Justicia con 28 años de retraso

Hasta hace unos meses, Julián Mendiguren Sotelo, ingeniero industrial de 60 años y profesor de un instituto de formación profesional de Pamplona, estaba convencido de que la Ley de Amnistía de 1977, que decretó que los delitos por los que había sido condenado no habían existido, formaba parte de los funestos recuerdos del pasado.

Pero la burocracia administrativa le ha demostrado que no es tan fácil olvidar. El papeleo judicial le ha llevado ahora a la Audiencia Provincial de Madrid a tener que redactar un auto, 28 años después de su promulgación, aplicando a Julián los efectos laborales beneficiosos establecidos en la citada Ley de Amnistía. Mendiguren, que salió del presidio de Pontevedra el 4 de diciembre de 1975, a los 15 días de la muerte de Franco, necesitaba esa resolución judicial para que la Seguridad Social incluyera dentro de su vida laboral "los tres años y ocho meses" que pasó, explica, "como preso político en las cárceles de Basauri, Carabanchel, Jaén y Pontevedra. Sé que dos de ellas ya no existen".

Mendiguren necesitaba acreditar sus años de cárcel, pero el Tribunal de Orden Público que le condenó ya no existe

Merced al indulto general y a la posterior Ley de Amnistía, Julián sólo cumplió algo más de la mitad de la condena de siete años de cárcel que le impuso el extinto Tribunal de Orden Público, el temido TOP. Le condenaron por difundir propaganda antifranquista y por asociación ilícita, es decir, por pertenecer al Movimiento Comunista Vasco. "En ese momento estábamos buscando personas en las fábricas con un objetivo sindical, social y revolucionario", evoca.

Julián tenía 27 años cuando se lo llevaron los grises. Entonces impartía física y matemáticas en un instituto de Bilbao. "Me rompieron la vida y la familia", recuerda ahora. Estaba recién casado. "Salimos en coche mi mujer y yo y notamos que nos seguía un vehículo. Di vueltas con el coche para ver si los perdíamos, pero no, me detuvieron". Dentro de la lógica impotencia, señala como uno de los días más felices de su vida cuando los funcionarios le dejaron libre a las puertas del presidio de Pontevedra "Aunque llevaba días, porque teníamos transistores y oíamos las noticias, abrigando la libertad".

La Sección Quinta de la Audiencia de Madrid acaba de dictar un auto en el que aplica la Ley de Amnistía de 1977. "Yo pensé que la ley se aplicaba automáticamente, pero fui a pedir mi vida laboral y me dijeron que no, que necesitaba una resolución del tribunal aplicándome la ley y haciendo constar los días concretos que había estado preso", señala. Julián se encontró con un problema añadido: ese tribunal, el TOP, dejó de existir al instaurarse la democracia. Pero mientras no llevase la citada resolución judicial, la Seguridad Social no le reconocía los tres años y ocho meses que estuvo preso. La ley obliga a los beneficiarios de la norma a que haya un pronunciamiento judicial individual.

Mendiguren intuyó que la Audiencia Nacional llevaba ahora los papeles del extinto TOP y presentó allí un escrito solicitando la aplicación de su amnistía ante la Audiencia Nacional. Los funcionarios le dijeron que no tenían esa competencia y le remitieron a la Audiencia Provincial de Madrid, bajo cuya custodia se hallan los archivos con los sumarios que instruyó el extinto Tribunal de Orden Público.

La Sección Quinta desempolvó el sumario y, tal como reclamaba la Seguridad Social, computó los días que Julián estuvo preso en las citadas cárceles. Por cada día de cautiverio, tenía derecho a un día de alta en la Seguridad Social.

"Estar en la cárcel por mis ideas políticas no me ha dejado marca; ni me echó para atrás, puesto que sigo vinculado a la izquierda democrática, aunque no estoy de acuerdo con la violencia de la izquierda radical vasca", concluye Mendiguren.