El barbero de Ginebra

Tras el fracaso del intento revolucionario del verano de 1867 -uno más de los que antecedieron a la Revolución gloriosa de 1868-, Joan Prim y Víctor Balaguer pasaron en Ginebra una parte de su exilio conspirativo. Joan Palomas y Moncholí recoge en su espléndida biografía sobre el segundo cómo, años después, Balaguer recordaba el día en que "el barbero que trabajaba para la fonda subió a su habitación a cortarle el pelo y afeitarle la barba. Al terminar el trabajo, no sabía por dónde tirar el agua de la palangana. Balaguer le sugirió que lo hiciera por la ventana, que daba a un corral interior. El barbero rehusó, argumentando que estaba prohibido por las ordenanzas municipales. Balaguer, entonces, le contestó que al ser un patio interior no le vería nadie. Con gran sorpresa por su parte, el interlocutor le replicó que si no le veía nadie, él mismo estaría obligado a denunciarse como infractor de las ordenanzas y, en consecuencia, debería pagar la multa". Balaguer y Prim compartieron su admiración por el ciudadano y por un pueblo -el suizo- conocedor y cumplidor de sus derechos y sus deberes.

Vivimos tiempos en los que para algunos el concepto de ciudadanía parece haberse reducido al goce sin límites de unos derechos que puede llegar a crear problemas de convivencia. Las administraciones públicas, en primer lugar, los medios de comunicación, las organizaciones sociales... tienen en este terreno responsabilidades relevantes y diferentes. Pero la principal la tenemos cada uno de nosotros. La ley está para cumplirla, aunque nos encontremos en un patio interior en el que nadie sea testigo de nuestras infracciones. Y cumplir con la ley incluye respetar las competencias que tiene cada poder público; seguir los procedimientos establecidos para cambiarla y, en suma, convertir en realidad el Estado de derecho, sin el cual la democracia deviene pura quimera.

Pero es que, además, como ha escrito Paolo Flores d'Arcais: "Hoy la legalidad tomada en serio, la legalidad como estrategia y práctica coherente, constituye más que nunca el poder de los sin poder". Y así, la simple aplicación de la ley puede acabar teniendo, respecto a la realidad social donde opera, consecuencias más cercanas a un reformismo ambicioso que a la defensa de posiciones inmovilistas.

El pasado lunes, 5 de septiembre, el Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña emitió su dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía. El dictamen avala el esqueleto de la propuesta, así como la mayoría de sus elementos más relevantes: la inclusión de un título sobre derechos y deberes ciudadanos, el sistema definitorio de las competencias o la igualdad jurídica entre el castellano y el catalán. Pero, al mismo tiempo, concluye que 19 artículos del proyecto son inconstitucionales y otros 39 son susceptibles de serlo si no se les da una interpretación muy precisa. (El proyecto de reforma consta de 218 artículos y 20 disposiciones.)

El Consejo Consultivo considera inconstitucional la apelación a los derechos históricos para reclamar nuevas competencias y blindarlas, así como la enmienda de CiU que propone el concierto económico como modelo de financiación autonómica para Cataluña. En ambos casos su criterio es coincidente con el que hemos venido defendiendo los socialistas catalanes. El dictamen avala, en cambio, la constitucionalidad de la propuesta de financiación autonómica consensuada con nuestros socios de ERC e ICV, aunque matiza dos de sus elementos. Concretamente, el Consejo Consultivo afirma que la Generalitat no puede tener "la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal" sobre los impuestos estatales (ambas no pueden ser exclusivas del Ejecutivo autónomo) y considera que el Estatuto no puede fijar el porcentaje de los impuestos estatales cedidos a Cataluña. Los socialistas ya hemos anunciado que asumimos el dictamen en su totalidad, tanto en aquellas partes que nos dan la razón, como en aquellas que nos la niegan.

El trabajo serio y riguroso del Consejo Consultivo supone una verdadera hoja de ruta que ha de guiar el diálogo entre todos los partidos políticos en la recta final del proceso estatutario en Cataluña. Sus criterios jurídicos no son un límite o un freno a la ambición y a las posibilidades del nuevo Estatuto, sino una garantía de su fortaleza en el marco constitucional español (que, conviene recordarlo, hace posible el autogobierno de Cataluña).Tras el fracaso del intento revolucionario del verano de 1867 -uno más de los que antecedieron a la Revolución gloriosa de 1868-, Joan Prim y Víctor Balaguer pasaron en Ginebra una parte de su exilio conspirativo. Joan Palomas y Moncholí recoge en su espléndida biografía sobre el segundo cómo, años después, Balaguer recordaba el día en que "el barbero que trabajaba para la fonda subió a su habitación a cortarle el pelo y afeitarle la barba. Al terminar el trabajo, no sabía por dónde tirar el agua de la palangana. Balaguer le sugirió que lo hiciera por la ventana, que daba a un corral interior. El barbero rehusó, argumentando que estaba prohibido por las ordenanzas municipales. Balaguer, entonces, le contestó que al ser un patio interior no le vería nadie. Con gran sorpresa por su parte, el interlocutor le replicó que si no le veía nadie, él mismo estaría obligado a denunciarse como infractor de las ordenanzas y, en consecuencia, debería pagar la multa". Balaguer y Prim compartieron su admiración por el ciudadano y por un pueblo -el suizo- conocedor y cumplidor de sus derechos y sus deberes.

Vivimos tiempos en los que para algunos el concepto de ciudadanía parece haberse reducido al goce sin límites de unos derechos que puede llegar a crear problemas de convivencia. Las administraciones públicas, en primer lugar, los medios de comunicación, las organizaciones sociales... tienen en este terreno responsabilidades relevantes y diferentes. Pero la principal la tenemos cada uno de nosotros. La ley está para cumplirla, aunque nos encontremos en un patio interior en el que nadie sea testigo de nuestras infracciones. Y cumplir con la ley incluye respetar las competencias que tiene cada poder público; seguir los procedimientos establecidos para cambiarla y, en suma, convertir en realidad el Estado de derecho, sin el cual la democracia deviene pura quimera.

Pero es que, además, como ha escrito Paolo Flores d'Arcais: "Hoy la legalidad tomada en serio, la legalidad como estrategia y práctica coherente, constituye más que nunca el poder de los sin poder". Y así, la simple aplicación de la ley puede acabar teniendo, respecto a la realidad social donde opera, consecuencias más cercanas a un reformismo ambicioso que a la defensa de posiciones inmovilistas.

El pasado lunes, 5 de septiembre, el Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña emitió su dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía. El dictamen avala el esqueleto de la propuesta, así como la mayoría de sus elementos más relevantes: la inclusión de un título sobre derechos y deberes ciudadanos, el sistema definitorio de las competencias o la igualdad jurídica entre el castellano y el catalán. Pero, al mismo tiempo, concluye que 19 artículos del proyecto son inconstitucionales y otros 39 son susceptibles de serlo si no se les da una interpretación muy precisa. (El proyecto de reforma consta de 218 artículos y 20 disposiciones).

El Consejo Consultivo considera inconstitucional la apelación a los derechos históricos para reclamar nuevas competencias y blindarlas, así como la enmienda de CiU que propone el concierto económico como modelo de financiación autonómica para Cataluña. En ambos casos su criterio es coincidente con el que hemos venido defendiendo los socialistas catalanes. El dictamen avala, en cambio, la constitucionalidad de la propuesta de financiación autonómica consensuada con nuestros socios de ERC e ICV, aunque matiza dos de sus elementos. Concretamente, el Consejo Consultivo afirma que la Generalitat no puede tener "la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal" sobre los impuestos estatales (ambas no pueden ser exclusivas del Ejecutivo autónomo) y considera que el Estatuto no puede fijar el porcentaje de los impuestos estatales cedidos a Cataluña. Los socialistas ya hemos anunciado que asumimos el dictamen en su totalidad, tanto en aquellas partes que nos dan la razón, como en aquellas que nos la niegan.

El trabajo serio y riguroso del Consejo Consultivo supone una verdadera hoja de ruta que ha de guiar el diálogo entre todos los partidos políticos en la recta final del proceso estatutario en Cataluña. Sus criterios jurídicos no son un límite o un freno a la ambición y a las posibilidades del nuevo Estatuto, sino una garantía de su fortaleza en el marco constitucional español (que, conviene recordarlo, hace posible el autogobierno de Cataluña).En este contexto, el presidente Maragall ha realizado una nueva ronda de contactos al máximo nivel con el fin de dar un impulso definitivo al pacto político sobre el futuro del autogobierno que la inmensa mayoría de la sociedad catalana reclama. La respuesta de los diferentes partidos es esperanzadora, aunque todavía son diversos y complejos los obstáculos que debemos sortear.

Lo haremos si todos somos conscientes de que el dictamen del Consejo Consultivo es una contribución jurídica relevante al acuerdo parlamentario que requiere el nuevo Estatuto. Quienes apuesten por hacerle caso omiso, o bien no desean que el barco de la reforma estatutaria llegue a buen puerto, o bien mantienen ante la ley -en este caso ante la Constitución- una actitud diametralmente opuesta a la que defendió el barbero de Ginebra ante Víctor Balaguer. O ambas cosas.

Daniel Fernández es diputado y coordinador de los diputados y senadores del PSC.