La Fiscalía pide que se abra procedimiento por prevaricación al alcalde de Alhaurín de la Torre

El fiscal de Medio Ambiente de Málaga ha pedido al juzgado de instrucción número 6 de Torremolinos que abra diligencias penales contra el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, del PP, al estimar que hay "indicios suficientes" para imputarle un presunto delito de prevaricación por permitir que parte de una parcela de uso público de la urbanización Retamar fuera utilizada por los promotores de ésta para la construcción de viviendas. El ministerio público imputa también al concejal de Urbanismo, Gerardo Velasco, y el arquitecto municipal, Aurelio Atienza

El fiscal, Juan Carlos López Caballero, sostiene en el escrito que envió al juzgado de instrucción número 6 de Torremolinos el pasado 23 de noviembre que "de lo hasta ahora investigado resultan indicios suficientes para efectuar una imputación penal por presunto delito de prevaricación -sin perjuicio de ulterior calificación- contra los denunciados".

El asunto se refiere a la alteración de la superficie de dos parcelas para áreas libres y equipamientos que el Ayuntamiento obtuvo mediante un convenio urbanístico suscrito el 12 de febrero de 1999 con las promotoras Ingesar S.L. y Sogec S.L., propietarias de la urbanización Retamar. En virtud del acuerdo, el consistorio recalificaría una tercera parcela de 16.533 metros cuadrados que estaba catalogada de deportiva privada, para la construcción de viviendas unifamiliares adosadas.

En octubre de 1999, la asociación de vecinos de la urbanización informó al consistorio de que la promotora había invadido en las obras de construcción de las viviendas parte de la zona dedicada a espacios libres y equipamiento, en concreto 3.755 metros cuadrados de superficie.

Al comprobar que las mediciones de los planos no concordaban con la realidad física de la zona, el alcalde pactó con las promotoras reducir la superficie de la parcela que había sido recalificada para viviendas, que se rebajó de 16.533 a 15.366 metros cuadrados. Sin embargo, según el relato del fiscal, se "consolidaba la ocupación" de la parcela de equipamiento público pues pese a la reducción de la misma, en los nuevos planos se mantenía ocupada parte de la parcela de uso público.

En febrero de 2000, el pleno aprobó un estudio de detalle con la nueva superficie de esta parcela, con un informe favorable del técnico municipal. Sin embargo, la legislación sobre suelo vigente en aquel momento exigía que una modificación de esta naturaleza competía al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previos dictámenes favorables de la Consejería de Obras Públicas y del Consejo Consultivo.

El fiscal entiende que en este caso, "la falta de competencia es absoluta, por lo que puede decirse que se ha desbordado la legalidad de forma patente y clamorosa". Agrega además que hay un "plus de antijuridicidad" porque la decisión del Ayuntamiento "afectó a los intereses generales, al verse reducida la superficie del suelo de uso público, en beneficio de los promotores particulares".

El fiscal considera también que los denunciados llegaron a conocer la ocupación por parte de los promotores de la parcela de uso público, "pese a lo cual se autorizó el nuevo documento".

En febrero de 2000, una vez iniciadas las actuaciones del fiscal por una denuncia de IU, la corporación propuso un nuevo convenio con la promotora para compensar con una nueva cesión la pérdida de suelo público. El fiscal considera que ello "no empece" la presunción de delito porque fue una propuesta que no llegó a aprobarse y, "en todo caso, tal compensación no anula el hecho de haberse alterado la superficie de zonas de uso público de forma totalmente irregular".

El juzgado ha pedido consultas sobre la situación de Villanova, que cuando se produjeron los hechos era senador y por tanto tenía condición de aforado. IU valoró ayer la petición fiscal y anunció que continuará con su labor de fiscalizar el cumplimiento de la legalidad urbanística en el municipio.