Un envenenamiento masivo causado por la codicia

El 27 de abril de 1981 fallecía en Torrejón de Ardoz (Madrid) Jaime Vaquero García, de ocho años, afectado por una enfermedad a la que llamaban "neumonía atípica". Cuatro días después, el 1 de mayo, ya se hablaba de epidemia y una semana más tarde seis personas habían muerto y otras 150 estaban enfermas sólo en la provincia de Madrid. Ese verano y en los meses siguientes fallecieron más de 600 personas en medio de grandes padecimientos. Alrededor de 25.000 resultaron afectadas en una veintena de provincias (las cifras oficiales, sin embargo, rebajan el número de fallecidos a 346 y el número de afectados a 18.500).

En los momentos iniciales, el ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, de la Unión de Centro Democrático (UCD), atribuyó el mal a "un bichito" que "si se caía se mataba". Pero la causa de la enfermedad, que al poco tiempo era conocida como "síndrome tóxico", no era un bichito, sino, como se demostró después, la codicia humana. Aceiteros sin escrúpulos habían desviado al consumo humano aceite de colza desnaturalizado con anilinas para uso industrial. El aceite de colza, que los aceiteros vendían como si fuera de oliva o de girasol, mucho más caros, era sometido a un tratamiento para intentar eliminar el desnaturalizante. En el proceso se generaban anilidas de ácidos grasos que convertían el aceite en un tóxico que envenenaba los músculos y acababa causando la muerte.

Seis años después del inicio de la intoxicación, el 30 de marzo de 1987, se inició en la Audiencia Nacional el juicio contra 38 empresarios del aceite que fueron acusados del envenenamiento masivo.

Sin embargo, sus abogados defensores, apoyados en los dictámenes del inefable doctor Antonio Muro, sostuvieron que el origen de la enfermedad eran tomates cultivados en Almería que habían sido tratados con pesticidas. Aunque según fue avanzando el proceso judicial esa tesis fue evolucionando. Los causantes seguían siendo los tomates, pero el envenenamiento masivo ya no era accidental, sino intencionado, con la finalidad de encubrir un accidente de guerra química, supuestamente ocurrido a finales de 1980 en la base militar que el Ejército de Estados Unidos tenía en Torrejón de Ardoz. La citada tesis sostenía que los americanos estaban haciendo experimentos con armas químicas que luego serían utilizadas en la guerra Irán-Irak. Un abogado listo, al que luego se sumaron varios más, recordó que el primer fallecido había sido un niño de Torrejón de Ardoz, por lo que la base militar estaba en el origen del envenenamiento. La tesis era golosa puesto que, además de exculpar a los aceiteros, ofrecía a las víctimas un culpable con dinero para pagar las cuantiosísimas indemnizaciones y a la opinión pública, un responsable que se veía en aquel momento -gobernaba el PSOE con mayoría absoluta- más como un colonizador que como un aliado.

Las pruebas periciales fueron demoledoras. No había afectados por ingestión de tomates y los del aceite eran legión. La inmensa mayoría de los investigadores españoles sostenía que la causa era el aceite, pero sólo tras la intervención de sir Richard Doll, catedrático de Oxford, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y candidato al Premio Nobel de Medicina por haber descubierto la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer, se concluyó que el aceite adulterado fue el causante del síndrome tóxico.

El profesor Doll estudió los casos de los conventos, comunidades cerradas en las que todos los integrantes, afectados y sanos, habían comido los mismos alimentos, y también los casos periféricos (personas afectadas en lugares donde teóricamente no se había distribuido el aceite) y tardíos (afectados que enfermaron tiempo después de que hubiera parado la epidemia).

El juicio duró un año y tres meses, hasta el 28 de junio de 1988. Cinco días por semana con sesiones de mañana y tarde. Declararon 1.086 testigos y expusieron sus dictámenes 180 peritos.

El ponente, el magistrado Siro García, tardó todavía casi un año más en redactar la sentencia. El 20 de mayo de 1989, 13 de los 38 aceiteros acusados fueron condenados por delito contra la salud pública a penas que oscilaban entre los seis meses de arresto y los 20 años de prisión. El tribunal fijó además elevadas indemnizaciones para las víctimas que los empresarios condenados no podían pagar porque se declararon insolventes.

El Supremo, el 23 de abril de 1992, amplió las condenas y elevó las penas de algunos de los aceiteros hasta los 80 años de prisión. Pero como los condenados no tenían dinero para afrontar el pago de las indemnizaciones, los abogados de las víctimas exigieron responsabilidades a la Administración por supuestas negligencias de sus funcionarios. El 9 de octubre de 1995 se inició el denominado "juicio de los altos cargos" que concluyó en febrero del año siguiente con la condena simbólica de un funcionario para que el Estado se hiciera cargo de las indemnizaciones. Sin embargo, la condena definitiva no llegó hasta el 26 de septiembre de 1997, ¡más de 16 años después del inicio del envenenamiento masivo! El Supremo condenó a dos funcionarios por imprudencia temeraria a seis meses y un día de prisión y al Estado, como responsable civil subsidiario, a pagar la totalidad de las indemnizaciones.

Hasta el momento, el Estado ha abonado 2.374.943.831 euros a las víctimas y todavía quedan 36 expedientes por concluir y unas 300 personas con derecho a cobrar indemnización que no han presentado su reclamación.