Ibarretxe recurrirá al Constitucional para frenar la causa por reunirse con Batasuna

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional al entender que la decisión del Superior vasco de abrir una causa penal por desobediencia por su reunión con tres dirigentes de la ilegalizada Batasuna en abril pasado vulnera derechos fundamentales. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, anunció ayer que movilizará a sus bases contra este "disparate" que considera más "político" que judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido "prudencia y racionalidad en las descalificaciones" y respeto al trabajo de los jueces.

La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, explicará hoy en San Sebastián los pormenores de una iniciativa ante el Constitucional que, según expertos constitucionalistas consultados por este periódico, tiene difícil tramitación. El recurso en amparo ante el Alto Tribunal planteará que la admisión de la querella por la Sala Civil y Penal del Superior vulnera varios de los derechos fundamentales que le asisten a Ibarretxe. Entre ellos, presumiblemente, el derecho a la tutela judicial efectiva, al tiempo que se considera que se ha limitado su derecho de participación política.

De hecho, el pasado martes el Consejo de Gobierno manifestó en una declaración institucional en relación con esta causa penal que la decisión del Superior vasco "atenta directamente contra la división de poderes". "Los derechos fundamentales del lehendakari para ejercer su acción política están rotos y en suspenso", añadía una declaración leída por la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia.

La defensa de Ibarretxe, al igual que el Ejecutivo vasco, considera que no hay argumentos jurídicos para avalar la tramitación de este asunto penal contra el lehendakari. Para reforzar su tesis se apunta un precedente en el que el Tribunal Supremo ya ha determinado que no hay delito por reunirse, no ya con representantes de una formación ilegalizada como Batasuna, sino con dirigentes de la propia organización terrorista ETA. Se trata de la cita mantenida por el líder de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en Perpignan (Francia) en enero de 2004. Varias asociaciones llevaron a los tribunales a Carod, al que acusaban de los delitos de encubrimiento o de colaboración con ETA. El Supremo consideró en septiembre de ese año que la actuación del dirigente republicano catalán no era susceptible de incardinarse en los tipos delictivos de encubrimiento o colaboración con banda armada, "ni en ningún otro", según llegaba a precisar en el auto por el que se archivaron las querellas.

Pero la apertura de una causa penal contra el lehendakari no discurre sólo por el terreno judicial. A la espera de que el magistrado instructor del caso, Roberto Sáiz, llame a declarar a los tres dirigentes de la ilegalizada Batasuna (Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena) a los que se investiga, junto a Ibarretxe, como presuntos autores de un delito de desobediencia, el PNV ya ha anunciado que movilizará a la sociedad para protestar por este "disparate".

"Sala política"

El líder peneuvista, Josu Jon Imaz, en una entrevista en TVE, cargó contra los jueces de la Sala Civil y Penal, presidida por el máximo responsable del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, a la que calificó de "Sala política". Agregó que sus miembros fueron "nombrados a iniciativa del Partido Popular" y que han adoptado una "decisión política", sin base jurídica alguna.

Ruiz Piñeiro evitó ayer responder al pronunciamiento de la víspera del Consejo de Gobierno en el que se acusaba al Superior de haber generado "un conflicto institucional de la máxima gravedad" y se afirmaba con rotundidad que "no va a resultar gratuito encausar al lehendakari". El presidente del Superior pidió al Ejecutivo autonómico que "aclare qué significa esa expresión de que no va a salir gratis encausar al lehendakari".

Fuentes cercanas a Piñeiro indicaron ayer a este periódico que el presidente no tiene intención de pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial por las críticas vertidas desde el Ejecutivo vasco o desde determinados partidos, y que tampoco va a proponer que la Sala de Gobierno del Superior trate este asunto en su próxima reunión. "Ya está todo dicho; ahora toca dejar trabajar a los jueces", indican las mismas fuentes.

De alguna manera, es la misma petición que hizo ayer el portavoz del Poder Judicial, Enrique López, quien exigió respeto para los jueces e hizo un llamamiento "a la prudencia y a la racionalidad" a la hora de expresar las críticas a sus pronunciamientos. El PP vasco registró una pregunta parlamentaria dirigida a la vicelehendakari en la que le pide que concrete las medidas que anunció el Gobierno el martes. Para los populares, el contenido de la declaración del Ejecutivo supone una "amenaza" y una "grave injerencia" en la independencia judicial, una tesis en la que coincidió con la APM.