España exige a Morales que negocie con "lealtad" el futuro de Repsol en Bolivia

Los Gobiernos de España y Bolivia negociarán sobre la situación de la petrolera Repsol-YPF, que dispone de seis meses para acordar con el Ejecutivo de Evo Morales un nuevo contrato que establezca las condiciones de su presencia en Bolivia. El secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, subrayó después de reunirse ayer en la capital boliviana con Morales que "aún es pronto para saber si las empresas nacionalizadas se quedarán o no", pero expresó su confianza en que se produzca una negociación "con confianza y lealtad" entre ambos Gobiernos.

León llegó en la madrugada de ayer a La Paz desde Madrid. Apenas horas antes, Evo Morales había aterrizado en la capital boliviana procedente de la reunión celebrada en la localidad argentina de Puerto Iguazú con sus homólogos de Argentina, Brasil y Venezuela. Por tanto, la reunión con el representante español era la última de las que el presidente boliviano mantenía con los principales países afectados por la expropiación de hidrocarburos decretada el pasado lunes. A la entrevista, celebrada en el Palacio de Gobierno de La Paz, acudieron los máximos representantes del Ejecutivo andino. Además de Morales, participó el vicepresidente Álvaro García Linera; el ministro de Exteriores, David Choquehuanca; el de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, y el de Planificación, Carlos Villegas.

"El Gobierno boliviano ha sido claro cuando ha dicho que a Bolivia le interesa tener socios", destacó el secretario de Estado de Exteriores español, quien añadió que las empresas quieren "sentirse partícipes de ese proceso y convertirse en verdaderos socios". Acto seguido, León recalcó que el proceso que se abre en Bolivia debe ser "verdaderamente bilateral", de manera que en el nuevo sistema de asociación que surge tras la nacionalización "todos se sientan representados". León añadió que España cree que son compatibles las nuevas reglas del juego marcadas por Bolivia con la intención de las empresas de ser socios del Estado boliviano, y consideró superado el momento en que el Ejército boliviano tomó las instalaciones petroleras. "Ahora se trata de que no se prejuzgue negativamente la labor de las empresas".

León -quien en varias ocasiones señaló que no sabe cómo será el final del diálogo- no especificó cuál será el mecanismo negociador entre La Paz y Madrid, aunque adelantó que las conversaciones se harán a dos niveles diferentes: entre Gobiernos y entre Repsol-YPF y el Gobierno boliviano. No está prevista la creación de una comisión mixta que supervise la marcha del diálogo, ya que "el marco general es suficiente y el seguimiento se está haciendo al más alto nivel".

Desde el lado boliviano, el vicepresidente García Linera reiteró que la nacionalización de los hidrocarburos "es una decisión soberana e irreversible" que establece un nuevo marco de relaciones con las inversiones extranjeras. Linera explicó que las nuevas condiciones que se impondrán en Bolivia girarán en torno a tres puntos: reglas estables y duraderas, seguridad jurídica y un escenario de rentabilidad para los inversores extranjeros.

En este marco, el Gobierno boliviano anunció que una vez que se negocien por separado todos los contratos con las diferentes empresas extranjeras se procederá a someterlos, también por separado, a la ratificación del Congreso, de forma que adquieran rango de ley y den seguridad a los inversores. García Linera explicó además que en la renegociación de los contratos se emplearán auditorías y estudios técnicos, tanto del Gobierno como de las empresas, y que se tomará como base del canon mínimo la actual Ley de Hidrocarburos, que establece una relación de beneficios de mitad y mitad entre el Estado y las empresas. "De ahí para arriba o de que se quede en el 50/50 dependerá del consenso que se haga de los informes técnicos, de las auditorías que hagan ambos. Por tanto, hay un principio de autoridad y un principio de negociación con unas reglas muy claras que no creo que sean abusivas", añadió Linera.

Esta ronda de conversaciones ha supuesto un éxito para Morales, quien se ha visto respaldado, al menos en público, por los Gobiernos afectados por las expropiaciones. A cambio, esta postura está creando ya problemas, especialmente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha sido atacado duramente por la prensa y la oposición de su país, que consideran demasiado blanda su reacción ante Morales.