Peces-Barba insta al fiscal a que solicite que los terroristas no vivan cerca de sus víctimas

El alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, envió el 5 de diciembre sendas cartas al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles "la conveniencia de insistir ante los órganos jurisdiccionales competentes" que los jueces apliquen el artículo 48 del Código Penal, para que "los autores y cómplices de terrorismo" no puedan residir o acudir al lugar en el que hayan cometido el delito o resida la víctima o su familia durante un máximo de 10 años después de que salgan de la cárcel.

En la misiva al ministro de Justicia, Peces-Barba le traslada su "preocupación" con una situación "que está afectando a algunas víctimas del terrorismo, pero que resulta de interés para todo el colectivo de afectados".

El alto comisionado explica en las dos cartas, aunque con distinta redacción, que se refiere a la "indeseable proximidad física" de los autores y cómplices de los atentados a las víctimas del terrorismo. Precisa que han detectado que algunas de las personas que ya han cumplido penas privativas de libertad por terrorismo "se han instalado o desarrollan sus actividades diarias muy próximas a las víctimas de estos delitos". "Podrás imaginar", continúa la carta dirigida al ministro, "que estas relaciones de vecindad resultan difícilmente soportables para los afectados y sus familias". En algunos casos incluso, explica Peces-Barba, las víctimas se han visto forzadas a abandonar sus domicilios habituales "para evitar tan indeseables encuentros". Según el alto comisionado esta situación "está incidiendo significativamente en sus vidas y, también, en su recuperación psicológica".

Para evitar esta situación, Peces-Barba no solicita ninguna modificación legislativa, sino simplemente que se aplique el Código Penal -los artículos 48 y 57- que impiden al condenado por homicidio "residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos", y prohíbe aproximarse o comunicarse con la víctima o sus familiares.

Penas privativas de derechos

En la carta remitida al fiscal general del Estado, Peces-Barba reitera su preocupación y su petición: "Me gustaría trasladarle la conveniencia de insistir ante los órganos jurisdiccionales que resulten competentes sobre la adopción de penas privativas de derechos a los autores y cómplices de delitos de terrorismo", y cita las recogidas en el artículo 48.

Peces-Barba afirma que, dada la "eficacia y seriedad con la que el Ministerio Fiscal desarrolla sus funciones", está "seguro" de que la "preocupación" que les traslada "ya es asumida" por sus representantes. No obstante, considera "oportuno y necesario que se extremen todas las actuaciones que sirvan para proteger mejor a las víctimas del terrorismo". Finalmente, fundamenta su "insistencia" en la carta dirigida a Conde-Pumpido en el "especial interés" que tiene sobre el problema.

Uno de los casos en los que una persona víctima del terrorismo -pues mataron a su marido- y el autor del crimen conviven diariamente en el mismo edificio fue publicado por este periódico el 4 de diciembre. Al día siguiente, Peces-Barba envió las cartas al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado. La historia de convivencia entre víctima y verdugo en el País Vasco que preocupa a Peces-Barba se concretó hace unos meses en la persona de Kandido Azpiazu, condenado por matar a tiros en 1980 a Ramón Baglietto, propietario de una tienda de muebles y ex concejal de UCD, quien le había salvado 18 años antes de morir atropellado por un camión.

El etarra, condenado a 49 años y dos meses de prisión, salió de la cárcel en libertad condicional en 1995, apenas 15 años después. En abril de ese año compró la cristalería en los bajos del edificio de Azkoitia (Guipúzcoa) donde vive la viuda de Baglietto, Pilar Elías, actual concejal del PP. La víctima tiene que pasar todos los días delante de la tienda de quien destrozó su vida. "No me puedo creer que el asesino de mi marido haya sido capaz de poner el local a su nombre cuando ni siquiera nos ha pagado a mí y a mis hijos la indemnización a la que fue condenado", declaró a principios de diciembre a este periódico.

Elías se refiere también a otro de los problemas a los que se enfrentan las víctimas del terrorismo: la dificultad de que los terroristas paguen la indemnización económica a la que son condenados. Desde la aprobación de la Ley de Solidaridad, el 8 de octubre de 1999, el Estado adelanta el pago de estas cantidades y después, una vez que hay una sentencia firme, inicia los trámites para que los terroristas le devuelvan el dinero. Sin embargo, pocas veces lo consigue porque el condenado se declara insolvente.

Fuentes del Alto Comisionado explicaron ayer a EL PAÍS que están estudiando cómo el Estado puede aumentar su eficacia a la hora de conseguir cobrar las indemnizaciones.