La fiscalía argentina pide que no se deje salir del país a cuatro directivos de Suez

La fiscalía argentina pidió ayer que se impida la salida del país de cuatro directivos del grupo francés Suez, primer accionista de la distribuidora de Aguas Argentinas, participada también por la española Aguas de Barcelona (Agbar) y cuyo contrato acaba de ser rescindido por el Gobierno de Argentina. La prohibición de abandonar el país se reclama mientras se investiga la responsabilidad de Suez y sus directivos en la contaminación de aguas en el municipio de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El Defensor del Pueblo solicitó el embargo de los bienes de la compañía.

Agbar, controlada por Suez y La Caixa, afirmó que no cuenta con directivos propios en Aguas Argentinas y que la gestión está en manos de Suez. Agbar tiene un 25% del capital de su mayor filial argentina y el grupo de servicios francés, un 40%. Ambos habían anunciado el pasado septiembre su decisión de concluir el contrato y abandonar el país.

El martes, el presidente del país, Néstor Kirchner, rescindió el contrato por el que Aguas Argentinas gestionaba el suministro de agua y alcantarillado a 11 millones de personas en la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Y, ayer, su Gobierno reiteró sus acusaciones, centrándolas en Suez. "En Francia no puede haber más de 45 miligramos por litro de nitratos en la red. Pero en Lomas de Zamora se encontraron más de 73 y casi 145 en las perforaciones", dijo el ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández. Y exigió a Suez "explicaciones responsables". Además, acusaba a la empresa de no haber cumplido compromisos de alcantarillado.

Poco antes, el fiscal Carlos Daneri había solicitado que se impidiera la salida de Argentina al director general de Aguas Argentinas, Jean Bernard Lemire, y a los directivos Alain Chaigneau, Carlos De Royere y Conrado Bianchi.

Penas de 10 años

El fiscal ha atendido la demanda del alcalde de la localidad bonaerense ante un juez tras escuchar las razones por las que el Gobierno rescindía el contrato: los directivos están acusados de un delito tipificado que castiga con penas de 3 a 10 años de prisión a los responsables de "envenenar o adulterar" el agua para el consumo público. En la documentación enviada al juez se afirma que la cantidad de sustancias perjudiciales encontradas en el agua supera en un 20% las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En paralelo, el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, pidió el embargo de los bienes de Aguas Argentinas y que se congelen los fondos de que disponga, ya sea en pesos argentinos, otra moneda o bonos.

La medida se produce tras pedir el Gobierno francés el miércoles al argentino que garantice las "medidas adecuadas" para que Suez pueda abandonar el país en "condiciones satisfactorias". París insistió en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Argentina, un aspecto ante el cual Kirchner siempre se ha mostrado susceptible. Asegura que esas condiciones ya se dan.

Algunos miembros de su Gabinete fueron ayer más lejos y, con lenguaje poco diplomático, criticaron la situación de ganancias de las empresas extranjeras. Y el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, señaló que la gestión de Suez, que hasta febrero estuvo presente en su provincia, ha sido "ineficiente, insensible, inservible e inútil". El mismo Kirchner decidió volver a intervenir en la polémica y reiteró la tesis de que el servicio de Aguas Argentinas perjudicaba a derechos fundamentales del consumidor. "No estoy dispuesto a que queden millones de argentinos sin agua como si fuera un bien inalcanzable".

Ahora, las instalaciones y la plantilla de Aguas Argentinas han sido convertidas por decreto en Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), propiedad del Estado argentino en un 90% y con el 10% en manos de los sindicatos, una medida que ha levantado una fuerte polémica. Los nuevos gestores -entre ellos, el sindicalista José Luis Lingeri, presidente del sindicato de Obras Sanitarias- han asegurado a los trabajadores que "todo va a seguir igual". Sobre la intención de la empresa argentina de realizar "un proceso de transferencia en forma ordenada que garantice el servicio" insistió ayer Agbar en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En el texto afirma que la situación de Aguas Argentinas "no afectará" a sus estados financieros, consolidados por las provisiones (216 millones de euros) realizadas en 2002 para cubrir las garantías que pudieran reclamársele por sus operaciones en el país. Agbar, que reclama con Suez 1.400 millones ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por los perjuicios tras la crisis argentina, situó en valor cero sus activos en Argentina.