Especialista en herencias

El ex presidente del Valencia CF Francisco Roig se ha convertido en un especialista en comprar propiedades procedentes de herencias de instituciones benéficas. En los últimos años ha logrado, por compra o permuta, en condiciones ventajosas, inmuebles y solares dejados en testamento, dentro de su actividad como constructor, incrementada tras vender sus acciones del club de Mestalla. La herencia Martell, en Castellón, y la de la Fundación Santa Elena, en Valencia, son casos recientes. Y sugieren una pregunta: ¿cómo llega la información que permite comprar esas propiedades?

En Castellón, la Generalitat transfirió en 2004 a Francisco Roig un solar como consecuencia del reparto de la herencia de Josefa Martell Farcha, que murió en 1988 sin testar y cuyos bienes han de ir a parar a instituciones benéficas. La Generalitat lleva incumpliendo desde 2002 una sentencia del Supremo que le obliga a contar con la Diputación y el Ayuntamiento para repartir la herencia. El patrimonio de la fallecida reúne numerosos inmuebles, que el PSPV ha llegado a valorar en 120 millones de euros. Pero la Generalitat, en lugar de repartir el patrimonio, se "apropió" de él y ha hecho ciertas operaciones inmobiliarias que le han restado valor.

El PSPV ha denunciado las irregularidades sobre la herencia y ha requerido el expediente y el listado de los bienes iniciales que dejó Martell. La Generalitat se comprometió a crear una comisión para estudiar el tema, pero su posición sigue siendo de bloqueo. La última vez fue hace dos semanas, cuando Economía accedió a que la concejal socialista Josefina Gimeno y la diputada autonómica Amparo Marco estudiaran el expediente. La sorpresa fue que no encontraron ningún documento que avale la enajenación de bienes, después de que la propia consejería admitiera que, en abril de 2004, permutó un solar en el centro de Castellón. Según fuentes socialistas la Generalitat transfirió este solar a Francisco Roig, más de un año y medio después de que el Tribunal Supremo exigiera el reparto de la fortuna entre asociaciones benéficas. Con esa operación, según esas fuentes, la Generalitat perseguía la venta del Palacio de Català de Valeriola, en Valencia, que una sociedad de Roig había comprado tres años antes. Para realizar el pago, el Consell aportó parte en metálico que completó con permutas de bienes en Castellón, Dènia, Valencia, Riba-roja, Pobla de Vallbona y Alcalà de Xivert.

Las socialistas denunciaron la falta de transparencia en la gestión de la herencia y que se hayan autorizado enajenaciones. Y constataron que en el expediente ningún documento avala la compraventa de algunas propiedades de la fallecida ni incluye la relación de bienes.

Mientras, en Valencia, Corporación M2, SA, de Francisco Roig adquirió en 2003 un edificio en la calle de Pizarro y ha obtenido licencia para su rehabilitación. La finca fue adquirida a la Fundación Santa Elena, fundada en 1922 por Isaura Espert Fulco, condesa de la Conquista de las Islas Batanes. El objeto inicial de la fundación era "albergar, alimentar y dar educación cristiana y social y dotar de ciertas profesiones a señoritas venidas a peor fortuna". Ese objeto ha sido modificado tres veces desde que la Generalitat ejerce la tutela de la fundación. La primera fijó como fines la promoción de la igualdad de las mujeres, el fomento de su integración y la atención a las que hayan sufrido malos tratos. La última añadió otra finalidad muy específica: mantiene lo anterior, pero se especifica que es para mujeres "necesitadas de integración social tras sufrir lesiones medulares en accidentes de tráfico o análogos, mujeres afectadas por enfermedades mentales crónicas".

El caso es que, de nuevo sin que se sepa cómo se accede a la información, Roig logró un bien procedente de una herencia. Roig consiguió licencia del Ayuntamiento para rehabilitar el inmueble, que compró por 3,6 millones de euros. Una rentable inversión, según calcula la edil socialista Carmen del Río, que cifra en casi 17 millones de euros el volumen de negocio de la operación. La finca tiene protección parcial. La licencia permite la redistribución, manteniendo el techo de edificabilidad en 1.755 metros cuadrados, pero con el añadido de cuatro nuevas plantas subterráneas para aparcamientos, con 75 plazas. En esa zona de Valencia se pagan por las plazas de garaje hasta 60.000 euros. Sólo con eso se recupera el precio pagado por el inmueble, que también dispondrá de un local comercial, cinco despachos y otras tantas viviendas, una de ellas dúplex.