Exceso de comunicación

Repartidas por toda España hay unas 30.000 antenas de telefonía móvil que, sin embargo, no son suficientes para garantizar los servicios de la nueva generación de teléfonos UMTS, capaces de soportar videoconferencias o facilitar la navegación por Internet a alta velocidad.

Las operadoras afirman que, en el plazo de cuatro años, habría que instalar entre 15.000 y 20.000 nuevas antenas para cubrir estos servicios, y que difícilmente podrán cumplirse estas previsiones si se mantiene la oposición social a este tipo de instalaciones y, sobre todo, se multiplican las trabas administrativas a las que han de someterse.

Lo cierto es que el desarrollo de esta tercera generación de móviles se ha ralentizado por este motivo, ya que cada vez son más las voces que se alzan reclamando mayores cautelas ambientales. Ecologistas en Acción ha llegado a proponer una moratoria en tanto no se neutralicen los posibles riesgos sanitarios de estas nuevas fuentes de contaminación electromagnética, para lo que sería imprescindible "una reforma en profundidad de la normativa estatal sobre esta materia, con una disminución drástica en los niveles de emisión".

División científica

La comunidad científica sigue dividida en lo que se refiere al impacto sanitario de este tipo de instalaciones, pero continúan publicándose estudios que advierten de posibles efectos nocivos en las personas, por lo que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han decidido aplicar, de forma estricta, el principio de prevención, reforzando las limitaciones impuestas por la normativa estatal.

De esta manera, en todo el país se aplican entre 500 y 600 normas y ordenanzas referidas a esta materia, aun cuando los tribunales, a iniciativa de las propias operadoras, han dejado sin efecto algunas de estas disposiciones.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias tratan de entender la difícil situación a la que se enfrentan las operadoras, pero también consideran que este problema podría resolverse, en parte, elaborando los denominados "mapas de antenas", en los que se fijaran criterios para compartir instalaciones. Ésta, sin embargo, no es una idea que guste a las empresas del sector, ya que la distribución de las diferentes redes es un factor competitivo al que no quieren renunciar.

Así las cosas, y en tanto se alcanza algún acuerdo de ámbito nacional, las operadoras que ya se han embarcado en los servicios UMTS vienen aplicando nuevas estrategias para sortear el rechazo de algunos ciudadanos y colectivos.

En primer lugar, han delegado en sus suministradores de red (grandes multinacionales como Ericsson o Siemens), o en las empresas instaladoras subcontratadas, el mal trago de la negociación con ayuntamientos y comunidades de vecinos, evitando así un desgaste similar al que sufrieron cuando se implantó la telefonía GSM. También han apostado por nuevos diseños de antena que, literalmente, se mimetizan en un entorno urbano, y que nada tienen que ver con los clásicos mástiles cargados de parafernalia electrónica.

Las antenas UMTS pueden tener el aspecto de una chimenea, un anuncio luminoso o una farola, y su tamaño puede reducirse hasta el extremo de pasar desapercibidas integradas en algún elemento constructivo.

"Estas estrategias de ocultación y camuflaje", denuncia Ecologistas en Acción, "buscan desorientar y hacer ignorar a los ciudadanos la existencia de focos de contaminación electromagnética y, así, disminuir la preocupación social por el despliegue de las redes de telefonía móvil". Además, se está produciendo un despliegue de microantenas y picocélulas a baja altura sobre las calles, "originando una emisión muy directa sobre los peatones y edificios cercanos". Ni siquiera en estos casos, añade este colectivo, "se cumplen las tímidas recomendaciones planteadas en la normativa estatal sobre la disminución de niveles de emisión en zonas sensibles como centros de enseñanza, hospitales o parques y jardines".

La salud no es el único argumento que esgrimen los que se oponen a esta proliferación de antenas. También hay factores que tienen que ver con la disciplina urbanística o la seguridad, ya que muchos de estos dispositivos se han instalado sin la preceptiva licencia municipal cuando, en algunos casos, suponen el establecimiento, sobre azoteas de edificios habitados, de estructuras con varias toneladas de peso. Tampoco se han respetado en algunos casos unos mínimos criterios estéticos, de manera que los mástiles causan un notable impacto paisajístico en determinadas zonas rurales y también en entornos urbanos de valor histórico-artístico.