Atasco pendiente

La estadística judicial de 2004, dada a conocer por el Consejo del Poder Judicial, revela un dato ciertamente novedoso y que merece resaltarse: los juzgados y tribunales españoles han logrado por primera vez en mucho tiempo resolver más asuntos de los entrados en la oficina judicial. El número es todavía pequeño -37.000 asuntos-, pero es un indicio esperanzador sobre el aumento de la capacidad resolutiva del sistema judicial español.

En 2004 llegaron a los tribunales 7.452.744 casos y se resolvieron 7.486.315. La cifra, en aumento constante, es en sí misma significativa de la creciente demanda social de justicia. Las últimas estadísticas revelan que más de 12 millones de ciudadanos requieren los servicios judiciales cada año. El hecho de que la justicia española comience a sacar adelante más casos de los que le llegan cada año es el primer signo esperanzador respecto a la posibilidad de una reducción de la gigantesca bolsa de más de dos millones de asuntos pendientes acumulados sobre todo a partir de 1996. En 2004 esa bolsa, cifrada en 2.129.251 asuntos, quedó reducida a 2.092.251. Es muy poco, pero sería mucho si llevara a la solución de un problema escandaloso y que es percibido por la opinión pública como un atentado a los derechos de los ciudadanos, según puso de manifiesto la última macroencuesta publicada por el Consejo del Poder Judicial en 2003.

Esa ligera mejora global no afecta por igual a todas las jurisdicciones ni a todas las comunidades autónomas. Hay salas del Supremo que siguen cada vez más atascadas porque no logran resolver los asuntos que les llegan cada año, algo que también se produce en los tribunales de la Comunidad de Madrid. Quizás, la única solución sea reforzar con magistrados de apoyo a unos tribunales que, bien por falta de efectivos o por la superabundancia de asuntos nuevos, no son capaces de garantizar el derecho a una justicia sin dilaciones. Se trata, sin duda, de una medida coyuntural, pero que ya ha sido ensayada en el pasado en situaciones de atasco judicial insuperable por vías ordinarias.

La existencia de una bolsa de más de dos millones de asuntos pendientes supone un desafío para el sistema judicial. Pero también lo es para el Gobierno, responsable de las reformas legislativas necesarias para su mejora y de los medios presupuestarios para llevarla a efecto. El actual Ejecutivo prometió incrementar las partidas de justicia hasta alcanzar el 2% del presupuesto del Estado, el doble del destinado en los últimos años y que, sin duda, está en la raíz del atasco acumulado. Es posible que con la creación de las 1.000 nuevas plazas de jueces prometidas para esta legislatura se acabe con el atasco pendiente y se cumpla la promesa electoral del PSOE de que ningún proceso ante un tribunal se prolongue más de dos años.