La falta de agua cuestiona el futuro de 35.000 nuevas viviendas previstas en Murcia

La falta de agua arruina la agricultura pero no perdona a la construcción, un sector que genera el 40% del producto interior bruto de la Región de Murcia. Siete ayuntamientos han recibido ya informes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en los que les comunica que no hay agua para los desarrollos urbanísticos que plantean, con 35.000 nuevas viviendas. Un importante varapalo para los constructores, que están dispuestos a comprar nuevos recursos donde sea, según el presidente de la Asociación de Promotores de Murcia, José López Rejas.

La CHS, que se encarga de la gestión del agua en Murcia, el sur de Alicante y Albacete y zonas del este de Andalucía, ya ha emitido sus informes negativos respecto a los planes generales de urbanismo de Alhama de Murcia, Alguazas, Ricote, Caravaca de la Cruz, en la región murciana; a Liétor (Albacete) y Cuevas de Almanzora(Almería). También la pedanía murciana de El Palmar tiene un informe negativo.

Entre estos siete municipios, los empresarios de la construcción tienen pensado sacar al mercado un mínimo de 35.000 viviendas en unos ocho años, aunque previsiones más realistas aseguran que esa cantidad podría doblarse, ya que hay una veintena de planes urbanísticos que, casi con toda seguridad, verán rechazadas sus demandas de recursos para nuevas viviendas.

Desde el pasado abril las confederaciones hidrográficas están obligadas a realizar, en cumplimiento de la Ley de Aguas, un informe preceptivo pero no vinculante en el que los técnicos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente deben definir si las nuevas urbanizaciones disponen de agua suficiente. Como el informe no es vinculante, el Gobierno autonómico podría recalificar esos terrenos, pero a costa de crear una gran inseguridad tanto jurídica como económica. Pero la ley, que trata de poner un poco de orden en el Mediterráneo español, es todavía más restrictiva, ya que en caso de silencio administrativo se considera que el informe es negativo.

Inseguridad jurídica

"Nosotros estamos muy preocupados por esta situación, ya que cada vez que un empresario quiere desarrollar un plan parcial, la CHS le asegura que en estos momentos no hay agua suficiente, lo que supone una inseguridad jurídica que está paralizando el sector de la construcción", afirma Clemente García, secretario general de la patronal murciana CROEM.

Por ello, García ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, para proponerle una solución: "Que la Confederación dijera en sus informes que sí hay agua, ya que nos dicen todo el tiempo que están construyendo desaladoras que generarán todos los años 146 hectómetros cúbicos de agua potable".

La CHS contesta que la ley les obliga a hacer un informe sobre la existencia de agua en un momento concreto. "Si dijéramos que sí la hay porque está previsto en las obras que hemos iniciado, estaríamos faltando a la verdad. Y nosotros no podemos hacer eso".

Fuentes anuncia que sólo habrá agua en esa cuenca en los próximos meses, y en función de la puesta en marcha de las nuevas plantas desaladoras que se han iniciado bajo el Programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente, después de derogar los artículos del Plan Hidrológico referentes al trasvase del Ebro.

A partir de enero está previsto que la desalinizadora de San Pedro del Pinatar pase de generar 0,9 hectómetros cúbicos al mes a dos, al igual que ocurrirá con la planta de Alicante, que pasará de 1 hectómetro cúbico a 1,5. Pero en tres años el panorama habrá cambiado, ya que las desalinizadoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas estarán en pleno funcionamiento.

Esta situación de escasez, heredada de anteriores gobiernos, en espera del agua del Ebro, que según los dirigentes populares llegaría en 2008, ha vuelto a enfrentar a los socialistas murcianos y al Gobierno regional, del PP, que tiene en la falta de agua su principal filón político. "La culpa de esta situación de parálisis de la construcción en la que estamos se debe a que los que recalificaron los terrenos no tuvieron en cuenta la disponibilidad de agua, siempre esperando y engañando a la gente en demanda de un trasvase que finalizaría en 2008. Para este año no tenía previsto nada", asegura Fuentes.

Una visión muy diferente es la del consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá: "La modificación de la Ley de Aguas es un intento de controlar nuestro desarrollo turístico. No vamos a permitir que hagan eso, ya que no hay que olvidar que ellos hacen los informes, pero que no nos obligan a dejar de construir nada. En unos días nosotros nos vamos a dotar de los mecanismos necesarios para acabar con esta situación", explica Cerdá.

El concejal de Urbanismo de Murcia, la séptima ciudad de España, con 420.000 habitantes, Fernando Berberena, mantiene que la distribución del agua "le guste o no al Gobierno central, la hacen los ayuntamientos". "Nosotros somos los que tenemos que decir, en función de nuestras existencias, si podemos garantizar el suministro. En caso contrario ¿les decimos a las 15.000 personas que todos los años deciden instalarse en Murcia que no tenemos casas para ellos?", se pregunta.