido: en el país del sol, la energía solar no despega, al contrario que la eólica, cuyos molinos de viento suponen ya una potencia instalada similar a la de una central atómica y marcan el paisaje, ya sea en La Mancha, en Navarra o en Canarias. Una situación que contrasta con la de Alemania, mucho más sombrío, pero donde la utilización del poder del sol, sobre todo en el ámbito doméstico, es 10 veces superior a la de España. Trabas burocráticas, poco apoyo público y falta de información frenan una energía limpia, inagotable y que reduce espectacularmente el veneno vertido a la atmósfera, algo obligado por el Protocolo de Kioto y las normas de la UE.

El borrador del Código Técnico de la Edificación (CTE), que se aprobará en 2005 y será plenamente efectivo en 2006, pretende dar un impulso decisivo a la cenicienta de las renovables, al hacer obligatorias las placas solares para calentar agua sanitaria en inmuebles de nueva construcción o que se rehabiliten. No es tan caro como podría pensarse. La factura se puede reducir mucho con ayudas públicas y con la repercusión directa en el recibo de la luz.

Una paradoja: en el país del sol, la implantación de la energía solar (térmica o fotovoltaica) es 10 veces menor que en Alemania, mucho más 'sombrío'

Una normativa de la UE que persigue el aumento de la eficiencia energética hará obligatorios en 2005 los paneles para calentar agua en nuevos edificios

Paradójicamente, la industria solar es puntera en cuanto a investigación y desarrollo. La segunda empresa europea del sector (y séptima mundial) es española, pero exporta la mayor parte de su producción. Porque las placas solares, tan limpias o más que los aerogeneradores, que calientan agua para usos domésticos o vierten electricidad a la red, siguen siendo excepcionales, y su implantación sigue muy por detrás de las previsiones del Plan de Fomento de las Energías Renovables. Las ayudas oficiales, atractivas en teoría, no tienen dotación presupuestaria suficiente.

Eficiencia y ahorro

Francisco Javier García Breva, director del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía), recuerda que el CTE no es sólo el reflejo de una apuesta política por la eficiencia y el ahorro energético, sino que responde a la necesidad de adaptarse a una normativa de la UE de obligado cumplimiento a partir de 2006. Además, la situación, especialmente en el sector residencial, ha adquirido tintes alarmantes, agudizados por el espectacular aumento del precio del petróleo.

"El boom de la construcción", señala este ex diputado socialista tradicionalmente vinculado a los temas energéticos y medioambientales, "ha sacado al mercado medio millón de viviendas nuevas al año, levantadas casi siempre sin criterios de eficiencia, y eso ha hecho aumentar la demanda y el consumo de energía en más de un 5% anual.

Todo un despilfarro. De seguir así, para 2012, el incremento sería del 40% en el sector doméstico y del 100% en el de oficinas. Por otra parte, las emisiones de CO2 a la atmósfera tienen también un impacto económico, ya que la Unión Europea pasará factura por ellas al Estado". El parque español de inmuebles es de nueve millones de edificios, lo que supone 20 millones de viviendas y 800.000 locales comerciales. El impacto de aplicar ahí, y no ya tan sólo en las viviendas nuevas, criterios de eficiencia energética sería descomunal.

El IDAE apuesta por potenciar con ayudas públicas, sobre todo, a la energía solar térmica, a la que se presta una especial atención en el proyecto de ITE. Primero, porque, como señala García Breva, se considera "más rentable", una rentabilidad medida en términos de eficiencia energética. Segundo, porque cree que el apoyo que tiene la fotovoltaica con la prima recibida por cada kilovatio hora que se entrega a la red eléctrica (unas 69 pesetas) supone ya un atractivo suficiente.

Ahora se puede optar (pero no siempre obtener) en las dos modalidades a ayudas estatales de un 20% del coste de la instalación a fondo perdido, un 10% de desgravación fiscal y el 70% restante en un crédito a interés prácticamente nulo. En ocasiones, hay también subvenciones adicionales de comunidades y ayuntamientos.

Fuentes de la industria solar térmica estiman que una instalación para agua caliente sanitaria en una vivienda unifamiliar de Valencia para seis personas cuesta 2.500 euros, y que el ahorro durante la vida útil (unos 25 años) superaría los 10.000 y evitaría la emisión a la atmósfera de 87 toneladas de CO2. Para una residencia geriátrica en León con 24 internos ascendería a 10.000 euros, y para una comunidad de propietarios con 358 vecinos en Torremolinos, a 55.000. El importe y la eficiencia energética dependen de la zona (por el grado de radiación solar) y del uso (agua caliente, piscina, calefacción, etcétera). La rentabilidad dependería de si hay o no ayudas públicas. Fuentes del IDAE estiman que la instalación de un sistema solar térmico en edificios nuevos supondría entre 1.100 y 1.400 euros por vivienda, entre el 0,5% y el 0,8% del coste total.

En el caso de la fotovoltaica, una instalación de cinco kilovarios pico, suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de un chalé de 200 metros cuadrados, cuesta unos 36.000 euros con conexión a la red y 50.000 si no es así, opción ésta última casi obligada si el tendido eléctrico está lejano. No hay entonces posibilidad de rentabilizar la inversión con el retorno por la venta a la red de la electricidad producida.

Balón de oxígeno

Juan Fernández, presidente de la Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT), cree que el sector se halla un tanto desamparado, pero que la obligatoriedad que impondrá el nuevo CTE supondrá un balón de oxígeno. "No obstante, el borrador presenta importantes lagunas", subraya, "como que haya territorios del norte en los que no serán obligatorias las instalaciones solares térmicas. Si no se cambia, será un tremendo error, se tiraría por la borda la eficacia del plan". En toda España se instalan anualmente unos 60.000 metros cuadrados de paneles solares térmicos, ocho o nueve veces menos que en Alemania. A este ritmo, el objetivo para 2010, en torno a los cinco millones, sería inalcanzable, pero la nueva normativa hará que esa meta deje de ser una utopía.

Javier Anta, presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), reconoce que la clave del problema es que "la energía fotovoltaica es seis veces más cara que la hidráulica, la térmica o la eólica". Pero ve muy clara la solución: "Si hay apoyo oficial, la industria está en condiciones de seguir bajando el precio al menos un 5% cada año. Incluso mucho más porque, cada vez que se duplica la implantación de las placas, se reduce el coste en cerca de un 20%. Ahora, a nivel mundial, se duplica cada tres años".

La industria fotovoltaica pide al Gobierno que sea ambicioso y eleve el objetivo del plan de fomento. Ahora mismo, es de 143 megavatios de potencia instalada para finales de 2010. "Creemos", sostiene Anta, "que debería revisarse hasta los 1.000, instalando cada año el doble que el anterior. Es un gran reto, pero estamos en condiciones de afrontarlo con el apoyo de la sociedad en general y a través de las Administraciones".

Con la prima recibida por la venta de electricidad a la red, un aumento de los fondos para créditos blandos y una simplificación de la burocracia, la energía solar fotovoltaica podría alcanzar la implantación que sería lógica en el país con más sol de Europa. El nuevo CTE echará también una mano, al hacer obligatoria su instalación en hospitales, hoteles de cierto tamaño o hipermercados.

No hay duda de que el modelo energético actual está en crisis.Las energías renovables (y, por supuesto, la solar) son parte esencial de la solución, por motivos tanto ecológicos como económicos. Pero aún falta el impulso político definitivo.