La crisis por la liberalización de los servicios domina la cumbre europea

La crisis entre París y Bruselas por el proyecto legal para liberalizar el comercio de servicios en la UE -la llamada directiva Bolkestein- dominó ayer el comienzo de la cumbre europea dedicada a reactivar la lánguida economía del club. Los líderes acordaron anoche que negociarán modificaciones a la norma para preservar los derechos de los trabajadores. Dieron así respuesta al rechazo a esa directiva del presidente francés, Jacques Chirac, presionado porque la polémica origina una sangría diaria en pérdida de apoyos a la Constitución europea a dos meses de que los franceses la voten en referéndum.

Frente a los países del Este y a Bruselas, Chirac cuenta con Alemania, Suecia y Bélgica, pero ayer se ganó otro aliado clave cuando el propio presidente de la UE, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, afirmó: "No podremos aceptar nunca la directiva en su redacción actual". El proyecto legal no será retirado, como pedían Francia y sus aliados y rechazaba la Comisión, sino sólo modificado, porque, como explicó anoche Juncker, la liberalización del mercado de servicios es necesaria para fomentar el crecimiento, el empleo y la competitividad, pero sólo se hará eliminando los riesgos que el proyecto actual puede encerrar contra los derechos sociales de los trabajadores.

El terror al dumping social que despierta la directiva Bolkestein, así denominada porque su redactor fue el ex comisario holandés Frits Bolkestein, se basa en que el proyecto señala que toda empresa de servicios de un Estado de la UE podrá actuar en cualquier país de la Unión aplicando la legislación del país de origen. Así, las empresas de servicios de los nuevos socios del Este, por ejemplo, podrán ser mucho más competitivas en países con elevadas cargas sociales. Por eso, la norma propuesta, aprobada por la anterior Comisión en enero de 2004 y ahora debatida en la Eurocámara, es defendida por los países del Este y por el Reino Unido, uno de los socios con más bajos derechos sociales. La patronal europea (Unice), a favor, y los sindicatos de la UE (CES), en contra, también están enfrentados por el proyecto.

"Quiero hacer un llamamiento para llegar a un consenso", había anunciado poco antes de comenzar la cumbre el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, quien dijo estar dispuesto a aceptar "correcciones". Apuntó dos: la liberalización del comercio de servicios no afectará a sectores públicos como la Sanidad (exigencia francesa fundamental) y las modificaciones serán para impedir el dumping social, de forma que incluso supongan mejoras salariales y de derechos sociales para los trabajadores desplazados procedentes de países menos avanzados.

Sentado junto a él, el líder de los sindicalistas europeos, John Monks, le exigió la "retirada" de la directiva y le recordó que más de 70.000 trabajadores se manifestaron el domingo en Bruselas tras la pancarta Más y mejores empleos; defender la Europa social; Stop Bolkestein. También el primer ministro sueco, Goran Persson, apostó ayer en Bruselas por la retirada como "punto de partida para el debate", una tesis que encabeza Chirac.

Pese a todo, la liberalización del comercio de servicios, un sector que supone el 70% de la actividad económica de la UE, es una asignatura pendiente en el objetivo de un mercado único en el que los ciudadanos, los capitales y las mercancías ya circulan sin trabas de fronteras. "El mercado único es un logro fundamental; lo fue para los productos y lo será para los servicios, pero no pedimos que se permita el dumping social", auguró ante Juncker y Barroso el secretario general de patronal europea, Philippe De Buck.

Pedro Solbes, vicepresidente y ministro español de Economía, optó también por las modificaciones más que por la retirada. La clave, explicó, puede estar en definir qué servicios públicos quedarán fuera de su alcance, como sanidad, educación o telecomunicaciones.

La negociación propuesta por la mañana por Barroso era la única salida, porque, además, el proyecto "no es claro y deja muchas cuestiones abiertas", como trasladó ayer a los líderes europeos Josep Borrell, presidente de la Eurocámara, donde el proyecto ha originado también un debate entre izquierda y derecha. Hasta los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), reunidos en Bruselas antes de la cumbre, se inclinan ya por negociar enmiendas, aunque buena parte de ellos defienden el texto actual. "El Parlamento europeo no aprobará ninguna norma que ponga en cuestión el modelo social", advirtió Borrell, quien recordó que es en la Eurocámara donde debe debatirse un problema.

Esas modificaciones se han convertido en urgentes para Francia, con Chirac preocupado por unas encuestas que, de seguir la tendencia, apuntan a un no francés a la Carta Magna europea que supondría su enterramiento sin remisión. "El miedo vende más que la esperanza", señaló Barroso al comentarlo, para añadir después Juncker que "no hay vínculo alguno entre la directiva y la Constitución".

Esa urgencia francesa hizo anoche que los jefes de Estado y Gobierno optaran por la vía de la búsqueda del consenso. Cambios profundos en la directiva pueden suponer un triunfo para Chirac ante el referéndum si, como todo parece indicar, se plantean antes del 29 de mayo, fecha de la consulta.

Con este problema sobre la mesa, en la cumbre han quedado en segundo plano tanto la renovada Agenda de Lisboa como la reforma del Pacto de Estabilidad, aceptada sin problemas por todos los líderes. Sólo el italiano Silvio Berlusconi objetó sin éxito una cuestión sobre cómo contabilizar las inversiones, mientras Chirac y el canciller alemán, Gerhard Schröder, los máximos beneficiados de la reforma, felicitaron a Juncker por el acuerdo logrado el domingo por los ministros de Finanzas.