La fiscal de Cádiz atribuye a la saturación judicial la retirada de denuncias por malos tratos

Un total de 16 victimas de malos tratos han retirado su denuncia en la provincia de Cádiz en los primeros nueve meses del año. Es un 31% más que en 2005. Un dato que preocupa especialmente a la fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer de Cádiz, Lorena Montero, quien atribuye a la "saturación" de los juzgados gaditanos una dilación en los procesos que aumenta el riesgo de que las víctimas, presionadas por sus agresores, puedan retractarse. "El agresor tiene un poder muy fuerte. Si les damos tiempo, provoca que ella se vea imbuida a retirar la denuncia", alertó.

Ayer pasaba a disposición judicial el autor confeso de la muerte de la, hasta ahora, última víctima de la violencia de género en Andalucía, la profesora de Puente Tablas (Jaén) que murió estrangulada con 29 años. Es la víctima número 58 en España, a tan sólo cuatro de superar el total registrado el año pasado.

Para la fiscal, uno de los retos todavía pendientes de la Justicia es ofrecerles a las víctimas la mejor atención después de que den el paso de denunciar el maltrato que han recibido. Algo que, reconoce, todavía no se ha conseguido. "Es necesaria la creación de juzgados independientes. No se puede estar atendiendo a la violencia de género como es debido mientras se comparten materias como denuncias por circulación o hurtos en supermercados", explica.

A eso se une la "saturación" que padecen las sedes judiciales de la provincia de Cádiz. "La ralentización de los procesos provoca que corramos el riesgo de que la víctima pueda retirar la denuncia en el juzgado de instrucción o durante el propio juicio", afirma. Los datos así lo muestran. De un año para otro la cifra de víctimas que se han retractado ha aumentado. De 11, en 2005, a 16 en este año, sin contar con aquéllas que retiran los cargos una vez iniciada ya la vista oral. "No es que en el 2006 haya un mayor retraso en los procedimientos, lo que significa es que se ha producido una saturación en los juzgados que hay en la provincia", lamenta.

Para Montero, existen varios factores que llevan a la víctima a retirar los cargos. Domina el miedo pero también el poder de envolvimiento del agresor sobre su víctima, que se siente dominada. Una persuasión que se ve favorecida por cualquier dilación en el proceso. Para evitarlo, la fiscal reclama la creación de juzgados especializados. "En Cádiz, se están detectando muchísimos problemas. La no existencia de órganos independientes provoca numerosas disfunciones. Se comparen tareas y eso provoca que la mujer maltratada no sea tan bien atendida como nos gustaría a los jueces y fiscales", detalla.

Falta de celeridad

La falta de celeridad también favorece que las víctimas de violencia de género se puedan acoger a la dispensa del artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal, que permite que un familiar de un acusado no tenga que declarar para no perjudicar a su pariente. "Nos está pasando que, cuando la maltratada es la esposa del denunciante, la víctima se acoge a este precepto y pone de manifiesto su deseo de no declarar contra su pareja, lo que provoca en múltiples ocasiones, ante la ausencia de otras pruebas, la absolución del imputado".

Los datos que maneja la Fiscalía alertan también de un incremento de procedimientos incoados por quebrantamiento de medidas cautelares. Un total de 162 en lo que va de año. Con esta cifra, se supera en 61 los casos registrados en todo 2005. "Es muy difícil evitar el quebrantamiento de los alejamientos. Hay que tener en cuenta que estamos ante personas muy pertinaces, que persiguen a la víctima allí donde se encuentran, con un poder muy fuerte sobre ella por miedo o por lazos afectivos", explica la fiscal. Además alerta de que muchas veces son las propias víctimas las que consienten ese quebrantamiento de las medidas cautelares.

La provincia de Cádiz contará en breve con un juzgado especializado en Algeciras para esta materia. "Estamos muy ilusionados porque llega para una zona necesitaba de un refuerzo de las medidas contra los malos tratos", argumentó Montero, quien, con todo, reclamó que este proyecto conlleve también la llegada de nuevos fiscales.

"Si la creación de juzgados no lleva aparejados mayor personal, estaríamos favoreciendo la aparición de deficiencias", advirtió. La brigada de la policía judicial en Cádiz atendió hasta septiembre de este año 183 denuncias por malos tratos en el ámbito familiar, frente a las 157 del mismo período de 2005, año en el que entraron en vigor las medidas penales de la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el Gobierno. El 92% de las sentencias que ha habido sobre estos delitos ha acabado en condena para el agresor.