Los consejeros del PP de otras comunidades apoyan a Lamela
Salgado afirma que la crisis no se ha gestionado de forma prudente
Los seis consejeros de Sanidad de las comunidades donde gobierna el PP (Baleares, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana) redactaron ayer una nota en la que defendían "cada una de las medidas adoptadas" por su homólogo y compañero de partido en Madrid, Manuel Lamela, en la crisis de Leganés. Lamela, por su parte, no quiso hablar sobre su gestión ni la convocatoria de la manifestación: "Hoy no toca", dijo.
Todas las decisiones tomadas por Lamela "han estado orientadas a garantizar la seguridad de los pacientes", señalan los compañeros del consejero en su comunicado. En él también manifiestan su "rechazo a las manipulaciones que han intentado quebrar la confianza de los ciudadanos en el magnífico hospital Severo Ochoa y sus profesionales". También realizaron "un llamamiento para que, desde la prudencia y la responsabilidad, no se politicen cuestiones tan sensibles como ésta, tal y como se pretende desde otros ámbitos".
La ministra de Sanidad, Elena Salgado, calificó ayer lo ocurrido en torno al hospital como "grave". La ministra repitió que el asunto no se ha gestionando de una forma prudente, y que el resultado de ellos "está a la vista de todos".
Sobre la manifestación convocada ayer en Madrid, la titular de Sanidad añadió que se trataba de una expresión ciudadana sobre este tema, de la misma manera que habrá otros que puede que piensen de manera distinta. "Creo que desde Sanidad no cabe que hagamos ninguna observación" sobre la marcha, dijo Salgado. La ministra insistió en que hay que esperar a que termine la investigación para enjuiciar lo ocurrido. Salgado abogó por ofrecer la máxima transparencia y tranquilidad, aunque apostilló que se teme que las actuaciones sucesivas del consejero Lamela no vayan por ese camino.
"La cruzada de Aguirre"
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, pidió "sentido común" al Gobierno de Esperanza Aguirre. El Ejecutivo regional, según Blanco, "es quien ha tomado la iniciativa" en este asunto y "quien ha querido hacer de este debate un debate para deteriorar la sanidad pública". Por lo tanto, pidió al Ejecutivo regional "mucha responsabilidad, a no ser que tenga decidido emprender una cruzada contra la sanidad pública". Éste último objetivo es el que Blanco cree que en verdad se ha fijado Esperanza Aguirre.
La Asamblea de Madrid (Parlamento regional) también vivió un nuevo debate sobre el asunto. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, dijo ayer que tiene "la mano tendida al Gobierno regional para superar la crisis que ha generado en el hospital".
El líder socialista matizó su oferta con dos condiciones: por un lado, el "respeto a la honestidad y buen trabajo de los profesionales" y la "defensa a ultranza del sistema público sanitario"; por otro insistió, como ya había hecho en reuniones anteriores de la Asamblea, en que Esperanza Aguirre "rectifique y destituya al consejero Lamela".
Simancas advirtió al PP de que no va a "tolerar" que siga "intentando deslegitimar que el Partido Socialista cumpla con su responsabilidad política y su función democrática, como lleva haciendo durante varias semanas".
Por su parte el portavoz del Partido Popular en el Parlamento regional, Antonio Beteta, replicó en referencia a la oferta del PSOE que "la mano tendida de Simancas es al cuello". Beteta criticó que Simancas "diga que no quiere politizar este asunto, mientras hace una manifestación y presenta una reprobación al consejero".
También el portavoz de Izquierda Unida, Fernando Marín, dijo que su grupo está "dispuesto a sentarse en cualquier momento con el Gobierno regional para hablar de este problema y de otros". Marín criticó que el ejecutivo de Esperanza Aguirre "se enroque permanentemente cuando le pedimos que ponga encima de la mesa toda la información que tiene y que vaya al juzgado de guardia, si cree que puede haber algún delito" en la actuación del servicio de Urgencias del Severo Ochoa.
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