Condena de 50 años de cárcel para los asesinos de Miguel Ángel Blanco

La Audiencia Nacional ha condenado a 50 años de cárcel al etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y a su compañera, Irantzu Gallastegi, Amaia, por el secuestro y asesinato en 1997 del edil del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. La sentencia justifica la imposición de la pena máxima por la extrema gravedad de los hechos y la "conducta de absoluta indiferencia y desprecio [de los etarras] no sólo hacia el tribunal, sino hacia los familiares de la víctima".

"Resulta difícil pensar en una forma de causar la muerte más alevosa que la ocasionada a una víctima que tras más de 24 horas de doloroso cautiverio, se encuentra de espaldas, sujeta por uno de los miembros del comando, con las manos atadas, y a la que se le propinan dos disparos de arma en la cabeza". Con esta crudeza se explica el porqué de la pena máxima de 50 años de cárcel a los asesinos del edil del Partido Popular de Ermua Miguel Ángel Blanco el 12 de julio de 1997.

Los miembros del comando Donosti, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y su compañera, Irantzu Gallastegi, Amaia, tampoco podrán acercarse al lugar donde residen los familiares ni "acudir a la localidad de Ermua (Vizcaya) durante un periodo de cinco años a contar desde su excarcelación momentánea o definitiva", según explicita la sentencia. Además, tendrán que pagar una indemnización conjunta de 500.000 euros a los padres de Miguel Ángel Blanco en concepto de responsabilidad civil.

Tras conocer la sentencia, la hermana del edil popular, Marimar Blanco, transmitió que todos los familiares y amigos de su hermano están contentos porque después de nueve años "se ha hecho justicia". Y manifestó su deseo de que cumplan "el mayor número posible de años en la cárcel porque", según explicó, "eso ayuda muchísimo a sobrellevar este tremendo dolor".

Repulsa de la sociedad

Blanco fue secuestrado cuando salía del tren para ir a su trabajo el 10 de julio de 1997 y retenido hasta primera hora del 12 de julio. En ese tiempo, ETA transmitió a través de un comunicado su intención de ejecutar al edil, de 29 años, si no se cumplían sus exigencias; la sociedad española se volcó en manifestaciones de repulsa ante el chantaje de los terroristas llenando las calles de manos blancas.

La Audiencia Nacional ha condenado a los que cumplieron la amenaza de los terroristas, Txapote y Amaia, y ha señalado que Miguel Ángel Blanco fue el "instrumento de una exigencia dirigida al Gobierno de la nación, a través del chantaje y la extorsión como medios para alcanzar sus objetivos", se explica en la sentencia. Esos objetivos no eran otros que el secuestro de un concejal del PP, siguiendo las directrices de la banda terrorista ETA, a la que pertenecen "para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco".

El tribunal tuvo en cuenta también la tortura infligida a Blanco: "Es perfectamente imaginable el sufrimiento padecido por la víctima durante el cautiverio, conociendo, como seguramente conocía, el breve plazo dado para su ejecución, y las exigencias absolutamente inasumibles que la organización terrorista había impuesto para su liberación, la cual, por otro lado, era ajena a la voluntad de la víctima o de su círculo más cercano". Y señala que la acción "vil y cruel" se llevó a cabo "con el más absoluto desprecio al derecho a la vida y al sistema constitucional".

El silencio de los acusados, una actitud "típica en los miembros de ETA", fue tomada por el tribunal como "un elemento de corroboración de su pertenencia a la banda y de su participación en los hechos", ya que "no hay explicación posible capaz de desvirtuar el abundante acervo probatorio de carácter incriminatorio".

La sentencia también justifica que se impongan las condenas más elevadas por los delitos de secuestro terrorista (20 años) y de asesinato terrorista (30 años) en el hecho de que Ibón Muñoa, ex concejal de Herri Batasuna en Eibar, que fue juzgado por los mismos hechos como cómplice, fuera condenado a las penas más graves.