"La UE debe tener una política de inmigración ante los nuevos negreros"

Pese a que su mandato como comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa finaliza este mismo mes, la oficina de Álvaro Gil-Robles (Lisboa, 1944) en Estrasburgo (Francia) era el pasado viernes un hervidero. Ha exprimido sus seis años de mandato hasta el final. "Llegué aquí el 15 de octubre de 1999 y el 4 de diciembre ya estaba aterrizando en plena guerra de Chechenia", recuerda, ahora que acaba de volver de Grozni. "En este puesto, las buenas noticias son las menos, así que voy a intentar respirar un poco, ordenar mis notas y el 1 de abril, a la Complutense", señala.

Pregunta. Estamos viviendo una situación de emergencia nacional con la inmigración irregular. ¿La implicación de Europa es suficiente?

"No somos capaces aún en Europa de sentarnos en torno a una mesa, acordar criterios comunes sobre inmigración y aplicarlos"

"Que hoy no se mate me parece una buena noticia, pero me gustaría mucho más que ETA dijese ya que no volverá a matar nunca más"

Respuesta. El problema de la inmigración, sobre todo en el Mediterráneo, supera a los países implicados. No se puede dejar a países como España, Italia, Malta, Chipre solos ante el fenómeno de la inmigración. Y estoy recordando ahora mismo las conversaciones con los ministros de Interior de esos países. Todos decían lo mismo: es necesaria una política europea de inmigración. Que se trate el problema de la inmigración en el origen y que tengamos en la UE unos criterios comunes sobre a qué gente admitimos, con qué criterios devolvemos a los inmigrantes, con qué garantías, cómo aseguramos que el demandante real de asilo pueda pedirlo sin que sea expulsado antes de que se le escuche.

P. Va usted mucho más allá de lo que existe ahora mismo en política comunitaria.

R. Sí, pero es que tiene que acabar esta especie de sangría espantosa de las mafias que trafican con las personas, que prácticamente las tratan como ganado, que las meten en barcos sin garantías, sin importarles si van a llegar vivos o a ahogarse. Esta situación de nuevos traficantes negreros que existe en Europa sobre la base de explotar la miseria, la desesperación de esta gente. Eso no lo puede hacer España sola, ni Mauritania, ni Marruecos solos. Lo tiene que hacer una política europea.

P. Pero está en mantillas.

R. Está más que en mantillas. No somos capaces todavía en Europa de sentarnos alrededor de una mesa, acordar criterios comunes y aplicarlos.

P. ¿Y también trabajar en los países de origen?

R. Claro, no se trata sólo de aplicar criterios comunes de cómo vamos a devolver la gente, no. Si no, cómo vamos a intentar que esa gente no tenga que jugarse la vida para buscar un sitio donde pueda comer, sino que puedan trabajar en su país. A partir de ahí, la lucha contra las mafias internacionales y las cadenas de traficantes es esencial, sin olvidar la protección a la víctima de todo esto.

P. Queda pendiente un tema espinoso donde tampoco la UE ha tenido una voz común: las supuestas cárceles secretas de la CIA y los vuelos ilegales.

R. Hay tres investigaciones en marcha: la del secretario del Consejo de Europa, que ha escrito a todos los países pidiendo información; la del senador Dick Marty en nombre del Consejo y la de la Cámara europea.

P. ¿Y qué perspectivas hay ante el informe que va a presentar en abril Marty?

R. No lo sé, pero tengo mis dudas de que lo clarifiquemos. Lo fundamental es que para el futuro no suceda de nuevo esta duda de ahora, con un fundamento inquietante, de que en Europa haya podido haber centros clandestinos de detención o traslados ilegales en aviones sin control. Si de esto sacamos que es necesario un nuevo marco legal en Europa para que la inmunidad no se convierta en impunidad será un avance histórico.

P. El relator de la ONU ha exigido el cierre de Guantánamo y pide a la UE que presione.

R. Se ha conformado un movimiento de opinión, muy fuerte en EE UU, de que hay que cerrar Guantánamo. Nunca debió existir un lugar donde no hay ni ley ni se aplica derecho alguno, donde no sabemos lo que pasa.

P. Varios organismos internacionales, como el relator de la ONU o el Comité para la Prevención de la Tortura, han censurado la aplicación sistemática de la incomunicación a los detenidos, normalmente por delitos relacionados con el terrorismo.

R. La incomunicación no me crea ningún problema en un Estado de derecho en el que hay jueces, forenses, etcétera. La incomunicación no es la base del maltrato, aunque sí resta eficacia al derecho de defensa con abogados de confianza, pero cuanta menos incomunicación, mejor. La incomunicación es necesaria, tanto para la investigación de delitos relacionados con el terrorismo como para la delincuencia común, para asegurar que no desaparezcan pruebas, pero debe ser una excepción al sistema general y no convertirse en práctica habitual como ahora.

P. Vuelve a España cuando ETA lleva más de mil días sin cometer atentados mortales. El presidente Rodríguez Zapatero ha dicho que puede ser "el principio del fin".

R. La sociedad ha comprendido la calidad de vida que se puede tener sin esa amenaza y entiende que en democracia hay que vivir de una manera civilizada, sin el terror encima. A partir de ahí es cuando pueden surgir elementos de comprensión mutua mucho más fácilmente que con esa tremenda tensión de no saber si mañana van a atentar contra tu vida por ser periodista, concejal, parlamentario o empresario.

P. ¿Esos elementos de comprensión mutua pueden acelerar el proceso hacia la paz?

P. Que hoy no se mate me parece una buena noticia, pero me gustaría mucho más que ETA dijera ya que no volverá a matar nunca más. Que deje a los vascos decidir lo que quieren y que no introduzca el factor de las armas, que es distorsionante, destructor y espantoso.