El juez deja en libertad con cargos de cohecho y blanqueo a cinco empresarios

El juez Miguel Ángel Torres dejó ayer en libertad con cargos a los cinco primeros empresarios de los 13 detenidos en la segunda fase de la Operación Malaya a los que tomó declaración. Al constructor abulense Enrique Ventero le impuso una fianza de 300.000 euros, y de 30.000 euros al promotor malagueño Cristóbal Peñarroya, ambos acusados de presunto cohecho. En libertad sin fianza, pero imputado por cohecho, salió Francisco Aranda, así como los supuestos testaferros del cerebro de la trama, los hermanos Ignacio y Manuel Ignacio Gutiérrez Sánchez-Dalp, imputados de un delito de blanqueo.

Sobre las diez de la noche, aún estaban pendientes de declarar ante el juez el empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez, uno de los promotores más populares en Andalucía, y el madrileño Fidel San Román, empresario de la madrileña plaza de toros de Las Ventas.

Enrique Ventero es propietario, entre otras sociedades, de la promotora Vemusa, que dispone de varias parcelas de terrenos en Marbella y otros municipios de la Costa del Sol. Junto al malagueño Cristóbal Peñarroya está imputado de un presunto delito de cohecho.

A la salida de los juzgados, Peñarroya negó haber pagado nunca una comisión ni a Juan Antonio Roca ni a ningún otro responsable del Ayuntamiento de Marbella. "Me imputan cohecho porque hay una nota que dice Cristóbal Peñarroya, 35.500 euros, pero yo me pregunto por quién está firmada, y no está firmada por nadie", dijo. El promotor, entre otras, de la urbanización La Reserva de Marbella, explicó a los periodistas congregados ante la sede judicial marbellí -fue el único de los detenidos que hizo declaraciones- que el juez no le enseñó el documento, por lo que no pudo precisar quién había escrito la nota ni en qué soporte.

"Yo no lo he hecho, le ha dado hasta mi palabra de hombre al señor juez instructor, pero él no me ha creído", insistió. Peñarroya, que fue condenado a seis meses de prisión por fraude fiscal en el caso Intelhorce, se quejó de haber tenido que pasar cuatro días en los calabozos de la comisaría provincial de Málaga, aunque aseguró que el trato recibido por la policía ha sido "sobresaliente". "He cambiado en estos días que he estado con ellos", dijo.

Dos de los otros tres empresarios puestos en libertad, los ganaderos sevillanos Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp, están imputados en la causa por su vinculación con la red de sociedades tejida por el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Mientras que a Francisco Aranda le imputa un presunto delito de cohecho. A los hermanos González, el juez les imputa un presunto delito de blanqueo de dinero, pues supone que actúan como testaferros de Roca en sociedades en las que éste tiene distraído el enorme patrimonio que atesoró durante los 13 años en los que ha estado al frente de la planificación urbanística del Ayuntamiento de Marbella.

El juez, que en los dos últimos días ha encarcelado a siete ex concejales marbellíes acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho, tiene hoy previsto concluir los interrogatorios a los 30 detenidos el martes en la segunda fase de la Operación Malaya. Hoy comparecerán los constructores José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Gonzalo Fernández, y el director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón.