Parálisis en la Audiencia Nacional

Hoy hace un año y medio que nuestro hijo y hermano Ígor fue detenido en Barcelona e incomunicado durante cinco días; por aplicación de la ley antiterrorista fue internado sin libertad condicional en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). Aún no ha sido juzgado de los cargos de que se le acusa y el fiscal ni siquiera ha realizado la petición de condena. Ya son 18 meses, 78 semanas de desplazamientos desde Sant Cugat del Vallès hasta Soto del Real (Madrid) para visitarle y darle apoyo emocional.

Hemos pedido en varias ocasiones al juez la libertad condicional y se nos ha denegado; a políticos catalanes y a las organizaciones Amnistía Internacional, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) y al Síndic de Greuges que le permitan estar en un centro penitenciario cercano a su casa, o que ayuden en los desplazamientos de amigos y familia, o que no se permita que la justicia de la Audiencia Nacional esté funcionando sin compasión con un retraso tan inhumano de hasta cuatro años antes de realizarse un juicio. Los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional lo consideran normal; los políticos creen que no es oportuno el asunto y que no pueden tomar posición en una cuestión relacionada con el terrorismo, ya que se puede hacer mucha demagogia; el Síndic de Greuges considera que es un asunto que no le incumbe y aconseja que nuestra solicitud sea evaluada por los servicios sociales penitenciarios de Madrid, y de Amnistía Internacional todavía estamos esperando respuesta desde hace más de seis meses. La única excepción es la respuesta de la asociación ACAT, que envió una carta al ministro del Interior recogiendo nuestras consideraciones, pero no ha tenido resultado aparente.

Hasta que no vives una experiencia así, no te das cuenta de lo injusto que es que una persona pase hasta cuatro años de su vida en la cárcel sin ser juzgada y que nadie diga nada. Creemos que ya es hora de que nuestro hijo y hermano y las demás personas que esperan su turno tengan un juicio con todas las garantías y sin más demoras. Nuestro hijo y hermano deberá responder de sus acciones, pero no hay derecho de que lo tengan recluido sin juicio y que sus familiares y amigos tengamos que desplazarnos semanalmente más de 1.000 kilómetros. Es injusto, inhumano, y es un problema grave que creemos que la sociedad no puede permitir que siga igual.