Regularizar empleos

"Entre el ser humano y el ciudadano siempre hay una cicatriz que es el extranjero". Esta afirmación de la escritora francesa Julia Kristeva me produce algo así como un revulsivo cívico por su profundo calado ideológico y estratégico. Siempre que se producen deficits de ciudadanía, de desigualad y de discriminaciones ante la ley, de recortes de derechos sociales y políticos, aparecen en la sociedad cicatrices, que afectan a personas concretas y a colectivos sociales. Sin duda alguna, donde más profundas, manifiestas y visibles se hacen es en relación con los derechos de los inmigrantes. Sería útil modificar el concepto de extranjeros y de inmigrantes, contemplando sus derechos no a pie de las fronteras, cuando llegan, sino cuando alguien se ve obligado a abandonar el país en busca de futuro. De esta forma, conseguiríamos dotar de una dimensión más global y completa al derecho a la libre circulación de personas y trabajadores: el derecho a emigrar y no emigrar, a permanecer y a retornar.

La inmigración tiene la virtud de ponernos a cada cual ante nuestras propias contradicciones

La Inmigración, con mayúsculas, tiene la virtud de ponernos a cada cual ante nuestras propias contradicciones. Y al hablar de inmigración se mezclan, interesadamente, no pocas cosas. Vayamos por partes: un alemán no es un inmigrante; un portugués, tampoco. Y es que en las cifras que periódicamente se nos ofrecen se mezclan casi siempre, y no de forma ingenua, comunitarios y extracomunitarios. A los primeros no se les aplica la normativa de extranjería, pero hay quienes, para justificar tal o cual medida, los meten en el bote. Como quienes ahora andan diciendo que en Euskadi quedan 20.000 irregulares. Será que aún no se han enterado de que los comunitarios, que son la gran mayoría de esos 20.000, no necesitan permiso.

Un dato positivo a añadir: a golpes de sentencias de los jueces se va avanzando en la regularización laboral de los derechos de los trabajadores inmigrantes. Primero fue la salud laboral, ya que había accidentes de trabajadores sin permiso. Luego vino la regularización salarial en las mismas circunstancias. En fechas recientes hemos conocido una sentencia en Donostia, a instancias de UGT, que reconoce el despido improcedente a un trabajador sin permiso de trabajo. Así se hace el camino del trabajo con derechos.

Y respecto a quienes sí necesitan permiso, parece necesario recordar, por enésima vez, que vienen, fundamentalmente, en busca de trabajo, de unas condiciones laborales dignas, con derechos y deberes. Y si su destino es el mercado de trabajo, lo lógico es que sus condiciones, igual que las del resto de trabajadores, se aborden por los agentes sociales en el diálogo social. Porque si cuando están enfermos van al médico, como todos los demás, cuando trabajan tienen que tener sus condiciones reguladas, como todos los demás, lo que les servirá de protección. Un ejemplo sencillo: el servicio doméstico es el sector que, actualmente, está absorbiendo mayor número de mano de obra extranjera. Su regulación se recoge en un real decreto que data de 1985 y que, en ocasiones, tiene más semejanzas con el servilismo que con una relación laboral. Pues bien, son los agentes sociales quienes están abordando ahora su reforma, con un grupo de trabajo específico dentro del diálogo social. Son los agentes sociales, como por otra parte es lógico, quienes van a mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores extranjeros, sobre todo trabajadoras. Y este ejercicio de responsabilidad no puede estar más alejado de posiciones paternalistas que juegan a la falsa justicia y no consiguen más que perpetuar situaciones discriminatorias.

Es cierto que reducir al inmigrante a una visión economicista no es justo. Pero proteger las condiciones laborales de todos, incluidos los extracomunitarios, es distinto de centrarse en cuánto aportan y cuánto no. El proceso migratorio debe ser un mecanismo de distribución de riqueza y extensión de derechos, no lo contrario. Por eso el juego de las cifras en la inmigración siempre va a ser perverso. Hay que centrarse en qué problemas hay y qué soluciones se aportan. Y el ejercicio de responsabilidad sindical realizado en esta materia contrasta con las nulas aportaciones de algunas organizaciones (también algunas sindicales) que, más allá de la crítica demagógica, mantienen un silencio cómplice en torno a una situación que parece que les gusta. El ejemplo más palpable lo encontramos en las críticas al recientemente finalizado proceso de normalización de trabajadores extranjeros. Dicho proceso fue denunciado por algunas voces porque lo confundieron con un proceso de regularización de extranjeros. Como su propio nombre indica, una "una regularización de extranjeros" no es una normalización de trabajadores extranjeros. Esta última se circunscribe sólo a trabajadores, con el objetivo de combatir la economía sumergida y regularizar trabajadores y empleos. Y siendo este el objeto de valoración, es justo lo que muchos no han entrado a valorar, porque la desaparición de la inmigración irregular es contraria a sus intereses directos. Este procedimiento tiene, además, dos virtudes adicionales. Por un lado, los requisitos que establecía van a permitir a quienes ahora se documenten poder renovar sus permisos dentro de un año. Y al poder renovarlos podrán ejercer también la reagrupación familiar, de manera que los hijos y cónyuges que están aquí y a los que el proceso de normalización no ha afectado, podrán documentarse indirectamente gracias a este proceso.

Hay que decirlo alto y claro: los trabajadores irregulares (no sólo de extranjeros) suponen pingües beneficios para no pocas personas y sectores. Cuando se dice que faltan inmigrantes, lo que de verdad se afirma es que se necesita mano de obra barata. Esto crea inseguridad y amenaza real en amplios sectores asalariados, dada la presión que los colectivos con salarios bajos están ejerciendo en el conjunto de las condiciones de trabajo. No se puede olvidar que una realidad económica donde la inseguridad y la precariedad se estén institucionalizando, produce un caldo de cultivo para actitudes que fomenten el racismo y la xenofobia. Como dice el profesor V. Navarro, "no es racista el más ignorante, sino el que se siente más inseguro". Por ello, criticar gratuitamente los intentos de combatir esta situación que envenena las relaciones labores, es, como poco, irresponsable.

Vaya por delante que la normalización no agota las vías para regularizar trabajadores y empleos. Hay otras fórmulas, como el arraigo laboral o los acuerdos que emanen de la Comisión Laboral Tripartita, formada por el Gobierno, UGT, CCOO y CEOE. Hay que evidenciar también la aparente contradicción de quienes, como el PNV, el consejero de Justicia y Empleo en funciones, la Dirección de Inmigración del Gobierno vasco y alguna ONG, se posicionaron contra este proceso y luego han pedido su prórroga. Lo más grave ha sido la preocupación prevalente y dominante de integrar a los inmigrantes en la identidad vasca. El asimilacionismo étnico prima sobre la integración laboral . Y es que, acabando como he empezado, la Inmigración nos sitúa a cada uno frente a nuestras propias contradicciones.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social (CES) vasco.