La Generalitat de Pujol encargó un centenar de sondeos para orientar el futuro de CiU

El anterior Ejecutivo catalán de Convergència i Unió (CiU) encargó y pagó con fondos públicos, de 1983 a 1997, más de 140 encuestas con el objetivo de planificar su acción de Gobierno y perpetuarse al frente de la Generalitat. Los sondeos abarcan todos los aspectros sociales, pero abundan los de carácter electoral -por ejemplo, sobre la manera de arrebatar a los socialistas la alcaldía de Barcelona-, cómo afrontar los pactos con el Gobierno central de la época, de Felipe González, o sobre la forma de mejorar la imagen del entonces presidente Jordi Pujol. Hay otro paquete de sondeos y estudios para conseguir que el ideario nacionalista penetrase en todas las capas sociales, principalmente entre la juventud y los inmigrantes.

Hace 15 días aparecieron otras 33 encuestas de similar contenido, encargadas por el Departamento de Presidencia y que permanecían agrupadas en cajas en el Instituto de Estadística de Cataluña, de las cuales no se tenía constancia. Ahora, se han conocido un total de 142 encargadas y pagadas por el anterior Gobierno de CiU.

Los gobiernos de Pujol tenían a su alcance, gracias a estos sondeos, una radiografía completa de la sociedad catalana: su comportamiento electoral, hábitos ciudadanos, adscripción ideológica, simpatía con el nacionalismo, opinión sobre la acción del Gobierno, su presidente y consejeros, e incluso de los pactos electorales que CiU suscribió por aquel entonces con el PSOE y el Partido Popular. El contenido de esos estudios da fe de que el Gobierno de Pujol tomaba la mayoría de sus decisiones a golpe de encuesta.

Los sondeos empezaron a realizarse a partir de 1983 y fueron incrementándose paulatinamente hasta 1997. En 1995, por ejemplo, el Gobierno catalán encargó un total de 10 sondeos electorales -uno por mes- acerca de la intención de voto en las elecciones municipales y en las autonómicas y sobre cómo podía afectar a la federación nacionalista su colaboración con el Gobierno del PSOE, presidido por Felipe González, inmerso en un mar de escándalos.

A los ciudadanos se les preguntaba si eran partidarios de romper los acuerdos CiU-PSOE, sobre qué influencia tenían esos pactos en Cataluña y España, si CiU debía pactar con el Partido Popular en caso de que ganara las siguientes elecciones, o sobre la conveniencia de celebrar el mismo día las elecciones generales y las autonómicas. Todo ello proporcionaba al Gobierno y a la coalición nacionalista un exhaustivo diagnóstico para planificar su estrategia de actuación futura.

De este modo, el Ejecutivo catalán pudo saber que los ciudadanos partidarios de la ruptura con el PSOE fueron reduciéndose mes a mes, conforme Pujol iba lanzando mensajes a favor de la continuidad del acuerdo. Similar descenso se produjo entre quienes defendían un adelanto electoral de las autonómicas catalanas.

En esas fechas, si al presidente catalán se le pasó por la cabeza hacer coincidir los comicios autonómicos con los generales pudo comprobar que la mayoría de los ciudadanos (40%) rechazaban tal posibilidad y apostaban por agotar la legislatura en Cataluña. Al final, las catalanas fueron en noviembre de 1995 y las generales en marzo de 1996, adelantadas por Felipe González después de que CiU le negara su apoyo.

Pactos con el PP

Ante la perspectiva de esta ruptura y la posibilidad de que el Partido Popular ganara las siguientes elecciones, el Ejecutivo de CiU empezó a plantearse un posible pacto con los conservadores. En la oleada (tracking) de abril de 1995 ya se incorporó una pregunta sobre este asunto, en el caso de que el PP no ganara con mayoría absoluta. El 35% de los encuestados se mostraron contrarios al pacto, frente al 26% que lo valoraron y el 28% lo supeditaban a ciertas condiciones.

Al final, tras la victoria del PP en marzo de 1996, CiU y los conservadores firmaron el denominado Pacto del Majestic. El Ejecutivo de Pujol encargó un denso estudio, tanto cualitativo como cuantitativo, sobre las repercusiones de este acuerdo. El sondeo cualitativo se realizó respecto a directivos de empresas, mujeres y jóvenes.

Todos los trackings incorporaban una batería de preguntas tipo e intención de voto. Por ejemplo la opinión de los encuestados sobre la imagen del presidente de la Generalitat, la acción del Gobierno catalán y de cada departamento, evaluación de líderes políticos, confianza en los partidos políticos, medios de comunicación más consultados o impacto de las campañas publicitarias del Ejecutivo autónomo.Joan Ferran, portavoz parlamentario adjunto del PSC, ya lo dijo la pasada semana: las 33 encuestas que el Gobierno de CiU no había entregado al Parlament era tan sólo la "punta del iceberg".

En este reciente paquete de 142, destacan, sobre todo, las destinadas a arrebatar al Partit dels Socialistes la alcaldía de Barcelona. Los sondeos y estudios de principios de 1995 son repetitivos sobre la intención de voto al entonces candidato Miquel Roca, con recomendaciones sobre cómo ajustar su discurso político y redactar el programa electoral. De este modo se le recomendó insistir en sus denuncias sobre la inseguridad y el vandalismo, la marginación social y la suciedad.

En ese sondeo se incluían recomendaciones del tipo: "La aceptación generalizada de la figura de Miquel Roca y sus atributos y características personales permiten vincular su persona con un proyecto que recoja las motivaciones básicas de los ciudadanos". O, por ejemplo, "una comunicación en precampaña que propugne una reducción drástica de impuestos o medidas económicas quiméricas en vez de una óptica de racionalización y revisión puede tener repercusiones negativas".

Las encuestas electorales no se limitaban al Ayuntamiento de Barcelona. Respecto a la política catalana, la oleada de junio de 1995 incorpora una pregunta sobre el candidato preferido del Partit dels Socialistes para ocupar la presidencia de la Generalitat. Encabeza la lista Pasqual Maragall (32%), le siguen Joaquim Nadal (7,8), Ernest Lluch (6,8) o Josep Borrell (5,8). Quizá por esta razón, Jordi Pujol afirmó que si algún socialista llegaba a la presidencia de la Generalitat ese sería Pasqual Maragall.

Uno de los informes más completos corresponde a un análisis de los resultados electorales de 1995. Se cruzan datos sobre nacionalismo, renta económica, situación social, lugar de procedencia, desplazamiento de voto, el peso de la inmigración, de las defunciones o la incorporación de jóvenes al voto.

Viajes y entrevistas

Pujol, a través del consejero de Presidencia, Xavier Trias, encargó estudios de todo tipo. Cada vez que el presidente catalán era entrevistado en televisión se contrataba una encuesta (TVE, TV-3 o Antena 3 en 1990) o cuando realizaba un viaje al extranjero (febrero de 1990 a Estados Unidos y en mayo a Japón). Los sondeos sobre estos viajes son de 3.364 entrevistas, algo inusual para este tipo de encuestas. También se pagó otro sondeo sobre la influencia del mensaje de fin de año de diciembre de 1990. Incluso, cuando el presidente realizaba alguna declaración polémica se encargaba un análisis. Este fue el caso de unas afirmaciones en enero de 1990 en las que reclamó un mayor grado de autonomía para Cataluña. Se realizaron 4.250 entrevistas en toda España sobre el grado de apoyo de Pujol en distintas comunidades autónomas.

Hay otro paquete de sondeos acerca de la estrategia de penetración del ideario nacionalista en la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, y especialmente en las áreas metropolitanas, de mayor población inmigrante. Por ejemplo, se preguntaba a la gente si asistía a ballades de sardanas, a exhibiciones castelleres o, por el contrario, acudían a la Feria de Abril de Santa Coloma de Gramenet.

Otros sondeos son, por ejemplo, sobre el caso Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, implicado en diversos casos de corrupción. Otro sobre la dimisión del consejero Josep Maria Cullell también por un escándalo de corrupción y las repercusiones que eso podría tener para el Gobierno catalán y el presidente Jordi Pujol.

En 1989 se contrató, asimismo, otra encuesta sobre la fusión de la Caixa de Barcelona y la Caixa de Pensions.