Auto confuso

El juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska ha aceptado a trámite la querella interpuesta por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera) por su presunta relación con ETA, que, por otro lado, ayer atentó con cuatro explosivos contra una central eléctrica en Amorebieta (Vizcaya) sin ocasionar serios daños. La decisión del magistrado, que sin duda puede dar pie a la controversia, es contraria al informe del fiscal Alonso, según el cual los miembros de ese partido, representado con nueve diputados en el Parlamento de Vitoria, no han cometido ningún delito de colaboración con banda armada. El ministerio público acusó incluso a la AVT de intento de fraude de ley al buscar la ilegalización del grupo por vías distintas a la civil-administrativa marcada por la Ley de Partidos de 2002.

El auto constituye una sorpresa, por muy respetables que sean los fundamentos del juez, pues intenta desmontar los argumentos del fiscal, contrarios a la ilegalización de EHAK por la vía penal, invocando consideraciones más bien propias de la Ley de Partidos, que correspondería dilucidar a la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista para estos casos. De momento, ni el Gobierno ni el ministerio fiscal han considerado oportuno actuar en este sentido, al entender que EHAK no incurre en ninguno de los supuestos de ilegalización contemplados en la citada ley, a pesar de la insistencia en sentido contrario del Partido Popular. Mezclar la vía penal, que exige imputaciones concretas a personas concretas, con la civil-administrativa para la ilegalización de los partidos sólo puede llevar a la confusión. Cabe interrogarse si cuando el juez acusa a EHAK de ser "un tercero no integrante de la organización terrorista", que le presta el auxilio por ella requerido, no está refiriéndose a la cesión de derechos y prerrogativas legales que señala el punto e del artículo 9 de la Ley de Partidos. Rodríguez Zapatero eludió ayer hacer una valoración directa y se limitó a ser respetuoso con el auto. Mucho más extravertido se mostró el líder del PP, Rajoy, quien considera que el juez ha dado una bofetada a la política antiterrorista del Gobierno y va a hacer lo que no se han atrevido ni Zapatero ni el fiscal del Estado.

Según el magistrado, existirían indicios de delito de colaboración con ETA por parte de EHAK al favorecer con su comportamiento electoral las pretensiones de la banda armada de "instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos". En los argumentos para admitir a trámite la demanda, el juez incluye la reunión mantenida en vísperas de las elecciones vascas del pasado abril entre líderes de Batasuna y los de EHAK, que la campaña se hiciera a través de las herriko tabernas y que el jefe de prensa de la organización ilegal pasara a desempeñar esa función para EHAK.