Autostrade y Abertis acordarán hoy abandonar su actual proyecto de fusión

Autostrade y Abertis meterán previsiblemente hoy en el congelador la gran fusión de las autopistas, salvo un vuelco de última hora que fuentes empresariales consideraban ayer altamente improbable. Ambas empresas constatarán que no es posible llevar a cabo el actual proyecto, tal y como fue acordado el pasado abril, debido al "entorno político e institucional". Pero, formalmente, no habrá un abandono definitivo. Las empresas continúan creyendo en las bondades de su integración y están abiertas a retomarla en el futuro, una vez se clarifiquen el marco legal que regula las concesiones de autopistas en Italia y las consecuencias de la presión de Bruselas sobre el Gobierno italiano y sus obstáculos a la operación.

El grupo español, controlado por ACS y La Caixa, insistió ayer en que "hasta el final, no cabe descartar ninguna posibilidad". Pero, al mismo tiempo, Abertis admitió también que la presencia en Roma de su consejero delegado, Salvador Alemany, desde el pasado lunes, se debe más a la preparación de las reuniones clave previstas para hoy que a un intento desesperado e in extremis de protagonizar gestiones ante el Gobierno italiano con la esperanza de que se desactiven los obstáculos a la fusión.

En España, el comité ejecutivo de Abertis se reunirá esta mañana, en paralelo al encuentro que, en Italia, se celebrará por parte del consejo de administración de Autostrade. Este consejo irá seguido de una junta de accionistas de la compañía italiana. Dicha junta había sido convocada para aprobar un dividendo extraordinario para los accionistas de Autostrade pactado con Abertis cuando se anunció la fusión.

El canje de la operación se estableció en 1,05 acciones de Abertis por 1 de Autostrade, pero, para que el intercambio accionarial se realizara en situación de equilibrio, se acordó también que, previamente, los accionistas del grupo italiano percibirían 3,75 euros por cada uno de sus títulos.

Pero el pago de este dividendo sólo estaba concebido con fusión, y las dos compañías implicadas preparaban ayer una explicación ante sus accionistas con la idea de condicionar el pago a que pueda retomarse el proyecto.

"Parada parcial"

El presidente de Autostrade, Gian Maria Gross-Pietro, dio el pasado fin de semana por inevitable una retirada de la operación "si no llega la autorización del Gobierno o la entidad que gestiona las concesionarias de autopistas (ANAS) no retira su parecer negativo" antes de mañana miércoles. Antes de la junta.

En una reunión informal con prensa celebrada ayer en Barcelona, el director general de Gestión Corporativa de Abertis, José Martínez-Vila, verbalizó la posibilidad de "una parada parcial" de la fusión, expresión que ningún directivo había barajado hasta ahora en público. Martínez-Vila insistió en que en ningún momento se "abandona" la operación, en la que la empresa "continúa creyendo", y en que se confía siempre en poder retomar la operación una vez esté claro el nuevo marco normativo que regula las concesiones en Italia.

Pero, si llegara a retomarse el proyecto, acordado hace ocho meses de forma amistosa, el contador de la negociación debería ponerse a cero: las empresas implicadas sostienen que el nuevo marco legal italiano altera la valoración y el canje de la fusión.

Este nuevo marco normativo al que aludía Martínez-Vila es el que -tras el veto inicial del Gobierno italiano a la fusión del pasado agosto, aparentemente solventado- ha sido encajado por Autostrade y por Abertis como una barrera a su integración amistosa. Dicho marco, resumido en el artículo 12 de un decreto de urgencia tramitado junto a la ley de presupuestos italiana, deriva en una renegociación de las concesiones de autopistas, contempla la retirada de la concesión si no hay acuerdo entre la empresa y el Gobierno italiano e introduce cambios en el sistema tarifario que alteran -según las empresas y los analistas, a la baja, aunque aseguran que el impacto es aún imposible de calcular- la previsión de ingresos de Autostrade, la rentabilidad futura de la empresa, su valoración y, en definitiva, la fusión.

Estos factores de "incertidumbre" fueron valorados por la Comisión Europea para abrir un procedimiento de infracción contra Italia, que sigue su curso. Bruselas ha pedido más información al Gobierno italiano sobre el nuevo sistema tarifario y ha dado dos meses a Roma para que dé una respuesta.